miércoles 5, octubre 2022
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Senado de México aprueba polémica Ley de Seguridad para que militares combatan el crimen

Ciudad de México, 15 dic (Sputnik).- El pleno del Senado de México aprobó durante la madrugada de este viernes por mayoría el proyecto de Ley de Seguridad Interior, que establece el marco jurídico para que los militares combatan al crimen organizado en tareas de seguridad pública.

Con 76 votos a favor, 44 en contra, tres abstenciones y cinco ausencias, la polémica ley fue aprobada tras 15 horas de debates en la Cámara Alta -integrada por 128 senadores-, informó el presidente del Senado, Ernesto Cordero.

Los sufragios a favor de la ley, que es rechazada por organismos defensores de derechos humanos nacionales y extranjeros, fueron del oficialismo, del voto dividido del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), y el rechazo provino de todas las formaciones de izquierdas.

El proyecto de ley ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados, pero debido a que el Senado realizó cambios a una decena de los 34 artículos, Cordero la turnó de nuevo a la Cámara Baja la mañana de este viernes, para su aprobación final.

Este viernes será el último día del periodo ordinario de sesiones del Congreso y la oposición se prepara para un último intento de frenar el proyecto, presentado por el presidente Enrique Peña Nieto, que espera la aprobación del poder Legislativo para promulgarla.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) , la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las principales redes de organismos de la sociedad civil mexicana alertaron de que la ley conducirá a la «militarización» del país.

La administración de Peña Nieto rechazó ese concepto y dijo que el objetivo principal es contar con un marco jurídico «cuando una amenaza grave a la seguridad interior -como las actividades violentas del crimen organizado- ha hecho indispensable recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas».

El proyecto, que está en su fase final de aprobación legislativa, es «ambiguo» y contiene una definición «excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta», advirtieron organismos de derechos humanos de la ONU.

Expertos nacionales, también están preocupados por el posible uso excesivo de la fuerza contra las protestas, que se podrían desatar en el marco del año electoral 2018.

La guerra frontal contra el crimen organizado ha dejado en una década «un saldo de 213.000 homicidios dolosos y más de 30.942 personas desaparecidas», entre graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares, según un nuevo balance de la red mexicana «Seguridad sin guerra», que integran casi 300 organizaciones civiles y especialistas. (Sputnik)

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