sábado 28, enero 2023
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Periodista italiano expulsado por ‘anarquista’ duda sobre democracia en Chile

Santiago, 11 feb (Sputnik). – El Gobierno de Chile expulsó del país, sin derecho a réplicas, a un ciudadano italiano becado por la Unión Europea (UE) por documentar diversas huelgas de trabajadores sudamericanos, lo que «hace dudar de la plena democracia en Chile», señaló el viernes a Sputnik Nóvosti el mismo periodista repatriado Lorenzo Spairani, desde Roma.

«El 3 de febrero llegó la policía a mi departamento, en el centro de Santiago, donde me entregaron un decreto de expulsión, que decía que yo había sido detectado participando de actividades antisistémicas», asegura el profesional que residía desde octubre pasado en la capital sudamericana.

Spairani, que colaboraba en una organización sindical, como parte de un programa estudiantil, cree que sus vídeos no representan actos disidentes y le sorprende que las autoridades hayan utilizado un decreto instaurado en dictadura para sacarlo del país.

Según esta ley de extranjería, aprobada en la dictadura de Augusto Pinochet en 1975 y aún vigente, la permanencia del italiano de 32 años en la nación es «un peligro para el Estado», por su vinculación con la «escena anarcoliberal», de acuerdo con el informe emitido por la Policía de Investigaciones (PDI) y firmado el 19 de enero por el intendente de Santiago, Claudio Orrego.

«Es una ley injusta, que hace parecer que Chile no está en democracia; no tienen miedo de usarla y debería darles vergüenza», aseguró Spairani.

Tras el visto bueno del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dos funcionarios de la PDI allanaron la casa del periodista «con desmedida violencia», rompiendo la puerta «a golpes y pies», como indica en su declaración judicial, para después dejarlo una noche en una «cárcel para inmigrantes» y finalmente, escoltarlo en un vuelo hasta Roma.

«Mi tarea consistía en registrar en una cámara de vídeo las actividades sindicales, para luego editar lo que era mi producto final», asevera el también economista en el testimonio recopilado por su representante legal en Chile, Margarita Peña.

El excolaborador del periódico italiano Corriere dello Sport, manifiesta que aún desconoce el documento policial que lo relaciona con el anarquismo, además de los hechos que se le inculpan y motivaron este «urgente» exilio.

‘INFILTRADO’ EN LOS SINDICATOS CHILENOS

Spairani arribó a Chile a finales de octubre para apoyar en las comunicaciones de un sindicato como parte de su tesis ‘Vídeo e investigación sobre nuevos medios e instrumentos para la inclusión social y una ciudadanía activa’, en el marco de un programa estudiantil de la región italiana Lacio (centro), costeado con fondos de la UE.

Gracias a su experiencia en huelgas o temas de corrupción, que documentó en su país de origen, el comunicador se adjudicó la beca que la Comunidad entrega a las zonas «más atrasadas económicamente», para potenciar el desarrollo de sus habitantes.

De tal manera, se uniría por seis meses a la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores del Servicio Nacional de Menores (Armetrase), a quienes había contactado en mayo pasado, para asistir en el sitio web y grabar sus actividades, exhibidas en un canal de YouTube.

En su estadía conoció a otros dirigentes y se interesó por diversos conflictos sociales, además de participar en manifestaciones en apoyo a la causa mapuche o en contra del sistema de pensiones, entre otras.

«Yo creo que existe nerviosismo desde el Estado, por todas las protestas y manifestaciones; puede que tengan un poco de miedo», enfatiza, sorprendido por «la fuerza con la que lucha el pueblo mapuche» y su «resistencia ante la represión».

DEFENSA Y ACUSACIONES

En Armetrase aseguran que la divergencia atribuida a Lorenzo «no se puede entender por ningún sentido», ya que siempre se mostró «muy pacífico».

De acuerdo a los testimonios recogidos por el medio local El Ciudadano, la decisión del Gobierno fue «sumamente arbitraria, de un régimen de la dictadura aún», dice René Sáez, secretario general de la gremial.

En esa línea, el abogado de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, Rodolfo Noriega, presentó esta semana una acción judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del Ejecutivo y la Policía, por esta gestión «ilegal» que perjudicó a Spairani.

«Se impuso una postura de orden macartista, donde se le atribuye a la migración y al proceso migratorio temas de delitos y seguridad pública», expresó el jurista peruano a esta agencia.

El defensor invalida la resolución de la Intendencia, porque «no especifica por qué (Spairani) es un peligro para el Estado, cuáles son los actos contrarios a los intereses de Chile o actividades antisistémicas en las que participó», aseveró.

Asimismo, advierte que «pasar a llevar el derecho a manifestarse pacíficamente», propio de una organización de trabajadores, sería «atentar contra la libertad sindical reconocida en la Constitución».

«El discurso público protege y promueve los derechos fundamentales de los migrantes, pero en la práctica a la migración se le criminaliza y se le tilda de peligrosa», denunció.

Por su parte, el Gobierno alega en la Corte que su decisión cumple con la normativa jurídica vigente y que no coarta «la libertad ambulatoria o de desplazamiento» del afectado, amparándose en la Constitución y los tratados internacionales referidos a la migración.

A través de un escrito acusan que Spairani «nunca dio cuenta de su profesión o actividades en el país, ingresando en calidad de turista» y que no habría solicitado autorización para ejercer como becado, «lo que equivale a una infracción a la normativa». (Sputnik)

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