jueves 29, septiembre 2022
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Plenario aprueba ley que prohíbe participación política de jerarcas del IMAS

San José, 8 Nov (ElPaís.cr).- El Plenario Legislativo aprobó en su trámite de primer debate, un proyecto de ley impulsando por la diputada socialcristiana Rosibel Ramos, que busca eliminar el clientelismo político de parte de los jerarcas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Se trata del expediente de ley 19187, el cual modifica la ley de creación del IMAS y agrega un nuevo capítulo, dentro del cual se establecen una serie de limitaciones a los altos mandos de dicha institución. Estas disposiciones rigen para la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia General, la Subgerencia, los y las Jefas de Área y a las Gerencias Regionales.

La iniciativa no solo prohíbe la participación de estos jerarcas en las campañas electorales, sino que también indica que quienes quieran tener injerencia política deberán dejar su cargo seis meses antes de la fecha de elección popular.

«Es inaceptable que jerarcas con poder de decisión y que manejan gran cantidad de recursos destinados para las familias más pobres de este país, estaban facultados para candidatear sus nombres para puestos de elección popular y para participar beligerantemente en las campañas políticas.  Esta situación, por si misma representa el escenario idóneo para que se desarrolle un posible conflicto de intereses, por no llamarlo «clientelismo político»,  manifestó la legisladora del PUSC, Rosibel Ramos.

Este proyecto de ley fue dictaminado el 8 de abril del 2015 por la Comisión Especial Investigadora de la Región Brunca y ahora deberá recibir una votación más antes de ser enviado al Poder Ejecutivo y convertirse en Ley.

Ramos Madrigal dijo que esta propuesta está respaldada en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual indica que aproximadamente un 37% de las ayudas en efectivo que se otorgan en Costa Rica, son otorgadas a personas o familias que no lo necesitan realmente, y en muchos casos responden a favores políticos. Ese porcentaje equivale a 155.000 personas que son subsidiadas por el Estado y que no están dentro de la línea de pobreza extrema.

«Llegó la hora de que las pretensiones políticas de los jerarcas del IMAS no se mezclen con sus responsabilidades laborales, llevando con ello a maltratar o marginar a quienes son los verdaderos necesitados y premiando a quienes no necesitan de las ayudas de la entidad», comentó la diputada que cuestionó fuertemente a los siete diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) que votaron en contra.

«Aunado a esas cifras que aportó el PNUD, podemos agregar los múltiples señalamientos que hacen los  ciudadanos en cuanto a que en las épocas de campaña política se les amenaza con quitarles o no darles los beneficios que concede el IMAS, si no hacen o votan lo que les indican algunos funcionarios de esa institución», puntualizó Rosibel Ramos.

El nuevo capítulo de la ley del IMAS indica:

CAPÍTULO VII- INCOMPATIBILIDADES

Artículo 32.-            Incompatibilidades

          Los funcionarios que ocupen los cargos de gerencia general, subgerencias, jefaturas de áreas y gerencias regionales del Instituto Mixto de Ayuda Social no podrán participar en las actividades de los partidos políticos; asistir a los clubes ni reuniones de carácter político; utilizar la autoridad o la influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos; colocar divisas en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidista de cualquier género.  Únicamente, podrán ejercer el derecho a emitir su voto el día de las elecciones de la forma y las condiciones establecidas en el Código Electoral.

Artículo 33.-            Prohibiciones

          Se prohíbe a los funcionarios, indicados en el artículo anterior, proponer su nombre para puestos de elección popular.  Para postularse en algún puesto de elección popular no podrán desempeñar su cargo, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.

Artículo 34.-            Sanciones

El Tribunal Supremo de Elecciones será el encargado de investigar y aplicar las sanciones que correspondan  de acuerdo con el artículo 102 inciso 5) de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

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