Guatemala, 27 jun (EFE).- El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, dijo hoy en Naciones Unidas que en Guatemala aún persiste una «corrupción sistémica» que se ha apoderado de varios partidos y del propio Estado.
Durante la reunión anual de países donantes de la entidad en la sede de la ONU en Nueva York, el colombiano aseguró que «no se puede negar la existencia de una corrupción sistémica en el Estado de Guatemala que ha logrado cooptar a los partidos políticos y al propio aparato estatal».
Esto ha conseguido sustituir, en períodos de la historia reciente, los intereses nacionales por intereses privados y sectoriales «tendientes al enriquecimiento ilícito de grandes redes político- económicas», indicó en un comunicado la CICIG, con sede en Guatemala.
La CICIG, un ente de la ONU instaurado en el año 2007, y el Ministerio Público (MP-Fiscalía) han logrado comprender mejor los fenómenos criminales desarrollando investigaciones más profundas que se demuestran en la formulación de los casos de grandes estructuras delincuenciales, apuntó la fuente.
Velásquez destacó la necesidad «urgente» de atender los desafíos aún existentes junto con otras unidades del Sistema de Justicia para generar «procesos eficientes y rápidos y de esta manera lograr más sentencias en los procesos iniciados».
El abogado colombiano insistió en la necesidad de hacer una «reforma estructural» que modifique las formas de acceso y ejercicio del poder judicial, porque sino los resultados «serán siempre los mismos».
Velásquez pidió además un nuevo «despertar ciudadano», como el que en 2015 terminó con la denuncia del exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti -ambos en prisión preventiva por varios casos de corrupción-, pero «más profundo y más consciente» para contribuir a la construcción de una cultura de «legalidad».
El fin, agregó, es dejar atrás «las viejas formas que entendían la corrupción y la impunidad como fenómenos naturales» para que el país pueda consolidar su Estado de Derecho, «indispensable para lograr prosperidad y certeza jurídica».
Velásquez presentó hoy ante representantes de los países donantes de la CICIG los resultados del ente en 2016, en los que destacó los avances en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
En la actividad participaron, entre otros, el secretario general adjunto de Asuntos Políticos de la ONU, Jeffrey Feltman; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Nery Medina Méndez; la Fiscal General, Thelma Aldana; el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, y la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, Nydia Arévalo Flores.
Desde 2015, la CICIG y el Ministerio Público (MP, Fiscalía) han emprendido una cruzada contra la corrupción y han desarticulado más de una docena de casos que involucran a exmiembros del Ejecutivo.
Entre estos destaca el caso de la «La Línea», una estructura de defraudación aduanera supuestamente dirigida por el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Baldetti, ambos en prisión preventiva acusados de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.
Las dos entidades han revelado varios casos que implican a unas 300 personas, entre exfuncionarios, empresarios, políticos, diputados, alcaldes y particulares, entre otros.
Los países donantes de la entidad son Alemania, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Inglaterra, Italia, Noruega, Suecia y Suiza, además de organizaciones internacionales como la Unión Europea, Fosi y Soros.
Los Gobiernos de Alemania, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, España, Italia, Francia, Suecia, Suiza y Uruguay contribuyen con personal especializado en seguridad e investigación criminal para las operaciones en Guatemala.
El mandato de la CICIG, de dos años, vence en septiembre próximo, pero el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, solicitó el año pasado por adelantado una prórroga hasta septiembre de 2019. EFE