San José, 4 oct (ElPaís.cr).- La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate a las 5:20 de la tarde el Plan Fiscal con 35 votos a favor y 22 en contra.
Los diputados y diputadas concluyeron una maratónica jornada de varias semanas con la aprobación del texto, que será publicado en el diario oficial La Gaceta, y someterlo a consulta en el Poder Judicial.
Además de la Sala Constitucional, el proyecto deberá ser consultado a diversos sectores e instituciones. Se espera que el trámite se prolongue por unos treinta días más.
La reforma tributaria, con la que el Gobierno de Carlos Alvarado busca recaudar recursos frescos equivalente a cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB), fue aprobada en una votación de 35 a favor y 22 en contra, con todos los 57 diputados presentes en el Congreso.
Los sindicatos creen que la reforma afectará más a las clases bajas y medias y que trata con suavidad a los ricos y las empresas, por lo que exigen que el proyecto sea retirado del Congreso y se negocie un nuevo texto basado en propuestas sindicales.
Costa Rica cerró el 2017 con un déficit fiscal del 6,2 % del PIB y para el 2018 se ha proyectado en al menos el 7,1 %.
La reforma contó con el apoyo de la bancada del oficialista Partido Acción Ciudadana (centroizquierda), así como con la del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN, socialdemócrata).
Se opusieron al plan el conservador evangélico Partido Restauración Nacional (PRN), el Partido Integración Nacional, el Partido Frente Amplio y el Partido Republicano Socialcristiano, así como una diputada que rompió la línea del PLN y otra del PUSC.
«Este plan fiscal no es progresivo, no es balanceado, no es acorde a los principios sociales y pone en riesgo a los sectores sensibles», declaró en el Plenario legislativo Carlos Avendaño, diputado del PRN.
El jefe de la bancada oficialista, Víctor Morales, aseguró que «una de las grandes mentiras que se han dicho es plantear que la reforma es un proyecto que pone su peso sobre las familias más pobres y los trabajadores».
El Gobierno de Costa Rica afirma que el 80 % de lo que pretende recaudar con una polémica reforma fiscal proviene de los sectores con mayores ingresos y de las empresas, lo que reducirá la desigualdad en el país.
«Un 80 por ciento de lo recaudado por la reforma tributaria lo pagará el 20 por ciento de hogares con mayores ingresos y las empresas. El restante 20 por ciento de la reforma lo pagará el restante 80 por ciento de los hogares», según el Gobierno.
La reforma tributaria llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, «generará una disminución en la desigualdad económica medida por el coeficiente de Gini», indicó el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, durante una entrevista con el canal estatal de televisión.
Agrega que en 2017 el coeficiente de Gini para Costa Rica fue del 0,514 y que con la reforma tributaria caería al 0,497 debido a que «el mayor peso del aporte recae sobre los hogares más ricos, con lo que la reforma llevará a un país más equitativo y con finanzas públicas menos comprometidas».
La reforma fiscal tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y, de manera diferenciada, algunos productos que antes estaban exentos.
También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.
Los sindicatos del sector público cumplen hoy 26 días de huelga, que se ha ido debilitando poco a poco, en rechazo al proyecto de ley porque consideran que afectará a las clases pobres y medias del país.
Según el Gobierno, en ingresos tributarios frescos la reforma recaudará cerca del 1,2 por ciento el producto interno bruto (PIB).
De esos ingresos nuevos el 57 por ciento provendrá de impuestos sobre la renta y el 43 por ciento del IVA, según el texto.
Acerca del IVA del 1 por ciento a los productos de la canasta básica, el Gobierno afirma que se aplicará un mecanismos de devolución que beneficiará el sistema de pensiones, especialmente para las pensiones más bajas.
Costa Rica cerró el 2017 con un déficit fiscal del 6,2 por ciento del PIB y para el 2018 se ha proyectado en al menos el 7,1 por ciento.
La reforma fiscal «pretende reducir en cerca de 3,5 por ciento del PIB el déficit fiscal para el 2022 y dotar de una mayor sostenibilidad a las finanzas».
Durante el proceso se ha reclamado la falta de consulta y publicidad, principalmente, del plan fiscal, a lo que la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo Quesada, ha explicado en el siguiente video:
Maestros y profesores, antítesis de los gorilas de Charly son los militares nuestros que sacan la cara por las clases pobres y medias en Costa Rica. La montada estafa promocionada por este impopular Presidente, el cual pactó con la OCDE, para luego terminar de enterrarnos con más deudas, refleja la intencionalidad manifiesta de las trasnacionales de liquidar gradualmente Costa Rica. Se habrán preguntado los legisladores: ¿de los 22 puntos que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) tiene bajo la manga, para lograr ese nefasto objetivo? Infórmense o sigan los 35 de verdes (consulten esa palabra al DRA) perjuros.