Quito, 7 ago (Sputnik).- La justicia de Ecuador dictó prisión preventiva contra el excontralor del Estado, Carlos Pólit, por aparentemente haber recibido 10,1 millones de dólares por parte de la empresa Odebrecht a cambio de borrar multas de la constructora y elaborar informes favorables para facilitar el retorno de la compañía al país, luego de ser expulsada en 2008.
«Por pedido de Fiscalía juez dictó prisión preventiva contra excontralor, incautación de fondos y prohibición de enajenar bienes», informó la fiscalía en su cuenta de la red social Twitter.
Según afirmó el fiscal de la nación, Carlos Baca Mancheno, en la audiencia de formulación de cargos, el excontralor habría solicitado de parte de un exejecutivo de Odebrecht un primer pago de seis millones de dólares para eliminar multas que le habían sido aplicadas a la empresa en los años 2009 y 2010 por su incumplimiento en un proyecto hidroeléctrico.
De acuerdo al funcionario este pago se habría efectuado a cambio de «desvanecer sistemáticamente» varias de estas multas, que alcanzaban los 70 millones de dólares.
El segundo pago, de 4,1 millones de dólares, se realizó con el objetivo de que Pólit «sacara informes limpios» de la empresa brasileña con el fin de que se le permitiera el regreso a Ecuador.
Este último soborno se habría entregado en un encuentro en un lujoso hotel de la capital ecuatoriana.
Entre las pruebas presentadas la fiscalía incluyó un audio de 38 minutos entre Pólit y el exejecutivo y representante en Ecuador de la compañía, José Conceição.
Según el abogado de Pólit, Hernán Ulloa, la medida de prisión preventiva obligará a su defendido a permanecer en el exterior, porque es una medida «para impedir que vuelva», dijo.
El excontralor está fuera del país desde el pasado mes de mayo.
Debido a que Pólit tiene 66 años de edad puede acceder al arresto domiciliario como medida sustitutiva a la prisión preventiva.
El excontralor ejerció su cargo desde 2007 hasta inicios de este año, cuando fue reelegido para un periodo de cinco años más, que fue interrumpido ante los casos de corrupción revelados.
El delito de concusión lo cometen los funcionarios que, abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas.
Estos serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años, según establece el Código Integral Penal. (Sputnik)
