San José, 13 Set. (ElPaís.cr).- La Comisión de Seguridad y Nacotráfico dictaminó dos proyectos de ley este jueves para adecuar y modernizar la ley de armas de fuego y explosivos en el país, con el objetivo de combatir el crimen organizado.
En la última década, las tasas de homicidios se han incrementado drásticamente, al punto que la situación es catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una epidemia. Un gran porcentaje de esos asesinatos están relacionados con armas de fuego.
Por esta razón, los legisladores consideraron necesario reformar la ley, principalmente en lo que respecta a los permisos de portación de armas, así como las respectivas penas por no tener las armas inscritas.
De acuerdo a la reforma que deberá ser discutida y aprobada en el Plenario, la sanción por andar un arma sin los respectivos permisos, va de dos a cuatro años de prisión preventiva y si el arma no está inscrita o la portación se realiza dentro de alguno de los supuestos de delincuencia organizada o asociación ilícita, la pena se incrementará un tercio. En el caso de que la persona porte un arma prohibida, la pena será de 4 a 8 años.
“El aumento de las penas es urgente, pues las actuales son insignificantes e insuficientes para castigar a los grupos de crimen organizado. En muchas ocasiones incluso era difícil dictar medidas cautelares como prisión preventiva a personas claramente preparadas para cometer un delito”, explicó la Presidenta de la Asamblea Legislativa y diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC); Carolina Hidalgo Herrera.
Las iniciativas dictaminadas también mejoran el perfil de las personas que por antecedentes delictivos, edad, impedimento físico o mental, no podrán inscribir o portar un arma de fuego.
Dichas reformas también buscan que la ley sea más específica, en cuanto a las armas prohibidas y los espacios donde no está permitido utilizarlas ni portarlas. Por ejemplo, centros educativos y de salud, entidades públicas, establecimientos comerciales, centros recreativos; entre otros.
