Guatemala, 27 sep (EFE).- Un tribunal de Guatemala absolvió hoy de los delitos de genocidio y deberes contra la Humanidad al ex jefe de la Inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez, al considerar que la Fiscalía no consiguió «quebrantar su estado de inocencia».
La presidenta de la Corte, María Eugenia Castellanos, y el juez Jaime González consideraron que el acusado no emitió órdenes ni que hubo pruebas de su participación en el área ixil, donde fueron asesinados 1.1771 indígenas en masacres cometidas en 50 aldeas, aunque la jueza Sara Yoc consideró que Rodríguez, como director de Inteligencia G2, sí era responsable de los hechos.
El Tribunal estimó, además, por unanimidad que en Guatemala sí hubo genocidio y delitos contra la Humanidad contra el pueblo ixil perpetrado por el Ejército en el departamento norteño de Quiché entre 1982 y 1983, durante la administración del entonces presidente de facto, José Efraín Ríos Montt.
Pese a ello, la «falta de plena prueba» provocó que Rodríguez quedara «libre de todo cargo», por lo que, una vez que las víctimas y asistentes desalojaron la sala y la calle frente al edificio, el antiguo jefe de la Inteligencia salió acompañado de su familia e ingresó en su automóvil.
Una decena de personas afines al general retirado le manifestaron su apoyo antes de marcharse, en medio de un fuerte operativo de seguridad, y criticaron que la justicia guatemalteca no «ha sido capaz» de llevar ante sí a «los guerrilleros» y ha permitido que haya «vividores del conflicto».
El jefe de la Unidad de los Casos Especiales del Conflicto Armado de la Fiscalía de los Derechos Humanos, Érick de León, sostuvo que «analizarán» el fallo junto a los querellantes para determinar si presentarán alguna acción para intentar revocar el fallo.
Uno de los abogados de las víctimas, de la Asociación Justicia y Reparación, Santiago Choc, aseguró a Efe que si bien revisarían la sentencia, el Tribunal «se equivocó al ajustarse a la figura de cadena de mando, que no era lo que se buscaba, pues el acusado tenía calidad de asesor del alto mando (…), él definió a quién debía perseguir el Ejército».
Al salir, Rodríguez dijo que, por segunda ocasión en cinco años, dos tribunales distintos lo consideraron inocente de un proceso «que fue idéntico, con los mismos testigos, las mismas pruebas y los mismos peritos» y añadió que se sentía insatisfecho porque se volvió a considerar que hubo genocidio, como en 2013, cuando fue sentenciado el exdictador Ríos Montt, aunque días más tarde la Corte de Constitucionalidad anuló el proceso.
En su voto disidente, la jueza Yoc dijo que le parecía «sorprendente» que no se considerase la participación del acusado, habiendo sido director de Inteligencia y siendo nombrado «el mismo día que tomó posesión Ríos Montt», como «la persona que llegó a la conclusión de quiénes eran los enemigos internos».
Rodríguez «nos dijo quién era el enemigo y dio la instrucción, lo cual consta en su firma», en uno de los planes operativos que echó a andar el Ejército entre marzo de 1982 y julio de 1983, añadió la jueza.
La propia Yoc se encargó de leer las consideraciones del Tribunal sobre la forma de actuar del Ejército, sus fundamentos filosóficos, y que, en conclusión, desde una perspectiva «racista» y «oligárquica», llegó a realizar «las atrocidades más aberrantes», como «haber masacrado a bebés, niñas y niños, abuelos y mujeres embarazadas, a quienes sacaron los neo natos para estrellarlos en las rocas».
Pero el juez González advirtió de que la Fiscalía había presentado peritajes que, en su mayoría, tenían como base los estudios de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y el Informe Guatemala Nunca Más, los cuales, recordó, «no son vinculantes».
Añadió que la instrucción de Inteligencia que tenía la firma de Rodríguez al final, «no influyó» en el plan operativo, que además era nacional y no específico para el área ixil, pues se agregó una semana después de haber entrado en vigor .
Pese a que González manifestó que la Fiscalía no logró establecer que de Rodríguez hubiese emanado alguna orden, Yoc expuso que uno de los peritos, el general retirado y exjefe del Estado Mayor del Ejército peruano Rodolfo Robles Espinoza, explicó que «no se le podía acusar por una autoría, sino de complicidad en los hechos».
Al conocerse el fallo, el silencio inundó la sala del Tribunal guatemalteco, que solo fue interrumpido por tímidos gritos reivindicando que se cometió genocidio y por la manifestación que en la calle recibió con aplausos a las mujeres y hombres ixiles presentes en el juicio. EFE
