San José, 29 nov (EFE).- Un caso de supuesto tráfico de influencias conocido como «el cementazo», ha venido creciendo como la espuma en los últimos meses en Costa Rica y ha tomado tintes históricos con la suspensión de un fiscal general y el allanamiento hoy a despachos de diputados y un viceministro.
Costa Rica, un país de larga tradición democrática y donde las instituciones judiciales suelen ser bien calificadas por la ciudadanía, está enfrentando un escándalo de supuesta corrupción que involucra a altos funcionarios de tres poderes y al empresario importador de cemento Juan Carlos Bolaños.
El capítulo más reciente del caso ha ocurrido este miércoles cuando la fiscal general, Emilia Navas, dirigió personalmente allanamientos a las oficinas en el Congreso de los diputados Víctor Morales, separado del oficialista Partido Acción Ciudadana, y Otto Guevara, del derechista Movimiento Libertario y candidato presidencial por ese partido.
También fue allanado el despacho en el Ministerio de Hacienda del viceministro Fernando Rodríguez, así como las casas de los tres funcionarios.
La fiscal ha llevado a cabo estas diligencias con autorización de la Sala III, que es la encargada de tramitar casos contra miembros de los supremos poderes.
Pocas veces en la historia del país se ha llevado a cabo un allanamiento en el Congreso.
«Estoy enormemente conmocionada, creo que desgraciadamente esta trama que tenemos en frente requería de esto», expresó este miércoles la diputada del izquierdista Frente Amplio, Patricia Mora, quien integra la comisión legislativa que investiga «el cementazo».
Si un allanamiento al Congreso es histórico, también lo fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender, el pasado 13 de octubre, al fiscal general Jorge Chavarría, para investigar si ignoró un informe judicial sobre la relación y constantes llamadas telefónicas de los diputados Morales y Guevara con el empresario Bolaños.
A solicitud de Chavarría, la Sala III desestimó la causa contra Bolaños y los diputados.
En lugar de Chavarría fue nombrada Emilia Navas por un periodo de tres meses con posibilidad de prórroga.
También se encuentra suspendido el magistrado de la Sala III Celso Gamboa, quien es investigado por sus nexos con Bolaños y por participar en la desestimación de la causa en contra del empresario.
En lo que lleva en el cargo, Navas ha liderado una serie de allanamientos y logró, el pasado 3 de noviembre, la detención preventiva de Bolaños, del exgerente del estatal Banco de Costa Rica y otros cinco funcionarios bancarios.
«El cementazo» es un complejo caso en el que supuestamente el empresario Juan Carlos Bolaños fue beneficiado con modificaciones de reglamentos y créditos bancarios en condiciones irregulares para la importación de cemento desde China.
El caso plantea aparentes relaciones cercanas entre Bolaños y diputados, exministros y funcionarios del Gobierno del presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, el magistrado Gamboa, altos dirigentes de diversos partidos políticos y funcionarios bancarios.
Bolaños recibió créditos por unos 50 millones de dólares de varios bancos estatales, pero el más polémico es uno de 30 millones de dólares otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR) en condiciones irregulares relacionadas a los desembolsos y al utilizar cemento como parte de la garantía.
También hay serios cuestionamientos sobre la cantidad de cemento importada y sus trámites de almacenamiento en aduanas.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís ha expresado su apoyo al trabajo de la Fiscalía y ha prometido respetar las resoluciones judiciales.
Este caso también tuvo otro episodio histórico el pasado 4 de septiembre cuando Solís compareció ante la comisión investigadora del Congreso para dar explicaciones sobre una reunión que sostuvo con el empresario Bolaños en Casa Presidencial.
Solís ha reconocido que el Gobierno aplicó cambios a reglamentos para flexibilizar los requisitos para la importación de cemento con el fin de romper el duopolio de las empresas Cemex y Holcim y bajar el precio a los consumidores, pero ha negado que lo hiciera para ayudar al empresario.
Muchos consideran este el mayor caso de corrupción en la historia del país, aunque han habido otros escándalos importantes como la condena de cinco años de prisión a los expresidentes Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) por desvío de fondos públicos en casos diferentes.
Sin embargo, tras largos procesos judiciales que comenzaron en 2004 y tras varias apelaciones, Rodríguez fue absuelto en 2014 y a Calderón se le redujo el castigo a tres años en libertad condicional en 2011. EFE
