San José, 14 Jun (ElPaís.cr).- El Plenario Legislativo aprobó este jueves con el respaldo de 51 diputados y diputadas de todas las fracciones políticas, una moción para posponer todos los asuntos de la agenda del día y abrir un debate reglado sobre un informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), que eximió al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, de toda culpa en el caso relacionado con el cemento chino.
La moción fue rechazada únicamente por el diputado Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), quien considera que el Congreso debería optimizar el tiempo en labores más importantes y que son únicamente de su competencia.
Integrantes de casi todas las bancadas cuestionaron el trámite que se le dio al expediente y aseguran que estuvo rodeado de «secretismo» y «errores legislativos», tanto en el Directorio anterior como en el actual.
El informe de la Procuraduría determinó que el exmandatario no incurrió en ningún delito ni participó de forma directa en la posible corrupción que rodea el cementazo y que sigue siendo investigada por la Fiscalía de la República.
Este informe pudo haber sido apelado dentro del plazo permitido por cualquier partido político representado en el Congreso, pero tras la ambiguedad del proceso, el informe que indica que Solís Rivera no faltó a su deber de probidad quedó en firme.
Durante el debate de esta tarde que se extendió por aproximadamente 65 minutos, algunos congresistas reclamaron la imposibilidad del actual plenario para revocar el informe por falta de tiempo, también se dijo que supuestamente estuvo extraviado e incluso escondido.
El expediente llegó al Directorio Legislativo el jueves 27 de abril de este año, pero debido en la siguiente sesión que se llevó a cabo el lunes 30 de abril, el entonces Presidente de la Asamblea, Gonzalo Ramírez, no comunicó sobre la llegada del documento aunque solo tenían tres días para hacer apelaciones.
El informe se mantuvo oculto hasta el cierre del periodo, por lo que en la recta final de la legislatura anterior, Ramírez habilitó una sesión extraordinaria del Directorio en la cual se declaró confidencial.
Posterior a esto, la actual Presidenta del Directorio, Carolina Hidalgo, tampoco entregó el informe ya que se había declarado secreto y no fue sino hasta el 28 del mes anterior que una copia del informe de la Procuraduría fue entregado a cada diputado y diputada en un sobre cerrado.
Ya que en el Plenario solo se habilitó poco más de una hora para esta discusión, varias bancadas solicitaron que se llame a comparecer a los responsables del caso, ya que hasta el mismo Luis Guillermo Solís, pidió investigar esta situación.
