jueves 6, octubre 2022
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Asociación de jueces busca conformar comisión para reformar Poder Judicial

San José, 18 Jul (ElPaís.cr).- La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), puso sobre la mesa de discusión nacional una propuesta para crear una comisión mixta en la Asamblea Legislativa, que se encargue de reformar debidamente el funcionamiento del Poder Judicial.

El plan surge luego de que este Poder de la República se viera inmerso en una serie de situaciones polémicas, las cuales llevaron incluso al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, a dejar su cargo para acogerse a su jubilación, esto en medio de un proceso interno ligado al caso del cemento chino.

No obstante, Chinchilla no es el único jerarca o funcionario cuestionado actualmente dentro del Poder Judicial, sino más bien otra ficha del ajedrez político que se está tambaleando. Actualmente, existen otros tres Magistrados de la Corte Suprema que fueron sancionados y cuestionados por la Corte Plena, además, Berenice Smith, la exfiscal subrogante tuvo que dejar su cargo al igual que el exfiscal general, Jorge Chavarría.

«Uno de los principales proyectos a discutir es el cambio en el sistema de elección de magistrados y magistradas con el propósito de despolitizar esa decisión y cederla a un  Consejo independiente que también se encargaría de vigilar
la labor de esos funcionarios», expresó la Asociación de jueces en un comunicado.

Acojud explicó que la idea es que la comisión este conformada por cuatro integrantes electos por el Colegio de Abogados de Costa Rica, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), Acojud y la Corte Suprema de Justicia.

«El mecanismo se haría mediante el artículo 91 del reglamento legislativo y según explicó la presidenta de la asociación, Adriana Orocú, la comisión debería estar integrada por 9 diputados (con voz y voto) y 4 miembros externos designados en calidad de asesores, quienes tendrán voz, pero no voto», indicaron.

La Asociación dejó en firme que el grupo deberá sesionar las veces que sean necesarias y tendría un plazo de seis meses para presentar un informe final con la propuesta de la reforma.

Esta recomendación se da en un momento histórico en que la creedibilidad del Poder Judicial se ha puesto en jaque, por los constantes cuestionamientos a su legitimidad e institucionalidad.

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