San José, 22 Ago (ElPaís.cr).- El Jefe de la fracción legislativa de la Unidad Social Cristiana (PUSC), William Alvarado Bogantes, anunció que su partido no apoyará la reforma fiscal propuesta por el Gobierno de la República desde el pasado 10 de agosto.
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El plan de la administración Solís Rivera pretende reducir la diferencia entre gastos e ingresos de un 5% a un 2% del Producto Interno Bruto (PIB), para lo cual propone la implementación del Impuesto sobre el valor agregado (IVA) con una tasa de un 15%, la transformación del impuesto de la renta y la fijación de un tope salarial en el sector público. También incluye el cobro de nuevos tributos, los cuales no han sido bien vistos por la mayoría de las bancadas legislativas.
En el caso específico del PUSC, consideran que el mega proyecto del Gobierno tiene aciertos pero le da mucho protagonismo a los impuestos, lo que para ellos debería de ser lo último.
«Esto es un conglomerado de proyectos y la verdad lo vemos con muy poco ambiente legislativo. Nosotros priorizamos la reforma constitucional, que es un proyecto que habíamos presentado que tiene que ver con reglas fiscales, para nosotros ese es el punto de partida. A partir de ese proyecto podríamos regular el tema de las presupuestaciones y eventualmente buscaríamos proyectos de ley que nos ayuden a re activar la economía, con esto generaríamos no solo mayor empleo sino también mayores ingresos, posteriormente si hace falta podríamos analizar nuevos impuestos», indicó Alvarado Bogantes.
El legislador dijo que se debe seguir trabajando en la búsqueda de una solución fiscal, pero que ésta no la ven como la salida eficaz, ya que es un proyecto sumamente complejo de 200 páginas, al cual además ya están claros que buscarán evitar una vía rápida.
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La propuesta del Poder Ejecutivo lejos de ganar simpatizantes desde que fue presentada ha recibido críticas de distintas bancadas, ya que el Frente Amplio (FA) y Liberación Nacional (PLN), exigieron una hoja de ruta más definida para aprobar la vía rápida y por ende la reforma integral. Mientras tanto, sumado a la posición de los socialcristianos, el Movimiento Libertario y las bancadas cristianas ya están preparándose para evitar el avance de la reforma fiscal del Gobierno.
Alvarado Bogantes puntualizó que el proyecto llegó muy tarde a la Asamblea y además de forma apresurada, debido a que la vía rápida que se solicita es la única manera bajo la cual el expediente podría ser aprobado con una discusión no tan extensa durante esta legislatura; aún así, su aplicación, sus consecuencias y beneficios recaerían en manos de la siguiente administración.
El anuncio de la bancada es congruente a la posición que ha expuesto su candidato presidencial, Rodolfo Piza, quien asegura que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas planteado por el Poder Ejecutivo, es únicamente un paquete de impuestos que no apoya. Sumado a esto, la bancada del PUSC pretende retrasar indefinidamente la votación del proyecto: «Reforma al artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios», que busca desjudicializar el secreto bancario para combatir el fraude fiscal.
En la sesión de este martes de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el diputado socialcristiano Jorge Rodríguez, solicitó la lectura de documentos que constan desde hace meses en el expediente, lo que retrasaría por un tiempo indefinido la votación de esta ley que busca que la Administración Tributaria tenga más facilidades para levantar el secreto bancario y así evitar en mayor medida la defraudación fiscal.
Actualmente es más sencillo para una Administración Tributaria extranjera acceder a información bancaria en nuestro país para investigar posibles incumplimientos tributarios. Esto debido a que el artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios dispone que cuando una administración foránea solicita información cubierta por el secreto bancario en manos de entidades financieras nacionales, dicho secreto se levanta sin necesidad de aprobación de un juez. Es decir, el proceso es administrativo. Mientras tanto, cuando es nuestra propia administración Tributaria la que necesita acceder a información de este tipo, tiene pasar por un largo proceso Judicial, lo que entorpece la investigación contra el fraude fiscal.
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