De cal y de arena
La corrupción nace, crece y florece en hombros del deterioro de los valores de la sociedad. Como patología social, está presente en todos los segmentos del conglomerado. Los elementos constitutivos de su presencia y expresión–el corruptor y el corruptible- consolidan su imperio por la gracia del silencio social. Dentro de lo que fue –y es- la mafia eso se denominó la omertá, esto es, la ley del silencio que se impone como sagrado deber cuya violación tiene el precio de la vida, a fin de garantizar que sus ilícitas actividades estén protegidas por la coraza que invisibiliza, que silencia. La omertá, regla de oro de la Cossa Nostra.
Los estudiosos del problema advierten la perniciosa “virtud” de la corrupción de profundizar y agravar la quiebra de los valores de la sociedad y la deslegitimación de la institucionalidad sobre la cual ésta se asienta. Sus ramificaciones, pues, están regadas por el cuerpo social con todos los efectos perniciosos que ello implica para el Estado, sus instituciones y la sociedad civil.
En la misión de preservar el orden público y de hacer cumplir las leyes que penalizan la corrupción en sus distintas formas y manifestaciones, el Estado tiene por delante una descomunal tarea: en Costa Rica existe una legislación dictada específicamente para combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Su utilidad, su eficacia, su valía como herramienta represiva está en mucho ligada a la integridad del funcionario a cargo de su instrumentalización y del ciudadano dispuesto a coadyuvar con la denuncia y la presión para que haya sanción del delito.
La legislación se ha quedado corta ante la violenta propagación del tumor, también y en mucho, por los ámbitos de la empresa privada.
El mal tiene un aliado: el silencio de la gente –la omertá de las mafias-.
Ante la corrupción no se debe ser ni neutral ni indiferente ni desentendido. Rendirle culto a la regla de la probidad atañe a todos, en la función pública y fuera de la función pública. Cerrar los ojos, taparse la boca o hacerse el sordo ante las conductas visiblemente identificadas con la corrupción es facilitar la ruina de la institucionalidad.
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La corrupción clavó sus potentes y afilados garfios en ese poderoso instituto rector del fútbol a nivel mundial, la FIFA. Sus zarpazos llegaron hasta las cumbres de la Federación Costarricense de Fútbol. Así lo ha develado la Fiscalía de los Estados Unidos en sus acciones persecutorias del manejo corrupto de fondos públicos: concretamente el anterior presidente de la FEDEFUTBOL, Eduardo Li, y “otros oficiales” de ella (lo publica el diario La Nación el 23/02/18) se coludieron para incurrir en una figura delictiva en concreto (Li ha admitido su delincuencia en otros hechos y no se conoce ningún “valiente” que se haya atrevido a decir que la cadena no tiene más eslabones y más capítulos).
Los hechos son graves, de secuelas funestas dada la arraigada presencia social que tiene el fútbol. Como graves son, también, las elucubraciones que se han hecho para alegar que nadie, que ningún compañero de Li en el directorio (a saber si no compinches en ese desenfrenado tren de vida que financian las riquezas de la FIFA) se haya dado cuenta de las matráfulas del nuevo “Corleone”. ¿Cómo es eso de que nadie vio ni olió ni escuchó los manoseos de Li, y que se intente vender la idea de que este individuo gobernaba el ente rector de nuestro fútbol con criterios zaristas, de cara a un comité ejecutivo que nunca vio nada malo?. Con estos ejemplos, ¿están esos señorones dando el buen ejemplo a las nuevas generaciones?.
El hecho de que se trate de un ente público no estatal con las características propias de una asociación, no le exime del deber de atender los principios de probidad, idoneidad, transparencia y vigilancia que deben inspirar toda correcta y sana administración.
Preocupante es que el maremoto de casos de corrupción no haya cerrado su ciclo rompiente. Lo del cemento chino y los otros expedientes abiertos en la Asamblea Legislativa no son sino eslabones que se agregan a la larga cadena de asaltos a los fondos públicos destapados en años precedentes y que –como está constatándose ahora también- se agranda con los saqueos a las cajas de empresas privadas. ¿Qué falta destapar en el mundo de las cooperativas que meses atrás se estremeció con las indagaciones del Ministerio Público?.
Nos ahoga la crisis de valores en su apogeo desde que perdimos el culto a la probidad, a la idoneidad, a la transparencia, al deber de vigilancia, al deber de rendir cuentas.
(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista
