Interrogantes sobre el FEES

Defensa FEES

El financiamiento por parte del estado es uno de los temas más delicados y al mismo tiempo estratégicos para que las universidades públicas puedan cumplir la misión que por ley les ha sido asignada. De él depende que logren su cometido de formar los profesionales que el país requiere, fortalezcan su vínculo con la sociedad y desarrollen una investigación dirigida a aportar conocimiento y soluciones a las principales problemáticas que vive la población.

Históricamente el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) ha sido negociado por quinquenios, en concordancia con lo planteado en el artículo 85 de la Constitución Política, donde se establece también la obligación de las universidades públicas de presentar un Plan Nacional de la Educación Superior por periodos de cinco años. Este hecho garantiza una proyección básica de las universidades y una definición más precisa de los fondos que se destinarán a las universidades públicas.

El último FEES quinquenal que  suscribieron el CONARE y el Gobierno fue el del 2010 y que venció justamente en el 2015. A partir de ese momento el CONARE ha llegado a acuerdos anuales, con lo que ha dejado el financiamiento expuesto a la inmediatez tanto presupuestaria como política, a las injerencias de los sectores enemigos de la educación superior pública, como los neoliberales que sistemáticamente proponen mayores recortes en los presupuestos de las universidades públicas.

Hoy día, incluso el Gobierno de la República, alegando falta de liquidez presupuestaria, plantea un estancamiento o reducción del FEES. Este último asunto merece ser analizado exhaustivamente con el criterio científico de economistas expertos en la materia.

Preocupa de manera particular el hecho de que se ha ido normalizando la idea de una negociación del FEES anual. Así puede confirmarse en comunicados como el correo masivo que la administración de la UCR envió a docentes, personal administrativo y estudiantes, el 28 de julio de 2017 “Universidad de Costa Rica mira con preocupación atrasos en negociación del FEES 2018”, donde se enfatiza en la incertidumbre de las universidades en relación con el FEES del próximo año.

Si en agosto, las universidades públicas no tienen claro cuál será el FEES del 2018, y mucho menos el de los próximos cinco años, cabe que nos preguntemos qué han hecho las respectivas administraciones para negociar, fortalecer y consolidar los recursos que deben dirigirse a un mayor impacto de las universidades en la sociedad. ¿Por qué a última hora externan estas preocupaciones? ¿Hay algún acuerdo implícito entre los rectores del CONARE y el Gobierno que no haya sido de conocimiento de las comunidades universitarias?

Un tema tan crítico como este no debe resolverse a última hora, sin la visión y proyección suficientes, y sin la claridad de saber en qué medida el acuerdo que se tome vaya a afectar el modelo de universidad pública por el que trabajamos.  Cabe que nos preguntemos también si serán suficientes los recursos para impulsar una universidad verdaderamente comprometida con la sociedad y honrar pagos millonarios por concepto de contratos de alquiler, al menos en la Universidad de Costa Rica.

También es pertinente que nos interroguemos cómo se impulsará el desarrollo de áreas tan fundamentales como la regionalización, la acción social y los diferentes programas de vida estudiantil dirigidos a la permanencia y graduación.

Ante esta grave situación, hago una excitativa a los consejos universitarios o consejos institucionales, a las federaciones de estudiantes, representaciones estudiantiles y los sindicatos, personal docente y administrativo de las universitarias públicas para que participemos en la discusión de este tema, demandando información pertinente y proponiendo las fórmulas más apropiadas para garantizar un sólido financiamiento para la educación superior pública.

(*) José Ángel Vargas Vargas, Ex director del Consejo Universitario, UCR.