En el nombre… del Estado de Derecho

Protesta por la actuación policial durante el referéndum organizado el domingo por la Generalitat de Cataluña. EFE

De cal y de arena

“Todo Estado lo es de Derecho –dicta el jurista y filósofo austriaco Hans Kelsen- puesto que se rige por normas jurídicas, cualquiera que sea su origen, su procedencia o la autoridad de que dimanen con tal de que tengan la posibilidad de hacer cumplir sus determinaciones dentro del orden interno”. La sentencia de tan acreditado pensador, quien fue presidente de la Corte Constitucional de Austria y miembro de la Academia de Artes y Ciencias de los Estados Unidos, obviamente resulta aplicable a un gobierno democrático y constitucional como a uno autocrático y tiránico. De ahí que otros autores adjunten el requisito de la existencia de un Poder Judicial probadamente autónomo a cargo de garantizar la aplicación y respeto al orden jurídico, puntualización que hacen al margen los regímenes autoritarios, obviamente.

El concepto de Kelsen se ajusta  a la talla de los políticos y los gobiernos de vocación autocrática. Lo vemos en el caso de China, que tiene su Estado de Derecho y lo alega en los tratamientos con que sofoca las aspiraciones del pueblo tibetano. Arabia Saudita también apela al Estado de Derecho para disolver todo brote de lo que llama herejía política. En México, el presidente Díaz Ordaz arremetió contra la multitud congregada en Tlatelolco en aplicación del Estado de Derecho. Pinochet tuvo su Estado de Derecho y sabemos para qué. Como lo sacaron a relucir en sus arremetidas contra la crítica opositora y la resistencia política Trujillo, Stroessner, Videla, Garrastazú Medici… Mandaron al carajo las libertades individuales y los derechos humanos escudándose en el Estado de Derecho.

Francisco Franco también construyó su Estado de Derecho, idóneo para asentar su dictadura durante casi 4 décadas. Por cierto, su autoritarismo dejó buenas y bien sembradas semillas en España. Más de un político de las generaciones subsiguientes  gustan de ese autoritarismo, aunque se cuidan de expresarlo o de llegar a los extremos apelados por este gallego nacido en El Ferrol  y que dejó “todo atado y bien atado”.

No tanto como para impedir que en cosa de pocos años, en España se construyese una democracia. Ciertamente con sus defectos. Y con rendijas de lo que se han valido tantos diletantes franquistas embozados, con sangre de egocentrismo político y de fétido narcisismo. Por allí categorizan Aznar y Rajoy. La arremetida de éste contra libertades fundamentales trae a la memoria esas miasmas donde alguno llegó al grado de gritar “Muera la inteligencia” (José Millán Astray, otro gallego).

SE LE METIÓ EL AGUA.- A esa democracia “se le ha metido el agua”. Igual que a la democracia costarricense, ultrajada por aquellas alianzas del bipartidismo desbocadas por objetivos  bastardos.

A Mariano Rajoy Brey, presidente del Partido Popular y Presidente del Gobierno de España, se le salen los rasgos de autócrata. Le disgusta la crítica, la devasta en el seno del PP, y pone bozal a quien grite contra la corrupción interna. Tiene de rodillas al partido Ciudadanos a cambio de migajas y de darle atolillo con el dedo a la hora de encarar ese gravísimo cáncer.  Le cae al pelo que el Partido Socialista padezca  una grave crisis de liderazgo y la carcoma, también, de la corrupción lo que le debilita para enfrentar los desplantes de Rajoy.

Allá por 2006 hubo un acuerdo nacional aprobado tanto por el parlamento español como por el catalán y después ratificado por un plebiscito. Sus determinaciones fueron claras en punto a reconocer a Cataluña como Nación.

Pero apareció Rajoy con sus torpezas políticas y su desbordada vanidad: nada se hará sin mi consentimiento. Y como ya tenía las máximas instancias judiciales de la Nación penetradas, subordinadas y condicionadas como efecto  del usufructo del bipartidismo (lo han delatado grandes figuras de la judicatura, como Baltazar Garzón), no soportó la existencia de ese acuerdo nacional. Lo atacó y le pidió al Tribunal Constitucional anularlo. Lo consiguió, pero lejos de abrirle espacios a la estructura compartida de competencias, las centralizó y trabó toda inspiración de regionalismo en la conformación política de España. Que lo digan las reacciones de protesta de catalanes y vascos.

A partir de allí, perdió toda noción de equilibrio. Rajoy se castró políticamente ante las corrientes regionalistas y como Cortés, también quemó sus naves. Una tras otra, vinieron sus chambonadas políticas, particularmente de cara a las pretensiones de una masa no despreciable de catalanes. Los pisoteó y los ofendió. Todo en nombre del… Estado de Derecho.

EXISTE LA NACION CATALANA.- Hay toda una historia que identifica la existencia como realidad política bien identificada de Cataluña. Presente en Iberia desde antes de la conquista musulmana, con autonomía hasta la Guerra de Secesión española. Cataluña está y lo está a lo largo del tiempo con su carta de ciudadanía.  Se replantea con una reiteración actualizada en 2013 y 2014 con apoyos multitudinarios del pueblo en las urnas que se abrieron en ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a elegir. Así han venido los catalanes a lo largo del tiempo disponiendo de la libertad de expresión y del derecho de elección, con el largo paréntesis de la dictadura de Franco. Hasta que se les interpuso la naturaleza autocrática armada con la docilidad de unos altos tribunales que fácil hallaron en el Estado de Derecho la normativa idónea para derogar leyes promulgadas por el Parlament catalán preparatorias de la consulta y del eventual tránsito hacia la independencia.

Sí, claro, el Estado de Derecho proveyó las herramientas para devastar los planes de convocar al pueblo a ejercer su derecho de expresión y su derecho a sufragar. Como lo hace Nicolás Maduro, igual Rajoy se abraza al Tribunal que le dio la mano y a partir de ese balón de oxígeno, no hace más que ondear la razón de una interpretación constitucional y de una ley que le sirve. Sí, es cierto que así lo pauta ese Estado de Derecho pero…

EL CONFLICTO ES POLÍTICO, MÁS QUE LEGAL.- Evidentemente, torpe y obcecado, sin el movimiento de cintura que tan necesario como indispensable es en política, Rajoy no entendió que fundamentalmente lo que se vive es una crisis política. Y que ante una crisis política, lo que se impone es abrir los espacios a la negociación antes de que la caldera estalle porque no se le abrieron las válvulas de escape para bajar la presión. Si no, repasemos la historia de Nicolae Ceausescu en Rumanía.

Igual Rajoy prefirió lanzar las huestes policiacas a las calles para imponer su razón por medio de la represión a carga cerrada. Lo que se expresó este domingo fue una nueva edición de la maquinaria represora de Franco. Todo en nombre del Estado de Derecho de que nos habló Kelsen. Es el pulso entre el legalismo autoritario y la desobediencia civil.

Un gobierno desbocado, descontrolado, sordo ante los consejos que le persuadían negociar y ciego ante una realidad más política que jurídica, provocó la deriva de un movimiento comprometido con el reclamo del reconocimiento al ejercicio de derechos cívicos fundamentales hacia una expresión masiva de desobediencia civil. Un gobierno que en nombre del Estado de Derecho se lanzó con agresividad digna de mejor causa a impedir a toda costa la celebración del referéndum convenidamente declarado ilegal. Prohibidas las concentraciones, los actos políticos de promoción, las campañas de inducción, con advertencias para quienes incurrieran en “sedición” y “apología del delito”. Hasta las brigadas de choque de la guardia civil cayeron sobre el sistema informático de la Generalitat para enmudecerlo.

Cuando un gobierno obra así, legitima la rebelión ciudadana.

Qué importa lo que diga el Tratado de Utrecht en punto al reconocimiento de los derechos del pueblo de Cataluña. Ni lo dicho en 2010 por el Tribunal de Justicia de La Haya: “Declaramos que cuando hay una contradicción entre la legalidad constitucional de un Estado y la voluntad democrática, prevalece esta segunda, y declaramos que en una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, no es la ley la que determina la voluntad de los ciudadanos sino que ésta es la que crea y modifica cuando sea necesario, la legalidad vigente”. Ni  las disposiciones de los tratados internacionales referentes a Derechos Humanos suscritos por España. Ni la señalización de Amnistía Internacional del 23 de setiembre: “Las autoridades españolas, además de cuidar el tono de sus declaraciones, deberían resguardar y proteger los derechos a la libertad de expresión y a manifestarse de forma pacífica”. Ni la opinión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respecto a las garantías de no interferencia en el ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión, de reunión y asociación y de participación pública.

RAJOY OXIGENÓ EL NACIONALISMO.- La torpeza de Rajoy le dio nuevo impulso al nacionalismo. La despiadada arremetida contra las manifestaciones en Barcelona alrededor del referéndum desató una ola de repudio en las instancias internacionales. Incluso gobiernos que censuraron las posiciones catalanas, también advirtieron contra la represión policiaca. Unos y otros, además, demandaron a las partes en colisión comprometerse con las negociaciones conducentes al restablecimiento de la paz. Como dijo un portavoz belga “Con la ley, pero no solo la ley”.

Sacar a relucir los vicios, errores y torpezas que hubo en la celebración del referéndum sale sobrando. Porque los hechos demuestran indiscutiblemente que en Cataluña hubo una expresión de voluntad y que ese grito tiene un claro contenido político. Y con los acontecimientos del 1 de octubre, atizado el orgullo de un pueblo que siente reprimida, aplastada por la gorilada, su libertad de expresión.

RESCATAR EL SENTIDO POLÍTICO.- El gobierno y la Generalitat no tienen más que abrirse a negociar.

“Ni la postura que defiende el gobierno del PP ni la vía unilateral del secesionismo”, demandó uno de los dirigentes históricos del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba: “Una solución política debe incluir que votemos, primero juntos, una reforma de la Constitución y que luego los catalanes voten un nuevo Estatuto. Deberíamos defender que se vote sí o no a un nuevo pacto de convivencia entre españoles.”

Es la misma demanda que hacen los más acreditados periódicos españoles, al repartir mandobles hacia un lado y hacia otro. Para quienes desafiaron el Estado de Derecho y para quienes se ofuscaron en el análisis de la problemática y dejaron de ver su contenido esencialmente político. Claro, los medios distantes de la manipulación marionetera, repudiada -incluso a lo interno de la TVE- por los periodistas por la cobertura “parcial y sesgada de los hechos”  en que incurrió la televisora estatal de la que pidieron la dimisión del director de servicios informativos.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista