Guatemala, 6 jul (EFE).- La poderosa cúpula empresarial de Guatemala calificó hoy de «incongruente» la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de suspender provisionalmente las labores de la minera de capital canadiense San Rafael y presentó un amparo para que se reconsidere esta decisión.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) mostró su respaldo a la empresa en los recursos judiciales que pueda emprender por esta decisión «arbitraria e irresponsable» que atenta contra derechos básicos como el trabajo y la libre empresa.
«La decisión de la Corte Suprema de Justicia tiene una repercusión grave sobre los trabajadores, sus familias y las comunidades, lo cual pone en riesgo los empleos, los ingresos y los beneficios económicos y sociales para todo el país», apuntó el ente.
Es por ello que esta misma mañana, la cúpula empresarial organizada presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo que busca que el Supremo reconsidere su veredicto.
Además de los empresarios, el Ministerio de Energía y Minas dijo esta mañana que acatarán la decisión pero negó que el proyecto afecte a ninguna población indígena, aunque los promotores del recurso aseguraron que el Pueblo Xinca era el perjudicado.
Ayer, miércoles, el Supremo otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) que deja sin efecto las licencias El Escobal -otorgada en 2013- y Juan Bosco -2012- de la Minera San Rafael, de capital canadiense.
La semana pasa da, la Comisión Parlamentaria de Gobernación de Guatemala acordó instaurar una mesa de diálogo con representantes de la Minería San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources Inc, y comunitarios aledaños, para encontrar una solución al conflicto que ha provocado un paro obligado de los trabajadores.
Los pobladores de municipio de Casillas, en el departamento de Santa Rosa, donde está instalada la minera, manifestaron en reiteradas ocasiones su descontento por la «fuerte contaminación» del área, que a su juicio está provocada en parte por las explosiones de la empresa.
Otro asunto que genera malestar es que no ven reflejadas las regalías de la minería en desarrollo y proyectos de salud o educación para su municipio, por lo que exigen transparencia.
El director de asuntos gubernamentales de la minera, Juan José Cabrera, destacó que las pérdidas por la paralización, que inició hace más de un mes, ascienden a 120 millones de quetzales (unos 16 millones de dólares).
Ayer, miércoles, decenas de trabajadores de este proyecto se manifestaron ante el Supremo para mostrar su apoyo al proyecto, argumentando que el cese de operaciones generará grandes pérdidas, tanto monetarias como laborales.
La mina San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources Inc, que explota plata en una región del sureste de Guatemala, está ubicada en terrenos de Mataquescuintla, del municipio San Rafael Las Flores (Santa Rosa), a 97 kilómetros al sureste de la capital. EFE
