sábado 24, septiembre 2022
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Costa Rica sigue debatiendo soluciones tras una década de deterioro fiscal

San José, 18 ago (EFE).- Tras una década de sostenido deterioro fiscal y el consecuente crecimiento de la deuda, Costa Rica sigue debatiendo soluciones al problema sin que se vislumbre un acuerdo en el corto plazo debido a las posiciones opuestas de sindicatos, empresarios y partidos políticos.

Todos en el país están conscientes de la urgencia de sanear las finanzas del Estado, cuyo déficit fiscal fue de 5,2 % del producto interno bruto (PIB) en 2016, pero nadie se pone de acuerdo para avanzar en una reforma tributaria.

Por un lado, los sindicatos se oponen a que el impuesto de ventas de 13 % se convierta en un impuesto al valor agregado (IVA) de 15 % -como lo plantea el Gobierno- y a que se reduzca el gasto estatal recortando pluses y homogeneizando las escalas salariales de todo el sector público.

«La clase trabajadora del sector público y del sector privado no es culpable de la injusta y regresiva estructura tributaria, la cual hace que quienes ganan menos, pagan más proporcionalmente, mientras que los que ganan más, pagan menos o no pagan del todo eludiendo o evadiendo sus obligaciones», ha dicho el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Albino Vargas.

En el otro bando están los empresarios y partidos políticos de oposición, que exigen al Gobierno primero recortar gastos antes de aprobar reformas tributarias como la del IVA u otras relacionadas al impuesto sobre la renta, incluida la implementación de la renta global.

La discusión sobre la necesidad de una reforma fiscal ya tiene casi diez años. El expresidente Óscar Arias tanteó el terreno en su segundo mandato (2006-2010), pero prefirió no impulsar iniciativa alguna porque consideró que no había viabilidad.

El expresidente comenzó ese periodo con las finanzas sanas, pero poco a poco se fueron deteriorando hasta acumular en 2009 un déficit de 3,4 % del PIB.

Arias le dejó a su sucesora Laura Chinchilla (2010-2014) un déficit de 5 % del PIB, según él, una consecuencia de la crisis económica internacional del 2008 que le obligó a aumentar gastos mediante la creación de empleos en el sector público.

Arias incrementó los gastos 19,3 % en 2009 y 26,8 % en 2010, mientras los ingresos crecieron 5,1 % y 16,1 %, respectivamente, según los datos del Ministerio de Hacienda.

Chinchilla impulsó una reforma tributaria y logró que se aprobara en el Congreso, pero la Sala Constitucional encontró vicios inconstitucionales en el procedimiento llevado a cabo y se trajo abajo la iniciativa en 2013.

Sin margen de maniobra y ante la impopularidad del tema, Chinchilla no insistió más y llegó el Gobierno actual de Luis Guillermo Solís (2014-2018), quien recibió las cuentas con un déficit de 5,4 % del PIB.

Solís prometió que no impulsaría la reforma en los dos primeros años con el fin de ganar credibilidad ante la sociedad mediante contención del gasto.

La situación fiscal obligó a Solís a promover la reforma antes de los previsto. El presidente ha presentado al Congreso ya tres propuestas de reforma sin que hasta el momento haya tenido éxito.

La primera pretendió aumentar los ingresos 3,4 % del PIB; en la segunda, presentada el año pasado, rebajó esa pretensión a 2 %, y la última, entregada este mes a los diputados, incluye además un componente de reducción de pluses salariales en el sector público.

Calificadoras internacionales y entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han advertido a Costa Rica sobre el peligro del déficit, especialmente por el crecimiento de la deuda, la cual ronda el 46 % del PIB.

Costa Rica presenta déficit sostenido desde 2009 cuando fue de 3,4 % del PIB; en 2010 fue de 5 %, en 2011 (4 %), en 2012 (4,3 %), en 2013 (5,4 %), en 2014 (5,5 %), en 2015 (5,7 %) y en 2016 (5,2 %).

Solís advirtió el 1 de agosto en una cadena nacional que el Gobierno está enfrentando problemas de liquidez y enfatizó en la urgencia de la reforma tributaria, un anuncio que la oposición calificó como una medida de presión y una alarma innecesaria que generó incertidumbre en los inversionistas.

El Gobierno intenta en estos días que los diputados alcancen un acuerdo para tramitar rápidamente la reforma tributaria, algo que parece difícil a seis meses de las elecciones presidenciales y cuando está calentando la campaña política y los intereses políticos que conlleva. EFE

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