San José, 6 jul (Elpaís.cr).- Un total de 28 adolescentes con discapacidad, sujetos de beca y que reciben lecciones de secundaria en un centro educativo subvencionado, centro de educación especial o centros de atención para personas con discapacidad conocidos como CAIPAD, no reciben los fondos del subsidio por concepto de transporte estudiantil, debido a problemas en la transferencia de estos recursos.
La Defensoría de los Habitantes intervino ante el MEP para que se encuentre una solución en aras de garantizarles el derecho a la beca, y con ello, puedan sufragar los costos del transporte, no obstante, sigue sin existir una respuesta de las autoridades de Educación para solventar el grave problema.
El MEP sostiene que están imposibilitados a girar el subsidio de esa beca porque son estudiantes que se encuentran matriculados en centros educativos que no cuentan con la figura de una Junta Administrativa, no obstante, informaron a la Defensoría que analizarían para el curso 2017 alternativas de solución sin que hasta el momento informen de resultados positivos.
“En el proceso de transición del otorgamiento de becas por transporte estudiantil que otorgaba Fonabe y que a partir del 2016 se trasladaron al MEP, quedó un grupo de estudiantes con discapacidad excluidos de contar con la beca de transporte, que ya venían recibiendo y ya llevamos 8 meses sin que estas personas menores de edad reciban el subsidio de 31.100 colones mensuales que les corresponden”, explicó la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano.
La Defensoría elevó el caso ante la Ministra de Educación para que se rinda un informe sobre las acciones inmediatas que se adoptarán para garantizarles el monto de la beca a este grupo de adolescentes con discapacidad que estudian en secundaria.
La Defensoría sostiene que la vulnerabilidad socioeconómica de las familias es una limitante para que las personas menores de edad ejerzan efectiva y ampliamente su derecho a la educación, toda vez que influye en la permanencia y el éxito escolar; razón por la cual el Estado costarricense debe tomar medidas para atender a esta población y evitar la exclusión.
