lunes 3, octubre 2022
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Costa Rica otorga asilo político a defensor de DDHH nicaragüense Álvaro Leiva

San José, 10 oct (ElPaís.cr).- El Gobierno de Costa Rica informó hoy que otorgó asilo político al defensor de derechos humanos nicaragüense Álvaro Leiva, quien huyó de su país al considerar que su vida corría peligro en el marco de la violenta crisis sociopolítica que se inició en abril pasado.

«El Gobierno de la República de Costa Rica otorgó oficialmente asilo político al secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva», indicó la Cancillería costarricense en un comunicado.

Leiva, uno de los activistas más destacados en la crisis nicaragüense, huyó a Costa Rica en agosto pasado luego de que la ANPDH denunciara asedio de grupos armados no autorizados y llamadas telefónicas de amenazas a sus oficinas.

La Cancillería indicó que Leiva acudió al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para solicitar protección, ante la crisis social, política y económica que enfrenta Nicaragua, al considerar que se encuentra una situación de riesgo como resultado de sus labores por la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, manifestó ser víctima de persecución política, que se ha materializado en actos concretos en contra de su vida, libertad, seguridad e integridad personal.

La institución del asilo político se encuentra consagrada en el artículo 31 de la Constitución Política de Costa Rica. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que se trata de un principio jurídico de rango superior que se manifiesta en actos humanitarios de solidaridad, recordó el Gobierno.

Explicó que la concesión o denegatoria de esta figura es un acto de Gobierno, dictado en pleno ejercicio de la soberanía del Estado costarricense, por lo que corresponde al Poder Ejecutivo la valoración de los hechos y las razones que aduce el solicitante con motivo de persecución, al igual que el análisis de las pruebas.

Cabe resaltar que el asilo político es una protección especial para personas que pertenecen al rango diplomático o han participado en movimientos políticos en su país de origen. Mientras que, las solicitudes de refugio son tramitadas y resueltas por la Dirección General de Migración y Extranjería. Dicha institución recibe las peticiones de personas que tienen temores fundados y pueden demostrar con pruebas que son perseguidos por motivos de raza, género, o pertenencia a una agrupación específica.

Más de 25.000 nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica durante 2018, la mayoría aduciendo que temen por sus vidas en el contexto de la violenta crisis de Nicaragua.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Organismos humanitarios, tanto locales como internacionales, calculan que la crisis de Nicaragua ha dejado entre 322 y 512 muertos, pero el presidente del país, Daniel Ortega, solo reconoce 199 víctimas y ha rechazado toda responsabilidad.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, tras las muertes registradas durante las manifestaciones.

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