Guatemala, 17 ago (EFE).- A la experta en documentos desclasificados e investigadora sénior del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kate Doyle, la tomó por sorpresa el cambio en la coordinación del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala.
Este acervo, hallado hace 13 años en las ruinas de un edificio dentro de un complejo policial donde ocurrieron graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado entre el Ejército y la guerrilla entre 1960-1996, se encuentra en una «incertidumbre», porque a inicios de agosto el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) decidió no renovar contratos a la coordinación.
Para la investigadora y conocedora del proceso de recuperación del Archivo de la Policía de Guatemala los cambios repentinos del PNUD en la institución archivística obedecen a «motivaciones políticas».
Doyle comentó a Efe en una entrevista telefónica que el PNUD no ofreció ninguna explicación sobre los cambios al consejo consultivo del Archivo Histórico, del cual ella forma parte, lo cual le da una «sensación de falta de certeza».
Saber que no han renovado al excoordinador Gustavo Meoño y a la ex directora nacional Anna Carla Ericastilla «no me da una sensación de certeza o de que el cambio contribuya al desarrollo del archivo», sostuvo.
El pasado 3 de agosto, Meoño confirmó a Efe que el PNUD había decidido no renovarle su contrato que, en el papel, había expirado tres días atrás, pero que este era un procedimiento que solía suceder con cada renovación, como las que había tenido durante más de 13 años al frente de la institución.
En las ventanas del edificio abandonado donde fue hallado el Archivo de la Policía Nacional asomaba un mar de documentos que fueron calificados por el exministro de Gobernación de la época, Carlos Vielmann, como «un montón de papeles viejos».
Eran, en realidad, 80 millones de documentos en malas condiciones de conservación que daban cuenta del grueso de la historia policial guatemalteca, desde 1881 hasta 1996, cuando fue encontrado por la Procuraduría de los Derechos Humanos, que realizaba una revisión en busca de artefactos explosivos por una denuncia de los vecinos del sector.
En este tiempo, los documentos han sido levantados, limpiados, organizados y el 21 por ciento del total ha sido analizado y digitalizado para el acceso al público.
A Doyle le preocupa el silencio que hubo al respecto del cambio en el PNUD, pues «no explican, no justifican las acciones abruptas y nos dejan igualmente confundidos y preocupados porque no nos ayudan a entender las razones por esta decisión repentina».
Considera que el equipo del ente documental, que ha variado en tamaño y personal durante estos 13 años, «desde el principio se ha comprometido y dedicado mucho esfuerzo, pensamiento y consideración en cómo desarrollar este tesoro patrimonial de Guatemala de manera responsable y respetuosa».
Una maravilla que ha aportado, además, a los procesos de justicia sobre el conflicto armado que vivió el país centroamericano entre 1960 y 1966 o a los experimentos médicos con humanos de los años 40.
Doyle acepta que las instituciones «son perfectibles», pero advierte que para hacer un cambio drástico como es la dirección de un sitio «hay un camino de consulta», pero no ve «a la forma de la intervención del PNUD ni responsable ni correcto».
La no renovación de Meoño y Ericastilla, un activista de derechos humanos y exmiembro de la guerrilla y la todavía directora del Archivo General de Centroamérica, respectivamente, es una «clara intervención» en un sitio que juega «un papel profundo en la recuperación de la memoria histórica de Guatemala».
Como Doyle, otras voces a nivel internacional y local han manifestado su consternación por la intervención al Archivo Histórico de la Policía Nacional, como Impunity Watch, Abogados Sin Fronteras o la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, quienes se preguntan si la supuesta institucionalización -que defiende el PNUD- no es en realidad un «intento por debilitar» la memoria nacional. EFE
