Bogotá, 24 abr (Sputnik).- El grupo armado colombiano EPL indicó a través de un comunicado que desde este martes y hasta el jueves permitirá que los pobladores de once municipios de la región del Catatumbo (noreste), en la frontera con Venezuela, puedan abastecerse de alimentos y abrir sus comercios en medio del paro armado que sostiene con el ELN.
«En solidaridad, y como un gesto humanitario, permitimos a la comunidad general del Catatumbo reabastecerse y abrir sus comercios a partir de las 6:00 A.M. (11.00 GMT) del día martes hasta las 6:00 P.M. (23.00 GMT) del día jueves», señaló la organización en un comunicado conocido este martes, pero con fecha del lunes.
De acuerdo con el Ejército Popular de Liberación (EPL), la tregua se da en respuesta a las peticiones hechas por las comunidades en una asamblea que se cumplió el pasado domingo en el municipio de El Tarra, en la cual indicaron que los alimentos se deterioran y pierden en las bodegas en medio del paro armado que desde hace una semana mantiene ese grupo armado en la región.
En su comunicado el EPL negó que busque amedrentar a la población civil y violar el Derecho Internacional Humanitario con acciones como las que se le han atribuido, entre ellas atentar contra la misión médica, y dijo que su objetivo es combatir al que ahora es su principal enemigo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
«Referente a la exigencia del levantamiento del paro armado por petición de las comunidades, nuestra organización tiene toda la voluntad de levantarlo, siempre y cuando el ELN deje de hostigar nuestras tropas y amenazar a la población civil y líderes de la región, por tal motivo el paro continúa», agregó el EPL.
Por último señala que el paro armado se da debido a la «falta de voluntad por parte del ELN en buscar una salida política dialogada a las diferencias entre las dos organizaciones», y advierte que después de las 18.00 hora local del jueves habrá restricciones para el comercio y el abastecimiento de víveres.
Los enfrentamientos entre el ELN y el EPL se registran desde hace un mes por el control territorial para la siembra de coca y las rutas del narcotráfico, lo que ha generado una crisis humanitaria que afecta a 144.000 personas.
Según la Defensoría del Pueblo, esa población tiene «graves restricciones de acceso a servicios, bienes básicos y limitaciones a la movilidad», mientras que «2.819 personas han tenido que desplazarse y no cuentan con garantías para su retorno».
Por otro lado, 44.829 niños y niñas «se han visto obligados a suspender su jornada educativa» desde la semana pasada debido a dicho paro armado. (Sputnik)
