San José, 21 jul (Sputnik).- El ICE solicitó una medida cautelar por informe de la Contraloría que pretende imponer requisitos y disposiciones referentes a sus procedimientos de contratación administrativa, no previstas en la Ley de Modernización de las Entidades Sector Telecomunicaciones (No. 8660), y el Reglamento al Título II de dicha ley, que generarían un detrimento económico estimado en ₡5.895 millones.
Se trata del informe No. DFOE-IFR-IF-00001-2017 correspondiente a Auditoría de carácter especial sobre el proceso de adquisición de bienes y servicios del ICE, la cual no logró acreditar ni destacar ningún acto lesivo a la Hacienda Pública.
“El informe pretende incluir todos los requisitos de las licitaciones en las contrataciones directas de menor cuantía, lo cual, además de ser contrario a la legislación, contradice votos de la Sala Constitucional que establecen que en las contrataciones directas de menor cuantía no se deben seguir los formalismos y controles de las licitaciones”, advirtió Luis Acuña, director de la Proveeduría Institucional del ICE.
La medida cautelar interpuesta por el ICE contra algunas de las disposiciones del informe estima las pérdidas económicas para la institución en ₡5.895 millones, calculado sobre el plan de compras de 2017 y que se desglosa así:
₡ 513 millones por diferencial cambiario. Los pagos en dólares se verán incrementados por el alza del tipo de cambio, a raíz de los atrasos que implica implementar las disposiciones del órgano contralor.
₡1.768 millones por inversiones dejadas de hacer con ese dinero. El monto inmovilizado en inventarios priva al ICE de redituar esa cifra, y se vería obligado a aumentarlos para no verse desprovisto ante los tiempos adicionales que se exigen en el informe. Ese dinero se podría invertir de otra forma para generar ganancias a la institución.
₡3.614 millones por impacto en recuperación de clientes. El ICE estima que implementar las medidas que plantea la Contraloría atrasarían en cinco meses la adquisición de bienes y servicios necesarios para la atención oportuna de nuestros clientes. Esto generaría una fuga cuantiosa de clientes del sector de telecomunicaciones.
Por otra parte, el informe de la Contraloría General de la República señaló que 59 oferentes tenían algún vínculo familiar con trabajadores del ICE, ese número representa mucho menos de un 1% del total de ofertas recibidas. Además, no encontró que alguno hubiera estado sujeto al régimen de prohibiciones en contratación administrativa.
Pese a eso, exige que toda declaración jurada rendida por lo oferentes respecto de estas prohibiciones, debe ser corroborada, lo que va contra el principio de la buena fe que es fundamental en los procedimientos de contratación administrativa.
Al imponerse este entrabamiento, se alargan los procedimientos y pone en desventaja a la institución en entorno competitivo, lo cual la haría incurrir en más gastos, deterioraría su imagen y frenaría su desarrollo.
“Desde el 2012, todas las contrataciones directas de menor cuantía del ICE utilizan la plataforma electrónica de compras públicas denominada SICOP, y desde el 2017 las hacemos concursadas, lo que ha llevado a una participación de hasta 29 oferentes”, agregó Acuña.
En febrero de este año, el ICE presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante la misma Contraloría General de la República, y el 24 de marzo interpuso la medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, a efecto de que se suspendiera los efectos del Informe, la cual a la fecha se encuentra pendiente de que el Tribunal resuelva.
Como lo consignó el Informe 2017 del Programa Sociedad de la Información y Conocimiento (PROSIC), sobre el estado de las tecnologías de la información y comunicación en Costa Rica, “el fortalecimiento que se pretendió dar al ICE mediante la Ley 8660 ha venido siendo obstaculizado por los mismos órganos de la Administración Pública”. Precisamente, uno de los señalamientos más fuertes fue con respecto a la Contraloría.
Línea temporal
- Informe desconoce los objetivos que fundamenta la Ley 8660 como el de flexibilizar y ampliar mecanismos de contratación del ICE.
- 19% del monto total de las adquisiciones se realizan por medio de los procedimientos concursados de contratación de escasa cuantía.
- 90% de esas compras fueron adjudicadas a alguna pyme, con participación de hasta 29 oferentes.
- Desde 2007, el ICE realiza en forma concursada todas las contrataciones de escasa cuantía a través de la plataforma Mer Link, en la actualidad SICOP.
1 Comment
Juan Huezo Zúñiga
¿Desde cuando la Contraloría, ente perico, tiene interés en nuestras instituciones como el ICE, donde junto a los vende patrias, se prestan para regalar, esquilmar, desmantelar y transferir nuestras entidades públicas, como lo hacen Sutel, Aresep y otros útiles tentáculos que son nombrados como magia por los sistemas tecnológicos y políticos para liquidar nuestra Costa Rica? La banca estatal y el cambio analógico a digital están siendo saqueadas y Acosta & Co., en atronadora misa solemne de doce. Sarta de encubridores.