miércoles 28, septiembre 2022
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Congreso salvadoreño recorta gasto social para solventar impago de pensiones

San Salvador, 22 abr (EFE).- El Congreso de El Salvador recortó el viernes en más de 56 millones de dólares el Presupuesto General de 2017, principalmente en los ramos de Seguridad, Educación y Salud, para saldar el impago que tiene con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) desde inicios de abril.

La medida, aprobada con 46 de 84 votos, fue acordada este viernes por los partidos e introducida a última hora en el pleno tras una reunión en la Casa Presidencial entre el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y otros tres grupos políticos.

El Gobierno salvadoreño se declaró en impago el 7 de abril pasado al no alcanzarse un acuerdo en el Congreso para autorizar una emisión de bonos, situación que le acarreó al país, y a la banca y a las empresas locales bajas en sus calificaciones de riesgo.

Una de las propuestas de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) para solventar el impago era el recorte de «gastos superfluos», pero el partido optó por negar sus 35 votos para dar luz verde a la medida finalmente aprobada.

Las carteras de Estado con mayores recortes son Seguridad y Justicia, con más de 6,68 millones de dólares, Educación, con 5,58 millones de dólares, Salud, con 4,12 millones, y la Presidencia, con 6,25 millones.

Les siguen Gobernación, Agricultura, Economía, Medio Ambiente, Turismo, Obras Públicas, Hacienda y Defensa, que en total vieron reducidos sus presupuestos en más de 16,3 millones de dólares.

El recorte en las instituciones autónomas que administran la generación de energía eléctrica, el agua potable, los aeropuertos, la Lotería Nacional y combaten la pobreza en las localidades sumaron 10 millones en recortes.

Asimismo, otras instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura, Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) perdieron más de 928.000 dólares.

Como consecuencia inmediata del impago, las agencias Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings bajaron las calificaciones de riesgo soberanas, lo que desencadenó las bajas en las «clasificaciones» del estatal Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), Banco Agricola y Banco Davivienda.

También, Fitch colocó en «observación negativa» los bonos de titularización de activos de la empresa generadora de energía geotérmica LaGeo, administrada por el Estado, de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) y del Fondo de Conservación Vial (Fovial).

Recientemente, el presidente de la Asociación Salvadoreña de AFP (Asafondos), René Novellino, advirtió de que el Gobierno se quedaría sin fondos para pagar las pensiones de unas 160.000 personas del sistema abandonado en 1998 si continuaba el impago.

Esto en referencia a que las AFP dejarán de comprar con los ahorros de los trabajadores los títulos valores que emite el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), con cuya venta el Estado reúne el pago para cubrir las pensiones.

Novellino también advirtió que el panorama se muestra más complicado para julio próximo, cuando las AFP alcanzan el porcentaje máximo de compra de títulos valores que la ley les obliga, por lo que urgió una reforma al sistema de pensiones.

El directivo detalló que la deuda total del Gobierno con las AFP asciende a más de 5.700 millones de dólares desde 2006, cuando se creó el FOP, y que equivalen al 60 % de los fondos de retiro de los trabajadores.

El Gobierno debía pagar en julio otros 41 millones de dólares como parte de esa deuda, pero en otra medida de este mismo viernes el Congreso le consiguió hoy más tiempo al ampliar de 25 a 50 años el plazo para honrar los títulos valores con cuya venta cubre esas pensiones.

Con esta medida, el Gobierno no tendrá que pagar los 41 millones de dólares de julio y más de 80 millones en octubre.

Según la Superintendencia del Sistema Financiero, desde que se formó el FOP, el Gobierno ha pagado a las AFP un total de 1.016 millones de dólares, de los que 569 son por intereses y 447 de amortización de capital. EFE

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