San José, 15 Mar (ElPaís.cr).- El Ministro de la presidencia, Sergio Alfaro, reveló una lista en la Comisión legislativa de control del ingreso y el gasto público, que señala a varios exjerarcas que durante los últimos 23 años han recibido incentivos salariales sin tener los atestados necesarios.
La denuncia fue efectuada en medio de una comparecencia el pasado 9 de marzo, en la cual también participaron la Contralora General de la República, Marta Acosta, la Ex Viceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos y la Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga.
Las funcionarias se presentaron ante los legisladores para rendir cuentas sobre los sobresueldos que recibieron presuntamente de forma irregular. En el caso de Trejos, ella explicó que accedió a un préstamo y canceló en un solo tracto los 10 millones de colones que la administración le pagó por concepto de «prohibición». Zúñiga por su parte, defendió el pago de 30 millones de colones y dijo que hasta la fecha no existe un pronunciamiento que señale su ilegalidad.
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Por su parte, Alfaro además de presentar esta lista como un nuevo aporte, dijo que solicitará a la Contraloría General de la República (CGR) abrir una investigación para determinar si estos pagos fueron incorrectos y eventualmente encontrar el origen del error.
En la lista, figuran al menos siete jerarcas del Gobierno Central que en las mismas condiciones que Trejos, Zúñiga y Carmen Muñoz recibieron esos incentivos durante toda su estancia en la función pública, razón por la cual Alfaro considera que el caso de estas dos Viceministras no es una excepción y por ende se debe esclarecer el asunto por completo y no únicamente para perjudicar o beneficiar según la perspectiva, un color político.
Cabe mencionar que actualmente esta caso está siendo estudiado por la Asamblea Legislativa, por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y ahora nuevamente por la Contraloría.
Entre los atestados necesarios para recibir incentivos salariales, es necesario contar con grado de licenciatura y estar colegiado.
Lista
- Rowland Espinoza Howell. Se le pagó el 45% de prohibición desde el 9 de mayo al 22 de agosto de 1994, a pesar de que solo contaba en ese momento con un título de bachiller en Ciencias Políticas. Además recibió el pago de un 20% extra por «dedicación exclusiva» hasta el 15 de junio del 200, a pesar que la incorporación al Colegio profesional respectivo la hizo hasta el 2010. Por último, de mayo del 2010 al 8 de mayo del 2014, recibió un 65 % de «prohibición» como Viceministro de Hacienda, luego del MINAE y por último del Micitt.
- Rogelio Ramos Martínez. En 1998, en función de Viceministro de la Presidencia recibió el pago del 65% extra a su salario por concepto de «prohibición», en esa fecha, su expediente no contaba con ningún título universitario.
- Rodrigo Arce Jiménez. Oficial mayor del Ministerio de la Presidencia, del 15 de junio del 2001 hasta el 1 de diciembre del 2002, se le pagó un 55% de «dedicación exclusiva», y al igual que Martínez, en ese momento su expediente no contenía ningún título universitario, ni inclusive el contrato por incentivo salarial.
- Fernando Faith Bonilla. En función de Oficial Mayor del Ministerio de la Presidencia, de 1998 a 1999 recibió un 20% extra, y eventualmente se le subió esta cifra a un 55% por «dedicación exclusiva», esto a pesar de que no tenía ningún título universitario, únicamente contaba un bachillerato de educación media.
- Ricardo Toledo Carranza. Siendo Ministro de la Presidencia (2003-2004) con un diplomado de pasante en Derecho, en grado bachiller de la UACA y sin estar incorporado al Colegio Profesional respectivo recibió un pago por «prohibición» del 65%.
- Juan Barrios. Fue jefe en el Departamento de Informática, aunque en realidad con lo que cuenta es con un título académico en Medicina de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) de 1985, además, posee un título de incorporación al Colegio de México como especialista de Informática en 1999. Fue consejero presidencial especializado desde mayo del 2010 a enero de 2014 y recibió un 65 % de prohibición desde diciembre del 2011. También, siendo asesor de la ex Presidenta Laura Chinchilla se le continuó pagando el 65% por «prohibición», aunque su profesión no tenía relación con el cargo.
- Salomé Casorla. Fue parte de las administraciones Arias y Chinchilla. Siendo Directora General del 2006 al 2010 y del 2012 al 2014 se le pagó un 20% de dedicación exclusiva, de igual forma cuando fue consejera presidencial especializada. A partir del 19 de marzo del 2010 al 2014 se le subió esta cifra a un 65%. En este momento, contaba con un título bachiller universitario en administración de negocios y no estaba inscrita ante ningún Colegio Profesional.
1 Comment
Noemy Lizbeth Mendez Madrigal
No es cierto que siempre se ha pagado incentivos de manera irregular como norma. En general, los funcionarios públicos somos honestos y cobramos los incentivos cuando los merecemos. De vez en cuando, alguno , a quien considero un delincuente, porque se apropia de algo que no le correnponde , abusando del poder político se hace pagar lo que no merece o es tan «incompetente» que cobra sin saber, la ley entiendo que trata a ambos por igual si se les denuncia ante el Ministerio Público. Los auditores, cuando los descubrimos los ponemos en evidencia, a pesar de exponernos a la represalia. Lo que nunca se ha visto es una oleada descarada y respaldada al mas alto nivel de cobro indebido y publicitado sin la mejor vergüenza de incentivos sin merecerlos como sucede hoy en día Es un escándalo que la Procuraduría de la Etica y la Contraloría General no intervengan de oficio para denunciar esta circunstancia ante el Ministerio Público y proceder administrativamente a abrir el procedimiento disciplinario sancionatorio con el fin de inhabilitarlos en el ejercicio de la función pública. La ley es muy clara, no hay que tratar de disimular la falta , hay que incentivar la idea de que llegamos al servicio público a servir no a servirnos de este para alcanzar un nivel de vida que en el sector privado no obtendríamos por falta de competencia.