De Cal y de Arena
Aquí, en esta democracia bien asentada por tantos años, así como en otras naciones donde se respiran los aires democráticos, los medios de comunicación han sido piezas importantes de los procesos de construcción de esta forma de convivir del ciudadano con el Estado. Los medios, en términos generales, han jugado un papel determinante para la presencia de las relaciones de aquél con éste bajo un sano concepto libertario.
Los medios de comunicación colectiva han disfrutado del respeto del Estado para con los elementos consustanciales a su trabajo. Han nacido, han crecido y se han fortalecido con el respeto del Estado a la libertad de prensa. En el terreno de la libertad de expresión, unos más, otros menos, se han abierto a la transmisión del pensamiento. Ha habido tiempos de claroscuros en que algunos medios han secuestrado los principios fundamentales que moldean este mundo de libertades. Sin embargo, podemos pregonar que hemos vivido largos años disfrutándolos, sin más fronteras que las marcadas por la exigencia del respeto a los derechos y a la reputación de las personas y a la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas (Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos).
Dicho lo cual, he de insistir en la necesidad de observar con cautela algunas tendencias insurgentes en el mundo de los medios de comunicación colectiva que pueden derivar en la constricción de la libertad de expresión. Me refiero al control que ejercen pequeños pero poderosos grupos de interés sobre empresas dedicadas a la comunicación colectiva, con la manifiesta decisión de relegar a segundo plano los principios deontológicos que sustentan el ejercicio del periodismo y priorizar, en el cambio de ubicación de las fichas del tablero, el uso del medio como una herramienta para influir –y si se puede, decidir- en las políticas de Estado afines al interés de asentar un determinado modelo económico y político en la sociedad.
Esa es la vía que conduce al condicionamiento del disfrute de la libertad de expresión. Ya hemos experimentado el cierre de espacios en radio y televisión, la invisibilización de las opiniones disonantes y el recurso a sutiles formas de manejo de los contenidos de la información en el interés de insuflar la remoción del pacto social que por años hemos disfrutado con tan buenos resultados.
Es la paradoja de la vigencia de la libertad de prensa respetada por el Estado a la par de la libertad de expresión matizada por los medios. Es la materialización del propósito de algunos medios de conducirse como actores políticos sin someterse a los elementos legales que condicionan y definen a un partido político.
Esta es la trascendencia que tienen los acercamientos hacía los partidos políticos (de ciertos matices, no a todos) que llevan adelante los grupos de presión apertrechados en los medios. Amoríos con segunda intención que eventualmente incidirían en el sentido y forma del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de información.
Lo advierte el Dr. Héctor Faúndez Ledesma, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “La circunstancia de que los medios de comunicación estén concentrados en pocas manos distorsiona el derecho a la información y permite a quienes tienen el control de esos medios moldear la opinión pública en favor de sus intereses e impide que el público pueda contribuir de manera significativa al debate público.”
Igual llamado a la reflexión lleva implícito lo dicho por la Suprema Corte de los Estados Unidos en aquel sonado caso de Associated Press v.United States: “Así como la libertad para publicar está garantizada por la Constitución de los Estados Unidos, la libertad para que los particulares impidan que otros tengan acceso a publicar sus opiniones no lo está”.
Hemos de observar con precaución el movimiento de fichas en el tablero de las relaciones de los medios de comunicación colectiva con el poder político. No vaya a ser que una zancadilla haga caer a los partidos (y por su vía al gobierno) en las redes de interés de los grupos de presión atrincherados en los medios.
Tanto como la libertad de prensa, hemos de amparar celosamente la libertad de expresión como institución que le permite al ciudadano comprender a cabalidad los asuntos de interés público y le facilita su participación para hacer que la democracia funcione como tal.
(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista
