San José, 18 Abr (ElPaís.cr).- En medio de una sesión polémica, los diputados de la Comisión Especial de Regímenes de Pensiones desecharon el texto de ley que propuso la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), para reformar el modelo de jubilación del Poder Judicial y así prolongar su existencia.
El texto fue votado en contra a partir de una moción que planteó el diputado frenteamplista Jorge Arguedas, la cual contó con el apoyo de Abelino Esquivel de Restauración Nacional, así como también de los liberacionistas Ronny Monge, Julio Rojas y Sandra Piszk.
Entre ellos, consensuaron retomar el análisis del texto planteado por los gremios del Poder Judicial, esto en el marco de la presión sindical que asegura que el plan de SUPEN es desmedido y beneficia a unos cuantos.
La legisladora de Liberación Nacional (PLN) Sandra Piszk, afirmó que no están actuando ante ninguna presión, sino que están rectificándose ante un error, ya que con base en el análisis que han hecho hasta el momento, el proyecto de SUPEN implicaría recargar el presupuesto nacional, lo que se decía en un inicio que iba a causar la propuesta de la clase trabajadora.
«Vamos a retomar el proyecto original porque tenemos un compromiso de aprobar el texto de los gremios (…) Nosotros decidimos sesionar porque era lo que correspondía, un grupo de diputados dice que no se podía sesionar porque el texto estaba en consulta, pero el sistema digital del Congreso dice que en la Comisión de Jurídicos donde se analiza el expediente, no hay presentada ninguna consulta y si no está en el sistema no podemos asumir que efectivamente existe», indicó Ronny Monge.
En conferencia de prensa, diputados del Movimiento Libertario (ML), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Acción Ciudadana (PAC) manifestaron que la sesión es inválida y obedece únicamente a presiones político electorales, ya que había sido desconvocada ayer por el mismo Presidente de la Comisión, Johnny Leiva Badilla.
Según explicó Badilla, los miembros de la comisión acordaron no sesionar ya que el texto sustitutivo presentado por SUPEN se encuentra en consulta obligatoria y facultativa; debido a esto varios legisladores ni siquiera estuvieron en la sesión de esta tarde.
Este grupo de congresistas asegura que esta fue una movida del PLN en conjunto con el jerarca de la Asamblea y ahora candidato presidencial, Antonio Álvarez Desanti, a quién acusan de haberle pasado por encima al Presidente de la Comisión al maniobrar para que se sesionara.
«Lo que hizo Desanti fue una chambonada, una jugada de política sucia (…) Antes de que se vaya de esta Asamblea bájese de esa Presidencia y tengamos un debate de verdad Don Antonio. Explíquele al país porque usted defiende el texto de los trabajadores aunque sabe que no es viable (…) Deje de embarrialar la cancha y exponga sus argumentos», aseveró la diputada oficialista Marcela Guerrero.
Natalia Díaz del ML, agregó que esta sesión «hecha a escondidas» fue un golpe a la democracia del país y que le deberá costar caro a Desanti en las próximas elecciones nacionales 2018.
«Un partido como el PLN que pretende gobernar este país no puede tener ese tipo de actitudes. Esto fue un atropello a los diputados de la Comisión de Pensiones, hemos venido trabajando de forma transparente un texto inclusive con la participación de SUPEN. Y le quiero dejar claro algo al Presidente de la Asamblea, el buen concepto que yo tenía de el hoy ya no existe», indicó Díaz Quintana.
Álvarez se defendió desde la silla Presidencial del Congreso y negó que esto fuera un acto electoral. «Entiendo que estamos en plena lucha de campaña y que se están aprovechando de cualquier cosa para culparme ya que las encuestas van a mi favor (…) A usted doña Marcela le agradezco su constancia, creo que tiene 4 meses de que todas sus intervenciones son críticas a mi persona», dijo.
El texto en mención fue aprobado en comisión el 29 de marzo pasado por la mayoría de las bancadas y viene a poner un tope a las pensiones de 3.9 millones de colones por mes, además indica que la edad de retiro será de 65 años y calcularía el monto de la pensión tomando en cuenta todos los salarios recibidos según todos los años laborados.
«Si no resolvemos el déficit del Régimen de Pensiones del Poder Judicial lo tendremos que pagar todos los costarricenses vía impuesto. Es claro y notorio que hay un déficit de más de 5mil millones de colones una suma inmanejable y para reducirlo hay que tomar medidas», afirmó Badilla quién además se mostró molesto con lo sucedido.
Según defienden casi todos los congresistas esta reforma administrativa viene a salvar las pensiones del Poder Judicial, ya que la propuesta de los trabajadores no prolonga su existencia a largo plazo, de hecho con base en el último estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica (UCR), ese proyecto solo cubre 1 billón de colones del déficit de 5,3 billones de colones que enfrenta el régimen.
Desanti a favor de los liberacionistas del poder judicial.