Buenos Aires, 13 oct (Sputnik). – El juez federal argentino Julián Ercolini procesó el jueves por presunta administración fraudulenta a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, acusada de supuestas irregularidades en la compra de un edificio en 2013 para el Ministerio Público Fiscal que dirige.
«La procuradora Gils Carbó fue procesada por la compra de un inmueble», informaron a Sputnik fuentes judiciales.
En la adquisición del edificio para la Procuración, que costó más de 43 millones de pesos (8,7 millones de dólares en aquel momento), la jefa de los fiscales incurrió como «coautora» en el delito «de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
En su extensa resolución, el juez le impuso a Gils Carbó un embargo de 7 millones de pesos (400.000 dólares) por las «acciones ardidosas» en las que incurrió la funcionaria.
El fallo dio por cierto «un complejo plan orientado a adquirir directamente» para el Ministerio Público Fiscal un edificio en el centro de la capital argentina bajo la «simulación engañosa de una licitación pública».
«Los actos de ejecución de la maniobra desarrollada, enmarcSputnik
da en la administración y cuidado de bienes pecuniarios pertenecientes al Estado, habría sido realizada cuanto menos entre el 17 de diciembre de 2012 y el 15 de julio de 2013, (…) con la intervención dolosa de diversas personas, con roles diferenciados; con abuso de poder; con aprovechamiento –para dar apariencia de legitimidad al acto general– de los canales administrativos», describe el fallo.
PROCESAMIENTOS
El magistrado procesó además a otras cuatro personas.
Entre ellas está el entonces subdirector general de la Procuración, Guillermo Bellingi, apartado de su cargo en abril de este año, y su hermanastro Juan Carlos Thill, acusado de cobrar una comisión de 3 millones de pesos (550.000 dólares al momento) por asesorar en la operación inmobiliaria.
También fue procesado Adrián González Fische, ejecutivo de Arfinsa, compañía vendedora del edificio, que pagó en concepto 8 millones de pesos (1,4 millones de dólares de aquel entonces) a una inmobiliaria que pertenece a Bárbara Jaureguiberry, también procesada, la cual, a su vez, destinó una parte a Thill.
La justicia entiende que Thill avisó de antemano a la inmobiliaria sobre la licitación pública que iba a producirse para que luego se beneficiaran quienes cobraron comisiones.
DEFENSA Y CONTEXTO
En defensa de la procuradora, el abogado Alejandro Rúa señaló que «está probado que Alejandra Gils Carbó no cobró ni se benefició por esta operación, ya que no ingresó dinero a su patrimonio por fuera del salario que como funcionaria judicial de carrera percibe en su cuenta sueldo desde hace 30 años».
Al momento de realizar su descargo, la procuradora también afirmó que «las presuntas irregularidades penales y administrativas se circunscriben a maniobras de Guillermo Bellingi y Juan Carlos Thill».
El progreso de esta causa tiene lugar mientras el Gobierno de Mauricio Macri ha manifestado su interés de remover a Gils Carbó.
La fiscal, quien asumió su cargo en agosto de 2012 durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), advirtió que emprendería acciones legales si el Ejecutivo proseguía en su intento de destituirla.
La titular del Ministerio Público Fiscal solo puede ser cesada a través de un juicio político en el Congreso, según la Ley del Ministerio Público. (Sputnik)
