San José, 26 Jul (ElPaís.cr).- La Comisión Legislativa Especial de Pensiones, recibió este miércoles a los gremios sindicales del Poder Judicial para dialogar sobre la huelga y la reforma al régimen jubilatorio, pero no lograron llegar a un acuerdo final.
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Antes de dar inicio a la audiencia, los diputados mantuvieron una reunión privada, la cual fue propuesta por la liberacionista Sandra Piszk.
Posterior a la reunión y a media hora de receso, se comenzó la audiencia, dejando en firme que la Comisión está dispuesta a buscar un consenso sobre un tercer proyecto de ley para reformar el régimen de pensiones.
«Estamos dispuestos a trabajar un nuevo texto, pero no estamos de acuerdo en negociar mientras la huelga no se detenga. No existe esa intención. Vamos a continuar trabajando en el proyecto de ley con base en los estudios actuariales de la Universidad de Costa Rica», expresó Sandra Piszk.
Parte del problema al respecto, es que la huelga no ha terminado y lejos de eso, los frentes gremiales del Poder Judicial amenazan con mantenerla en pie por tiempo indefinido.
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Según se reiteró hoy la condición para que la huelga cese es que los y las diputadas no acojan el proyecto presentado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) como texto base, sino el que presentaron los gremios. Además, que no se tomen en consideración todas las recomendaciones hechas por la UCR en su último estudio actuarial.
El informe reveló que el régimen afronta un déficit actuarial de ¢5,36 billones, por lo que hicieron un llamado a buscar una solución inmediata. Los catedráticos concluyeron que cada día que pasa bajo el mismo modus operandi es re alimentar el problema.
Entre las recomendaciones de la UCR está aumentar la edad de retiro a 65 años, elevar la cotización de trabajadores y personas jubiladas del 11% al 15%. También propone que los cotizantes se pensionen con un monto entre el 72,5% y el 85% del salario en lugar de retirarse con el 100%.
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En la audiencia los gremios y la Corte expusieron sus diferencias, ya que Carlos Montero del Consejo Superior de la Corte Suprema expresó que ellos respaldan el estudio actuarial, mientras que prácticamente la totalidad de los gremios no.
«Los compañeros judiciales han sido muy responsables con el tema del fondo y creo que todos estamos convencidos de que es necesario hacer ajustes, pero tal vez aquí la discusión de fondo son la gradualidad de los ajustes y como impactan estos a la población judicial», dijo Montero ante los diputados.
No obstante, Jorge Morales, del Sindicato del Poder Judicial (SINDIJUD), Adriana Orocú y Roberto Montero, del Frente Gremial, cuestionaron los datos y las soluciones propuestas por el Instituto de Invesitación en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR. Los funcionarios afirmaron que el informe de la Universidad tiene inconsistencias y que no comparten las proyecciones, el aumento de la cotización ni la intención de fijar la edad de retiro en 65 años.
Luego de dos horas de audiencia las partes estuvieron de acuerdo con la elaboración de un tercer proyecto, pero los gremios insisten en que no hay tiempo para corregir todas las inconsistencias que tiene el de SUPEN, el cual critican ya que además fue dictaminado negativamente en una ocasión.
El tema de la huelga quedó en incertidumbre, ya que los representantes gremiales aseguraron que el texto de la Supen no es opción para ellos, mientras que los diputados afirman que ellos seguirán adelante y que la huelga la deberá resolver el Poder Judicial.
Con base en estimaciones, unas 16 mil han atendido el llamado de huelga que inició el pasado 19 de julio, pero el mismo Poder Judicial declaró que no tienen una cifra exacta de cuantas personas están en paro de labores en este momento. Durante la última semana se han visto afectados una serie de servicios del Poder Judicial, entre los más importantes están los tribunales, los juzgados, los servicios administrativos y la entrega de cuerpos en la morgue.
Cabe mencionar que esta tarde la Medicatura Forense de Flores tomó la decisión de reanudar las autopsias y la entrega de cuerpos, esto un día después de que la Fiscalía de Heredia abriera una causa en contra de la sección de Patología por presunto delito de incumplimiento de labores.
Sindicatos se unen. Esta mañana varios miles de funcionarios se manifestaron en las afueras de la Asamblea Legislativa e inclusive en las afueras de algunos edificios del Poder Judicial en el país.
Al lado de un ejército de trabajadores del Poder Judicial, molestos y vestidos de color negro, se hicieron notar otros gremios sindicales como el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Luis Chavarría, representante de Bussco manifestó que la clase trabajadora no puede ceder, ya que el Congreso quiere hacer con el Régimen del Poder Judicial lo mismo que con el IVM de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
«Invitamos a todos los agremiados de Bussco a apoyar esta causa social que además es una lucha de todos», dijo Chavarría.
«Nosotros como diputados no tenemos responsabilidad sobre la situación del régimen, no es nuestra culpa, es el resultado de una serie de decisiones que se tomaron en el pasado, sin embargo estamos en búsqueda de una solución (…) Debo decir que esta huelga es injustificada y se podría estar evitando», indicó.
El congresista también aclaró que no se ha aprobado ni dictaminado ningún proyecto de ley, por lo que, hasta el momento no se ha afectado a nadie.
