San José, 8 Feb (ElPaís.cr).- Luego de una reunión del Presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, con los nueve Jefes de fracción del Congreso, se determinó que la Comisión Especial que analizará el levantamiento de la inmunidad del Magistrado (suspendido) de la Sala Tercera, Celso Gamboa, estará conformada por el Frente Amplio (FA), Acción Ciudadana (PAC) y Liberación Nacional (PLN).
La forma en que se integrará la comisión fue anunciada por Ramírez de Renovación Costarricense (PRC), quién explicó que será así porque esas son las tres bancadas que cuentan con más curules en la Asamblea.
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Por el momento, la comisión no ha sido integrada ya que la solicitud formal no ha llegado a la mesa del Directorio Legislativo, pero Ramírez dijo que si llega en las próximas horas, el Plenario procederá el siguiente lunes.
En el PLN y el FA, aún no han definido quién será la persona que irá a la comisión, mientras que en el PAC están valorando como principal opción a Marvin Atencio Delgado.
Los Jefes de fracción acordaron darle prioridad a este tema una vez que la notificación de la Corte Plena arrive el Plenario, esto con el fin de acelerar el procedimiento y decidir si corresponde o no, el levantamiento del fuero del que goza Gamboa y los demás integrantes de los Supremos Poderes.
La Corte Plena aprobó esta solicitud el lunes anterior de forma unánime y en una sesión privada, en la cual 22 Magistrados coincidieron en que, hay demasiadas causas abiertas contra Gamboa como para no procesarlo.
El banderazo de salida de esta solicitud se dio cuando la Fiscal General a.i. Emilia Navas, pidió a la Corte Plena analizar el levantamiento de inmunidad para procesar a Gamboa. Esta solicitud es aprobada o rechazada por los Magistrados, pero el órgano competente es el Congreso, ya que ahí también es donde se nombran estos funcionarios.
A finales del año anterior, la Corte Plena acordó abrir seis procesos disciplinarios contra Gamboa, quién es acusado actualmente por los delitos de: incumplimiento de deberes, prevaricato, faltas al deber de probidad, tráfico de influencias, abuso de autoridad, cohecho y ocultamiento de pruebas.
