Trump nos aclara las dudas

Siento respeto y admiración por las personas que levantan la voz para defender la verdad y la justicia,  aunque con ello pongan en riesgo sus intereses o su propia seguridad.  Por eso me ha complacido sobremanera el gesto del Presidente Luis Guillermo Solís, recriminando al poderoso gobierno de los Estados Unidos de América su ataque armado a la República de Siria. No lo hicieron Brasil, Argentina ni México, para limitarnos a nuestro Continente.  En el orden de las conveniencias, sabemos que Costa Rica está tradicionalmente ligada al Tio Sam con fuertes vínculos politicos, diplomáticos, económicos y hasta militares,  mientras que sus relaciones con Siria serían a lo sumo tenues y lejanas, como pueden serlo con Túnez o Filipinas. Sin embargo nuestro Primer Mandatario (cierto que en forma elíptica, pero inequívoca) no se unió al coro de los adulones, sino que levantó su voz para expresar algo que tiene el sentido de una condena a la agresión militar norteamericana.

Hay allí una actitud que merece emulación por parte de la generalidad de los ciudadanos y de los Estados del Planeta. Aunque la Organización de las Naciones Unidas está basada en el principio jurídico de la igualdad,  por regla general, cuando se trata de temas que rozan los grandes intereses politicos o económicos, los medianos y los pequeños Estados suelen conducirse con timidez, dejando las mas importantes iniciativas a los poderosos, a cuyas diferentes esferas de influencia se incorporan, expresa o tácitamente.

Y aquí me interesa destacar la situación del que constituye el valor supremo de la Carta de las Naciones Unidas: el mantenimiento de la Paz (artículo 1); y su correlato: la prohibición de que un Estado ejecute una acción armada contra otro sin que medie autorización de la Organización.  Todas las Naciones firmantes del pacto fundacional de 1948 (incluídas las Grandes Potencias) otorgaron vigencia a las normas contenidas en el artículo 2 de la Carta:

Artículo 2. Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:

        La Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.               

       Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraidas por ellos de conformidad con esta Carta.               

       Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacificos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.               

Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas. (subrayado y negritas son mías).

Las obligaciones que brotan de los artículos 1 y 2 de la Carta deben ser cumplidas estdrictamente y de buena fe por todos los Estados miembros de la Organización; y los seres humanos que hemos vivido en la Tierra desde mediados del Siglo XX  hasta el momento presente, debimos tener claro desde el comienzo el deber moral y cívico que compete a cada uno de nosotros de procurar su cumplimiento, ya que en estas sencillas normas descansan todo el Derecho Internacional y toda forma civilizada de convivencia.

Como ahora lo hace el Presidente Solís Rivera, todos los que formamos Estados que se dicen civilizados debimos revelarnos en el 2003, cuando George W. Bush y sus homúnculos Blair y Aznar anunciaron su decision de pisotear aquellas normas con su infinitamente injusta y destructiva agresión a Irak: debimos luchar masivamente por revolucionar hasta sus cimientos todo el orden jurídico internacional, hasta conseguir que el Planeta entero castigara aquel acto; de modo de devolver la plena vigencia a los principios esenciales de la Organización: el mantenimiento de la Paz, la dignidad de los pueblos y la igualdad entre los Estados, la prohibición de las acciones unilaterales y el deber de procurar el arreglo pacifico de las controversias.

Pero aquel crimen enorme no tuvo ecua respuesta: los pueblos no mantuvieron su protesta; los gobiernos dieron vuelta a la página; los Estados Unidos y sus aliados consumaron su ocupación de Irak, y los tres delincuentes internacionales y sus secuaces, responsables directos de todas las atrocidades padecidas por el pueblo iraquí en el 2003 y años sucesivos; y las innumerables consecuencias que de ello han derivado y que aún no terminan, en vez de ser repudiados públicamente, y enjuiciados ante la Corte Penal Internacional por la comisión de delitos tipificados en los artículos 5 a 8 del Estatuto de la Corte (excepto Bush, porque los Estados Unidos no suscribió dicho Estatuto) viven tranquilos, gozan del respeto general y hasta van por el mundo sentando cátedra de democracia y humanismo.

Los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas contienen principios y normas de rango supremo en el orden de la Justicia universal; su violación  entroniza la prevalencia de la mutable voluntad del más fuerte, que no conduce al orden sino al caos y al envilecimiento.

Ahora de nuevo, catorce años después de la violación de la Carta que precedió al crimen de Irak perpetrado por el Gobierno de Bush, el Presidente Donald Trump ni pregunta, ni duda, ni consulta: todo está claro para él; la Organización de las Naciones Unidas no existe!  Entre su intención de atacar y el blanco elegido no se interpone un cuerpo de principios y normas jurídicas en plena vigencia sino, únicamente, un trozo del Mar Mediterráneo.

¡Miseria del Derecho!  Sin la convicción y el fervor de las personas, sin el pundonor y la dignidad de las personas, sin su hambre y su sed de Justicia, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, las Declaraciones de  Derechos y las Constituciones Políticas son sólo  irrisorios folletones que la  indiferencia y la ignominia han tornado ilegibles.

(*) Walter Antillon Montealegre es Abogado y Catedrático Emérito UCR