jueves 1, diciembre 2022
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Hacinamiento carcelario baja pero genera choques institucionales

San José, 20 feb (EFE).- Costa Rica ha logrado reducir el hacinamiento carcelario del 50 a cerca del 25 % en los últimos tres años, pero el problema sigue generando choques entre entidades del Poder Judicial y el Ejecutivo por la custodia de los privados de libertad.

La polémica más reciente se generó el lunes cuando el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, se quejó en una conferencia de prensa de que el Ministerio de Justicia no está cumpliendo con llevar a los reos a las cárceles.

Según Espinoza, las celdas de detención temporal del OIJ se encuentran abarrotadas e incluso las personas pasan hasta semanas recluidas allí.

El director del OIJ manifestó que las celdas del organismo están creadas para retener personas durante uno o dos días máximo, por lo que la misma entidad ha tenido que interponer recursos de hábeas corpus para que los detenidos sean llevados al sistema penitenciario.

La queja del funcionario se originó tras la muerte de un hombre en una de las celdas del OIJ en la provincia de Limón a causa de una agresión por parte de otro de los presos con los que compartía el espacio.

El ministro de Justicia, Marco Feoli, salió al paso de las declaraciones de Espinoza y aseguró que el problema surge de resoluciones de jueces que han ordenado que 14 de los 17 centros penales del país no reciban más reos debido al hacinamiento.

Los datos mas recientes del Ministerio de Justicia, al 1 de enero pasado, indican que las cárceles del país tienen una capacidad para 10.701 personas y albergan permanentemente a 12.615 hombres y 695 mujeres, para un exceso de población cercana al 25 %.

Hay otros 936 en centros juveniles y 4.276 reos en «programas semiinstitucionales», que consisten en dormir algunas noches en prisión.

Según el Ministerio de Justicia, en el actual Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís se han construido cárceles por primera vez en 17 años.

Las tres nuevas cárceles tienen una capacidad para 1.600 privados de libertad.

Por otra parte, en marzo próximo se habilitarán 400 espacios más en dos nuevos ámbitos de la prisión Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, y en ese mismo mes comenzará a operar la Unidad de Atención Institucional de Pococí (Caribe), donde habrá campo para 640 personas, explicó el Ministerio.

Además, en diciembre próximo abrirá la nueva cárcel de Alajuela (centro) con espacio para 600 personas.

Con estas obras el Gobierno espera aliviar la situación sin dejar de apoyar medidas alternativas a la cárcel que han sido duramente criticadas por líderes de oposición política, algunos medios de comunicación y sectores de la sociedad.

Entre estas acciones se encuentran la utilización de dispositivos de seguimiento GPS, programa en el que participan por el momento unos 500 reos, y otras más polémicas como los programas semiinstitucionales o la libertad condicional.

El Congreso de Costa Rica aprobó a inicios de febrero un proyecto de ley que habilita el trabajo comunitario para que cierto tipo de condenados por delitos no violentos cumpla su pena fuera de prisión.

La ley establece que podrán optar por el trabajo comunitario los sentenciados a menos de 5 años de prisión, que al cometer el delito no hayan utilizado armas o violencia, que no cuenten con otros antecedentes penales y que el delito no esté tipificado como crimen organizado, de carácter sexual o contra la vida.

El ministro Feoli ha calificado esa ley como «un avance gigante», ya que los jueces «contarán con un nuevo elenco de sanciones que favorecerán la reinserción social».

Las acciones tomadas por el Gobierno para reducir el hacinamiento, favorecer la reinserción social y mejorar las condiciones de los reos, fueron destacadas en octubre pasado en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

El informe expresa que las medidas impulsadas por el Ministerio de Justicia constituyen «prácticas ejemplares para la región que garantizan los derechos humanos de las personas privadas de libertad».

La Comisión reconoció «la importancia de la reducción del uso de regímenes cerrados, humanización de los centros penales, y creación de la oficina de reinserción pospenitenciaria». EFE

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