Ciudad de México, 10 jul (Sputnik).- El Gobierno de México rechazó el lunes en un comunicado las acusaciones de presunto espionaje de comunicaciones telefónicas sin mandato judicial contra periodistas, defensores y un cuerpo de investigadores independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«El Gobierno de la República rechaza cualquier acto que atente en contra de la libertad de expresión y del derecho a la privacidad de las personas», dice el comunicado expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Durante las audiencias públicas del 163 periodo ordinario de sesiones que la CIDH celebró la semana pasada en Lima, «representantes de organizaciones de la sociedad civil se refirieron a información reciente sobre casos de presunta intervención de comunicaciones privadas», reseñó en su primer posicionamiento oficial la oficina del canciller Luis Videgaray.
Las denuncias indican que ese presunto espionaje fue realizado «sin mandato judicial a distintos actores sociales en México, incluyendo a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos», prosigue el comunicado.
Esas supuestas acciones de espionaje mediante mensajes maliciosos para tomar control de la información y comunicaciones de teléfonos inteligentes, fueron dirigidas contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la CIDH, que coadyuvó entre 2015 y mayo de 2016 con las autoridades mexicanas para esclarecer la desaparición de 47 estudiantes de la escuela normal de maestros de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
El Gobierno de México «recibió información de parte de la Comisión (CIDH) en el sentido de que algunos miembros del GIEI le habrían manifestado ese mismo día haber recibido en marzo de 2016 mensajes parecidos a lo descrito en una nota periodística publicada por el periódico The New York Times», confirmó la cancillería mexicana.
Ante esa denuncia, la CIDH «ofreció hacer llegar al Estado la información para su atención», añade el comunicado.
La representación del Gobierno compartió información sobre sus acciones para investigar esas denuncias.
El Gobierno de México «invitó a los probables afectados a presentar las denuncias correspondientes, que faciliten las acciones en materia de procuración de justicia en marcha», recordó la cancillería.
El expresidente y actual comisionado de la CIDH, James Cavallaro, reveló en la sesión de Lima que «varios miembros del grupo GIEI, así como su secretario ejecutivo, recibieron en marzo de 2016 mensajes muy parecidos a los que se describen en el informe titulado Gobierno Espía», presentado por ONG mexicanas defensoras de DDHH.
COMPROMIISOS DE MÉXICO
La oficina de Videgaray dijo que, como muestra de su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, una delegación de alto nivel del Gobierno de la República reiteró el lunes a la CIDH «su más amplia voluntad y capacidad para atender adecuadamente los desafíos en la materia, en un marco de cooperación y colaboración con el órgano interamericano», dice un comunicado conjunto con esa instancia de la OEA.
El gobierno mexicano subraya en ese texto que en una audiencia celebrada la semana pasada en Lima sobre el seguimiento al caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa (suroeste), desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, «se destacaron los avances materia de investigación y búsqueda» y las acciones de reparación del daño los familiares de la víctimas.
Asimismo, en una audiencia sobre el fortalecimiento de las acciones en materia de justicia y combate a la impunidad, la representación estatal recordó que en la sesión de la CIDH el gobierno mexicano admitió que «enfrenta retos considerables y compartió distintas acciones, reformas y desarrollos que ilustran la fortaleza de las instituciones para atenderlos adecuadamente».
México se comprometió, finalmente, a mantener «una política de cooperación y apertura con los mecanismos de derechos humanos, con los que se trabaja para la atención adecuada de los compromisos internacionales en la materia».
El lunes una nueva investigación de The New York Times confirmó la fuente de las denuncias de espionaje contra el GIEI.
Los mensajes maliciosos fueron enviados a los teléfonos de los miembros del GIEI de la CIDH para tomar control de la información y de las comunicaciones «mediante una tecnología sofisticada de espionaje que fue vendida al Gobierno mexicano por un fabricante israelí de equipos cibernéticos llamado Grupo NSO, para vigilar a criminales y terroristas», dice el reporte periodístico basado en un análisis forense de los aparatos realizado por Citizen Lab de Canadá.
Los intentos de «hackear» disfrazados de mensajes de texto, aparecieron en el teléfono móvil del secretario ejecutivo del GIEI, el punto de contacto con el grupo, el 1 y 4 de marzo de 2016, según el análisis forense del equipo telefónico.
«Citizen Lab y nuestros socios están encontrando personas afectadas con el software espía NSO casi dondequiera que miremos en México», dijo al periódico estadounidense John Scott-Railton, investigador jefe de Citizen Lab en la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, Canadá. (Sputnik)
