Madrid, 9 mar (EFE).- Las denuncias cruzadas sobre la presunta financiación irregular del gobernante Partido Popular y el uso partidista de las instituciones, un fenómeno recurrente en el sistema democrático de España, han vuelto a tensar la vida pública en este país.
Hoy quedó constituida una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para delimitar la responsabilidad del anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (PP, centroderecha), a quien se acusa de promover, usando medios oficiales, una campaña para perseguir a políticos independentistas en Cataluña.
La prensa española destapó hace meses escuchas y grabaciones hechas en el mismísimo despacho del ministro en las que este hablaba con el que fuera director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, para comprometer a políticos partidarios de la secesión de esa región de noreste de España.
Las tres principales formaciones políticas de la oposición parlamentaria – el PSOE (socialista), Podemos (izquierda) y Ciudadanos (liberales) – se han unido para sacar adelante esa comisión, al día siguiente de solicitar otra para investigar la financiación del gobernante Partido Popular, que está en minoría en el Congreso.
En estos días se registran episodios en dos escenarios: el Parlamento y los diferentes tribunales donde se están juzgando casos de corrupción que involucran a delincuentes confesos y a partidos que, presuntamente, se han beneficiado de adjudicaciones de contratos públicos.
Al deseo de los partidos de oposición de investigar la financiación del PP, esta formación reaccionó reclamando otra que haga lo mismo con las cuentas de todas las formaciones.
PSOE, Podemos y Ciudadanos acusan directamente al PP, cuyo líder es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que su partido ha recibido contribuciones económicas irregulares para el funcionamiento de su aparato y de sus campañas electorales a cambio de adjudicar contratos públicos a las empresas «donantes».
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, justificó hoy que también se investigue a otras fuerzas con el argumento de que «parece extraño que sólo se quiera personificar en un partido y dejar al resto al lado».
La situación es complicada porque quien ha tomado la iniciativa de investigar al PP ha sido, precisamente, su socio, Ciudadanos, el partido que voto sí a la investidura de Rajoy como presidente en octubre pasado.
Aquel acuerdo que permitió gobernar al líder del PP en minoría se firmó con condiciones, una de las cuales fue crear esa comisión parlamentaria para aclarar la financiación del partido en el Gobierno.
También estos días, en medio de una ofensiva de los independentistas catalanes, se está ventilando en los tribunales un juicio que puede comprometer al histórico partido nacionalista Convergencia Democrática de Cataluña, hoy convertido en una formación abiertamente partidaria de la secesión.
Se trata del «caso Palau», relativo al saqueo que se cometió durante los años 90 en el histórico Palacio de la Música («Palau», en catalán) de Barcelona a cargo de sus entonces directivos.
Algunos de ellos están confesando estos días que el expolio cometido se traducía en jugosas comisiones de entre un tres y cuatro por cierto pagadas por empresas, como Ferrovial, a las que se le adjudicaba un contrato público.
Según confesión de los propios acusados, las comisiones iban al bolsillo de los directivos corruptos y, también, a las arcas de Convergencia Democrática.
Y en Madrid se sigue el «Caso Púnica», una trama que viene de la pasada década y que tiene que ver con la supuesta adjudicación de contratos de publicidad a cambio de comisiones en varios organismos de la Comunidad de Madrid, presidida entonces por la veterana dirigente del PP Esperanza Aguirre. EFE
