Guatemala, 5 sep (EFE).- La cúpula empresarial guatemalteca salió hoy a criticar la investigación de un caso de corrupción, solo un día después de que se conociera que el presidente del país, Jimmy Morales, prohibió la entrada del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez.
En un anuncio pagado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras -también conocido como Cacif- manifestó su «enorme preocupación» por el caso conocido como Igss-Pissa, un fraude al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) destapado por el Ministerio Público y la Cicig.
«El sector empresarial organizado manifiesta su enorme preocupación de que este caso, anunciado como el primer esfuerzo en persecución de la corrupción, sea sustentado ahora sobre tesis legales muy débiles y evidencias inexistentes. Es de separar que la lucha contra la corrupción se enfoque hacia los verdaderos casos», dijo.
En el caso IGSS-Pisa, destapado a mediados del año 2015, también está involucrado el expresidente del IGSS y exsecretario privado del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, así como el entonces director del estatal Banco de Guatemala Julio Suárez Guerra.
Rodríguez y otras 20 personas fueron procesadas desde febrero de 2016 acusados de participar en la adjudicación anómala en diciembre de 2014 de un contrato del IGSS a la empresa farmacéutica Droguería Pisa, por 15 millones de dólares.
Al menos 22 de 104 pacientes remitidos por Pisa fueron infectados al cambiarles el catéter de la diálisis peritoneal.
El sector empresarial argumenta que más de tres años después se está a la espera de una sentencia en esta causa, pero advierte que el fraude en la administración pública «se comete por acción y no por omisión» y asegura no existe «un artificio» para llevar a cabo ese ilícito.
«Una anomalía, la cual es una infracción, no puede homologarse a un artificio», asegura el ente en un comunicado, en el mismo en el que asegura que no se demostró la culpabilidad de algunos de los implicados, vinculados a este sector, como los empresarios Max Quirín o Julio Suárez.
«Tenemos fe y esperanza en que la sentencia que se dictará sea histórica y ejemplar, acorde a esas constancias procesales, para el bien de nuestra Guatemala», concluye este campo pagado, emitido después de conocerse la semana pasada que el Gobierno no renovará el mandato de la Comisión, que vence en septiembre de 2019, por sembrar el terror judicial y hacer investigaciones sesgadas y partidarias.
Jimmy Morales dio a conocer este martes que prohibió la entrada de Velásquez a Guatemala por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, la paz, la justicia, la gobernabilidad y el orden nacional.
La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la Cicig se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.
Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la Cicig, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder. EFE
