San José, 31 Jul (ElPaís.cr).- El diputado y Presidente de Restauración Nacional (PRN), Carlos Avendaño, hizo temblar la estructura interna de su propio partido, al presentar una denuncia ante la Fiscalía de la República para que se investigue la supuesta estructura paralela de financiamiento.
Lea también: División en partido evangélico de Costa Rica por supuesta estructura paralela
Avendaño aclaró que él no denunció directamente al excandidato Fabricio Alvarado ni a ninguno de sus compañeros, aunque sus nombres salieron a relucir como presuntos integrantes de dicha estructura.
La denuncia pretende que se ahonde en el financiamiento de pago de servicios, alquileres y otros gastos que el PRN incurrió durante la campaña electoral y que aparentemente, no fueron costeados con recursos del propio partido sino de forma irregular.
El proceso inció el pasado 25 de julio, cuando la denuncia que se centra en un tema que había perdido protagonismo en los meses recientes, llegó a las filas del Ministerio Público.
En los días previos y posteriores a la segunda ronda electoral, la supuesta estructura paralela de financiamiento dentro de Restauración Nacional motivó títulos y noticias en diferentes medios de prensa, así como también múltiples críticas en redes sociales.
Luego de que el PRN logró posicionar a 14 diputados y diputadas en el Congreso, parecía que este tema caía en un letargo ante las autoridades, sin embargo una de las personas que representa al partido en el Primer Poder de la República, fue quien lo revivió ante la Fiscalía, los medios y la opinión popular.
Avendaño sostiene su idea de que él no se enteró de ninguno de los negocios aparentemente irregulares que se realizaron y que él no puede determinar si hubo o no un delito de por medio; razón por la cual interpuso la denuncia.
El accionar de este diputado ha generado malestares y confusiones en algunos y algunas de sus compañeras de bancada legislativa, quienes consideran incluso, que hay inconsistencias en la teoría del Presidente de su agrupación política.
El fundamento legal expone ante el Ministerio Público que se incurrió en dos infracciones al Código Electoral. Se trata de un delito sobre las contribuciones privadas (artículo 274) y un delito por recibir contribuciones privadas ilegales (artículo 275).
Cabe recordar que la legislación electoral de Costa Rica indica que las personas jurídicas nacionales o extranjeras no pueden hacer donaciones a partidos políticos, y en este sentido, las sanciones van desde multas económicas hasta penas de dos a cuatro años de cárcel.
La Fiscalía señaló que por el momento no hay imputados, únicamente sospechosos.
