martes 29, noviembre 2022
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Sobre el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial: El parecer de un juez

Lo que a continuación voy a exponer es algo que vengo sosteniendo desde hace años. La primera evidencia escrita de mi posición consta en el expediente legislativo N° 19.369. Aunque soy del criterio de que constitucionalmente nada exige a la Asamblea Legislativa llevar a cabo un concurso para elegir a quienes integran la Corte Suprema de Justicia, en el 2.014 participé en un proceso de selección de ese tipo y, entonces, al formular mi postulación al cargo, plantee que debía no sólo establecerse un tope para las jubilaciones y las pensiones judiciales, sino que también debían reducirse el aporte obrero y el patronal para el Fondo especial que aquí interesa. En aquel momento sostuve que en compensación, podría idearse alguna forma de fortalecer el régimen obligatorio de pensiones complementarias (ROP).

Destaco lo anterior porque deseo dejar claro que mi planteamiento no surge ahora, cuando miles sienten ya el filo de la hoja que está por (prácticamente) eliminar el privilegiado (estoy consciente del significado de esa palabra) Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Asimismo, quiero externar que las ideas que de seguido compartiré, ya las había planteado a los dos gremios propios de la judicatura, a los que pedí desde hace meses que consultaran a sus bases su criterio sobre las mismas. El silencio fue su respuesta a mi petición.

Dicho eso, paso ahora a exponer lo que creo. En primer lugar, desde mi punto de vista no hay justificación alguna para que el Estado, en su condición de patrono (es decir, como Poder Judicial), aporte por cada persona a su servicio casi un 14% al referido Fondo, mientras que quienes trabajan en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Electoral reciben del mismo Estado-patrono apenas poquito más del 5% como cuota patronal. Esto es, para mí, claramente violatorio del principio constitucional de igualdad y no dudo que pronto será objeto de discusión en la jurisdicción especializada en la materia.

Ante tal señalamiento, hay quienes responden que el mayor aporte que recibimos en el Poder Judicial por parte de nuestro empleador, se debe a que nuestra cuota obrera es también mayor. En mi criterio, eso concierne solamente al grupo de empleados y empleadas judiciales, pues incide sobre el salario de cada quien, pero no es problema del Estado, que como patrono es el mismo para todas las personas que trabajan en los cuatro Poderes (otra cosa es la cuota que el Estado paga para toda la población trabajadora –tanto del sector privado como del público- como aporte estatal). Además, la crítica a mi planteamiento deja sin responder por qué tal mayor aporte obrero obligaría a una mayor cuota patronal, cuando ésta se financia con el presupuesto nacional, que es la misma fuente con la que se paga la que corresponde aportar a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Electoral.

En segundo lugar, creo que al dejarse sin justificación la cuota que aporta el Poder Judicial, entonces desaparece la excusa para que sus servidoras y servidores  paguemos una cuota obrera que hoy día equivale a casi tres veces la que corresponde a quienes laboran para los otros Poderes. Actualmente aportamos el 11% de nuestro salario bruto y con la reforma pasaremos a pagar cuando menos un 13%, lo que implica, en la práctica, una reducción adicional de nuestra liquidez en un 2%.

Es público y notorio que ha habido casos que aún cuando legalmente tengan respaldo, no pueden ser catalogados más que como abusivo. Ello justifica la reforma del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. La supresión de los topes en los beneficios jubilatorios y el otorgar éstos como si se tratara de un régimen de capitalización individual cuando se supone era de reparto, son dos de las principales causas de la crisis que se vive. De allí que estoy de acuerdo con que se modifique el régimen. Pero eso es una cosa y otra es llegar a una situación en que con contribuciones tan altas por parte del patrono y de los trabajadores, se obtenga, al final, a un beneficio jubilatorio apenas un poco mejor que el que obtendríamos si cotizáramos para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que administra la Caja Costarricense de Seguro Social.

En este estado de las cosas, pretender que servidores y servidoras judiciales debamos permanecer encadenados al Fondo de comentario, es casi como legalizar el enriquecimiento injusto del mismo. Esto porque se nos exigiría pagar tres o hasta cuatro veces más de lo que aportan quienes cotizan para la Caja, cuando al final de cuentas nuestros beneficios jubilatorios no serían tan diferentes. Cierto es que hay que pensar en quienes ya gozan de jubilación o pensión, así como en quienes están en la “zona segura” de los dieciocho meses previos a cumplir los requisitos para gozar de su beneficio jubilatorio. Pero también hay que pensar en todas aquellas personas que estamos lejos o lejísimos, de siquiera solicitar el estudio para jubilarnos.

Ante un panorama como el presente, es mi parecer que en lugar de permanecer en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, lo que debemos hacer es trasladarnos al único universal establecido en la Constitución, cual es el IVM. Precisamente por la forma como es concebido este régimen en la Carta Política, estimo que no se requiere de autorización legal alguna para realizar dicho traslado. El desmejoramiento de nuestra condición económica (que obtengo de ponderar la disminución de nuestra liquidez y la magnitud del aporte obrero frente al eventual beneficio jubilatorio), considero que es suficiente justificación para trasladarnos del Fondo al IVM.

Con el ahorro presupuestario que significaría reducir el aporte del Poder Judicial (en su condición de Estado-patrono) de cerca de un 14% a poco más de un 5%, podrían obtenerse los recursos para mantener el beneficio jubilatorio a quienes ya lo ostentan, por lo que no debería significar mayor desbalance para el Estado mantenerles en el Fondo. Además, las cuotas patronales ya pagadas, se mantendrían en dicho régimen.

En cambio, del Fondo judicial debe trasladarse a la Caja Costarricense de Seguro Social lo correspondiente a las cuotas obreras de quienes se trasladen al IVM. Además, a las personas que efectúen ese cambio, debería devolverles la diferencia entre lo pagado como cuota obrera para aquel Fondo y lo que debían aportar al IVM. Esta devolución podría efectuarse mediante depósito al ROP o al Fondo de Capitalización Laboral (FCL), lo que significaría una importante inyección de recursos en un régimen de ahorro individual.

Considero que lo anterior favorecería significativamente la liquidez de servidores y servidoras judiciales. Con la liberación de un porcentaje importante del salario, se puede generar una mayor afiliación a la asociación solidarista, así como a distintas cooperativas. Además, puede incentivarse la contratación de fondos de pensiones voluntarios o simplemente capitalizar ahorros en el sistema bancario. Esto es particularmente importante ahora, cuando parece estamos cerca de experimentar un significativo incremento de nuestra carga tributaria.

A propósito de esto último, sé que se está promoviendo la participación de empleados y empleadas judiciales en la protesta ciudadana convocada para el 25 de abril. Conmigo no cuenten.

Aparte de que me parece errado aprovechar la manifestación contra la reforma fiscal para cuestionar la reforma de las jubilaciones del Poder Judicial, creo particularmente desacertado el momento de hacerlo. Por razones que no viene al caso comentar aquí, lo cierto es que hay importantes cuestionamientos sobre la administración de justicia que hacen inconveniente salir a las calles en busca de apoyo para una causa que no sólo estimo indefendible, sino que tampoco goza del favor popular. A ello debe aunarse que está muy fresco el recuerdo de la anterior huelga (a la que tampoco me sumé), de tan ingrata memoria.

Coincido con la tesis de que el plan de reforma tributaria es mejorable, pues pareciera muy recargado sobre las personas asalariadas. En ese sentido, claro que es motivo de preocupación y es legítimo que esta se haga saber a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo. Pero ello no niega que hay problemas fiscales que urge atender.

Lo que no entiendo es cómo se puede convocar a la población judicial para protestar por la reforma y al mismo tiempo pretender sostener un régimen jubilatorio que implica una carga tan grande para el presupuesto nacional. Me parece un contrasentido y por ello no voy a apoyar la convocatoria.

Finalmente, me permito expresar que en lugar de apoyar manifestaciones, los gremios deberían tratar de facilitar el traslado de funcionarios y funcionarias judiciales al IVM, así como también de construir un mecanismo que asegure el pago de la jubilaciones y pensiones ya otorgadas y que garantice los derechos de quienes ya están en la anteriormente mencionada “zona segura”.

Ese es mi parecer … que sé ahora es compartido por muchos jueces y muchas juezas.

(*) David Alberto Fallas Redondo, Juez de Apelación de Sentencia Penal

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7 COMENTARIOS

  1. Excelente planteamiento. Con lo único que difiero es con el destino que debe darse a la diferencia del aporte obrero, en caso de traslado al IVM. Ese dinero es el resultado de años de rebajas al salario de cada trabajador, y cada uno debe decidir en qué debe invertirlo. No se puede exigir entregarlo a la banca privada. No obstante, a lo sumo podría llegar a ser parte del FCL,a fin de que en caso de una eventualidad se pueda contar con ese fondo de forma oportuna.

  2. Excelente comentario, como cuesta encontrar esa honestidad ante las situaciones buenas, pero injustas, que nos rodean. Gracias por dar esperanza de que no todo se ha perdido.

  3. Nada que ver. El razonamiento expresado en el presente artículo es similar al externado por los liberales ya conocidos en el país y que son acérrimos enemigos de este tipo de regímenes sustentados en el principio de solidaridad. El aporte del Estado al Régimen mayor que el de otros trabajadores del sector público es en su condición de patrono, pues estamos en presencia de un Régimen tripartita. En tal sentido el aporte forma parte del salario del trabajador, quien conjuntamente con el
    patrón destinan esos aportes a un Fondo de Jubilación especial. La otra cuota del estado es menor y es igual al resto de trabajadores.

  4. Osvaldo, lo que pasa es que para entender lo que expresé hay saber en qué consiste un régimen tripartita. En el Poder Judicial por ley especial opera el Régimen de Jubilación y es de esa naturaleza. Desde su creación el Estado en su condición de patrono aporta la misma cuota que el trabajador ( actualmente un 11 por ciento) ambas cuotas se deducen del salario del trabajador y se destinan al Fondo de Pensiones de dicha institución. Este Fondo tiene la finalidad de ser un ahorro que al ser capitalizado es el que da sustento a la pensión del trabajador al retirarse. Pero además de esas dos cuotas el Estado aporta un monto similar al que deposita para restantes regímenes de pensiones . Esta cuota menor también es deducida de los salarios de los trabajadores. Ahora bien, lo que hace diferente al Régimen del Poder Judicial es , precisamente, el ser tripartita, y estar sustentado en un principio de solidaridad al igual que funciona el sistema de seguridad de la CCSS. El de mentalidad liberal y que es, por lo general, individualista por supuesto que no acepta este tipo de sistema.

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