Santiago de Chile, 29 sep (EFE).- El Gobierno chileno pidió en la noche del viernes la recalificación de la Ley Antiterrorista en la querella contra cuatro comuneros mapuches imputados por el incendio de una iglesia evangélica, que se encuentran en huelga de hambre hace 116 días.
La información la entregó el ministro del Interior, Mario Fernández, que durante la tarde se reunió con los familiares de los comuneros, cita a la que llegó también la presidenta Michelle Bachelet.
«El Gobierno ha procedido a interponer un recurso de apelación, cautela de garantías y un recurso de amparo para insistir en la sustitución de las medidas cautelares», precisó Fernández en una rueda de prensa celebrada en la sede del Ejecutivo.
El titular de Interior explicó que sin perjuicio de lo anterior «el Gobierno ha instruido a su equipo jurídico a que se proceda a solicitar la recalificación de las conductas, objeto de la causa, para someterlas al régimen de los delitos que corresponde dentro del código penal».
La petición de cambiar la prisión por otras medidas cautelares, como el arresto domiciliario total y arraigo nacional (prohibición de abandonar el país), fue presentada por el Gobierno, pero el Tribunal de Garantía de Temuco, en la sureña región de La Araucanía, consideró hoy que los comuneros, que llevan quince meses en prisión sin juicio, son un peligro para la sociedad.
Alfredo Tralcal y los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol iniciaron la drástica medida para presionar al Ejecutivo a fin de que no se les procese bajo la ley antiterrorista por el presunto incendio de la iglesia, ocurrido durante la celebración de un culto, con una veintena de feligreses dentro.
El fiscal regional, Cristián Paredes, alegó en contra de la solicitud del Gobierno, asegurando que el Ministerio Público tiene los antecedentes para atribuir responsabilidad a los cuatro mapuches en los hechos investigados.
Respecto de la posibilidad de que los comuneros mapuches depongan su medida de fuerza, Fernández indicó que la información fue comunicada a los afectados y a sus familiares «quienes han visto positivamente esta decisión y espero que la reacción que ellos tengan sea de deponer la huelga de hambre».
El ministro del Interior aseguró que la decisión busca «conjugar de la mejor forma posible los propósitos de actuación de la justicia con las consideraciones humanitarias que resultan ineludibles en una sociedad democrática».
La Conferencia de Obispos Católicos, por su parte, exhortó hoy a los comuneros a deponer la huelga de hambre y pidió a quienes tienen alguna responsabilidad en el caso «buscar soluciones» a través de «mecanismos que resguarden la vida de estas personas».
En La Araucanía, una de las regiones más pobres de Chile, los indígenas ocupan 600.000 hectáreas, que equivalen a un 5 % de las tierras heredadas de sus familiares y una sexta parte de lo que poseen las compañías forestales.
La reclamación de terrenos al Estado chileno ha derivado en un conflicto que se extiende hace décadas en la zona, que ha significado la muerte violenta de varios comuneros, así como mujeres, niños y ancianos víctimas de violencia desmedida, además de la muerte de agricultores y policías.
Lo anterior sumado a una cantidad de ataques incendiarios a propiedades, bosques, vehículos e iglesias, con decenas de indígenas procesados y condenados por esos hechos, a veces bajo pruebas «insuficientes», según reclaman organizaciones de derechos humanos. EFE