domingo 2, octubre 2022
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Corte Interamericana enjuicia a Costa Rica por caso de recurso de apelación

San José, 28 ago (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) efectuó hoy la audiencia por el caso Amhrein y otros contra Costa Rica, por la alegada inexistencia de un recurso que permitiera la apelación integral de sentencias judiciales.

El representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente encargado de elevar los casos a la Corte, José de Jesús Orozco, declaró en la audiencia que Costa Rica violó el derecho a las garantías judiciales en este caso porque no garantizó un recurso adecuado para recurrir fallos.

El caso involucra a 17 personas condenadas antes del 2010 por diversos delitos como peculado (desvío de fondos públicos), narcotráfico y abusos sexuales, quienes consideran vulnerados sus derechos.

«Todos fueron condenados bajo regímenes procesales cuyo único recurso era el de casación. El marco normativo de la época de las condenas no les permitió acceder a una revisión integral», afirmó Orozco.

Según el comisionado, el recurso de apelación que estaba habilitado entonces, limitaba el tipo de reclamo que se podía presentar y que las personas quedaron condenados sin la posibilidad de apelar.

Orozco reconoció la voluntad de Costa Rica por enmendar el asunto con reformas aplicadas en 2006 y 2010, pero afirmó que a pesar de que resolvieron el problema de fondo, «no es una medida de reparación ni de restitución» de los derechos de los demandantes.

Agregó que en la CIDH hay 200 peticiones similares contra Costa Rica esperando a ser tramitadas.

Belinda Guevara y José Arnoldo González, miembros de la Defensa Pública Interamericana y que ejercen como representantes de los demandantes en este caso, dijeron en la audiencia que además del recurso de apelación, los condenados sufrieron la vulneración de otros derechos.

Por ejemplo, señalaron que el hacinamiento de las cárceles causó problemas de salud a algunos de los condenados, y que otros sufrieron periodos de prisión preventiva muy prolongados.

Por su parte, la agente del Estado costarricense Gioconda Ubeda, manifestó que la CIDH incurrió en errores al formular la acusación, pues no individualizó los reclamos y no analizó rigurosamente cada caso concreto.

«Hubo una interpretación errónea de la normativa eficaz e idónea del Estado. Han lesionado el derecho de defensa del Estado en este litigio», aseguró Ubeda.

El Estado costarricense argumenta que con una sentencia del año 2004 de la CorteIDH Costa Rica mejoró sus leyes y aplicó reformas para que el recurso de apelación en segunda instancia se acogiera a los estándares internacionales.

En 2010 la CorteIDH declaró que Costa Rica cumplió con la sentencia.

El Estado argumentó que hay un pleno cumplimiento de readecuar la legislación, pues se modificó el Código Penal y la Ley de Casación Penal.

La CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica, emitirá un fallo en los próximos meses.

Los demandantes de este caso son Manfred Amrhein, Ronald Fernández, Carlos González, Carlos Osborne y Arturo Fallas, sentenciados en 2001 por desvío de fondos públicos del Banco Anglo, declarado en quiebra en 1994.

Además, Rafael Rojas sentenciado por uso de documento falso, los colombianos Carlos Eduardo Yépez, Luis Archbold, Enrique Archbold, Fernando Saldarriaga y Miguel Antonio Valverde (narcotráfico); Jorge Martínez (desvío de fondos públicos), Guillermo Rodríguez y Martín Rojas (delitos sexuales); Manuel Hernández (violación a un menor de edad).

También Miguel Mora (narcotráfico) y Damas Vega (tentativa de homicidio calificado y robo agravado). EFE

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