sábado 1, octubre 2022
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Organizaciones de DD.HH acusan a Jimmy Morales de violar orden constitucional

Guatemala, 4 sep (EFE).- La Convergencia por los Derechos Humanos, donde están aglutinadas una decena de organizaciones, dijo hoy que la decisión del presidente Jimmy Morales de prohibir la entrada al país del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, viola el orden constitucional.

En un comunicado, este colectivo denunció al mandatario por «violar las disposiciones de la Corte de Constitucionalidad y con ello romper el orden constitucional al valerse de fraude de ley para adoptar disposiciones ilegales».

Jimmy Morales, quien la semana pasada anunció la decisión de no renovar el mandato de la Comisión -que vence en septiembre de 2019-, dio a conocer este martes que prohibió la entrada de Velásquez por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, la paz, la justicia, la gobernabilidad y el orden nacional.

Ante ello, las organizaciones ven en este un nuevo «acto de arbitrariedad» que socava el esfuerzo de lucha contra la corrupción y la impunidad y aseguran que el mandatario ha echado mano de «las facultades presidenciales para pervertir el rol del jefe de Ejecutivo y utilizar la figura presidencia como escudo de impunidad».

Además de pedir que se revierta la prohibición de entrar a Guatemala contra el abogado colombiano, las organizaciones llaman a la sociedad a rechazar estas medidas y a ejercer «su derecho a la resistencia».

Entre las organizaciones que firman este comunicado está el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA).

La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la Cicig se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.

Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la Cicig, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder.

ONU dice estar preocupada por veto a entrada del jefe de la Cicig a Guatemala

Washington.- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó hoy su «profunda preocupación» ante la decisión del Gobierno de Guatemala de negar el acceso al país al titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el abogado colombiano Iván Velásquez.

«La Cicig y su titular desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la impunidad en Guatemala. El secretario de la ONU tiene una profunda preocupación respecto a esta decisión», señaló el organismo internacional a través de un comunicado divulgado este martes.

Las autoridades guatemaltecas, que acusan a Velásquez de atentar contra la seguridad y la paz del país, anunciaron la semana pasada, además, que no renovarían el mandato de la Cicig, que vence en septiembre de 2019, por supuestamente sembrar el terror judicial y llevar a cabo investigaciones sesgadas y partidarias.

La nota agrega que Guterres «ha pedido» a Velásquez que continúe con su trabajo al frente de la Cicig desde «fuera de Guatemala» hasta que haya «una mayor claridad» en torno a lo sucedido.

«El secretario general anima al Gobierno de Guatemala a continuar buscando una solución mediante el diálogo», concluye el comunicado.

La Cicig fue creada en 2007 por la ONU y el Gobierno de Guatemala y ha destapado grandes casos de corrupción, entre ellos uno que llevó a la captura del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015).

El Ministerio Público y la Cicig emprendieron una cruzada desde 2015 contra la corrupción y sus investigaciones han salpicado a miembros cercanos al presidente Jimmy Morales, a su partido y a dos de sus familiares más cercanos, su hijo José Manuel y su hermano Sammy, quienes se enfrentan a un juicio por un caso de fraude al Estado en 2013.

La decisión de no renovar la Cicig ha abierto una nueva crisis política, pues algunas entidades nacionales e internacionales ven en ella un paso atrás en la lucha contra la corrupción.EFE

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