Madrid, 19 jul (Sputnik). – La Justicia marroquí condenó este miércoles a los 23 activistas del Sáhara Occidental acusados de participar en los sucesos que causaron la muerte de 11 policías marroquíes durante el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik en 2010, según informó la organización saharaui Equipo Mediático.
El Tribunal de Apelación de Salé decretó cadena perpetua para ocho de los activistas al tiempo que estableció penas de prisión de 30 años para otros tres y condenas de 25 años para cinco de ellos.
Además, otros tres activistas saharauis fueron condenados a penas de 20 años de cárcel.
Del mismo modo, el tribunal estableció penas de menos de siete años para cuatro de los acusados, lo que implica la puesta en libertad de los mismos al llevar detenidos desde 2010.
El pasado mes de junio se reanudó por quinta vez desde su traslado a la justicia civil el juicio a los activistas detenidos tras los sucesos de Gdeim Izik –bautizado como campamento dignidad–, que en 2010 consiguió congregar a más de 20.000 personas a unos 15 kilómetros de El Aaiún para protestar por las condiciones de vida de los saharauis, una protesta que duró hasta que las fuerzas de Marruecos decidieron intervenir para imponer su orden mediante la fuerza.
Estos activistas ya fueron condenados ante un tribunal militar por la muerte de 11 policías marroquíes durante el desalojo, pero el Tribunal de Casación recovó las penas en 2013 y forzó el traslado del juicio al terreno civil.
Finalmente, el Tribunal de Apelación de Salé encontró a los acusados culpables de ejercer la «violencia contra las fuerzas del orden» llegando a causar «lesiones, asesinato y mutilación de cadáveres».
«Las condenas impuestas son una muestra más del odio que el régimen marroquí demuestra contra toda la lucha pacífica del Pueblo Saharaui en defensa de los derechos humanos y en particular en defensa del derecho de autodeterminación», valoró la Coordinadora Estatal Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sáhara) a través de un comunicado.
Esta organización, que aglutina a más de 200 organizaciones españolas de solidaridad con el Pueblo Saharaui, considera que los activistas fueron sometidos a un «juicio ilegal» por parte de un «tribunal ilegal».
«Se trata de un tribunal extraterritorial e incompetente dado que los hechos se circunscribieron al Sáhara Occidental, que es un Territorio No Autónomo ocupado ilegalmente por Marruecos», denuncia la coordinadora.
Además de considerar que el proceso debe ser declarado nulo por la ausencia de competencias del citado tribunal, CEAS-Sáhara califica al proceso como un «juicio político» en el que las condenas se basan en «confesiones presuntamente obtenidas mediante la tortura y los maros tratos».
«Recordamos que el Comité de la ONU contra la Tortura concluyó el pasado mes de noviembre de 2016 que Marruecos había vulnerado la Convención contra la Tortura en relación a uno de los condenados», prosigue el comunicado.
La condena contra los activistas también fue rechazada por la eurodiputada Paloma López, miembro de Izquierda Unida y vicepresidenta del Intergrupo del Sáhara Occidental de la Eurocámara.
Según opinó López en varios mensajes publicados en la red social Twitter, el juicio celebrado en Salé es una «pantomima» elaborada por Marruecos para «repetir» la sentencias emitidas por el tribunal militar contra los «presos políticos» saharauis. (Sputnik)
