miércoles 8, febrero 2023
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Hacen fiesta y no quieren compartir la cuenta

De cal y de arena

No fueron vientos inesperados y atrevidos los que “levantaron los chingos” al Poder Judicial y dejaron al descubierto que el órgano de mayor jerarquía administrativa –la Corte Plena- no tiene objeción que hacer al Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, siempre y cuando se le excluya del esfuerzo que se le está pidiendo al país para adoptar una serie de medidas de austeridad y ordenamiento en la gestión de los presupuestos nacionales. Pero sí fue una torpe apreciación de los hechos, de su encaje jurídico y de su entorno social.

De los 22 magistrados de la Corte Plena, 11 le advirtieron a la Asamblea Legislativa y al país entero que solo mediante la concurrencia de una mayoría calificada de diputados podrá obligarse al Poder Judicial a someterse a los términos de esta legislación. Visualizan la presencia de normas que afectan el funcionamiento del PJ y apelan entonces, al amparo del artículo constitucional 177 en la deriva hacia la exigencia de una votación calificada.

Curiosamente, esos 11 jurados no recuerdan resoluciones de la Sala Constitucional que han dicho que la afectación prevista en ese artículo 177 está circunscrita a aquellos casos en que se interfiera la instrucción y construcción de la tarea de impartir justicia. Tampoco recordaron el debate habido en la Asamblea Nacional Constituyente a propósito de  la estructuración de los alcances de lo que sería este artículo en versión final, Asamblea en la que –más bien- se dejó a buen recaudo el trámite procesal que delegaba en un órgano del Poder Ejecutivo –la Proveeduría Nacional- la tarea de satisfacer todas las necesidades de las distintas dependencias del Gobierno. Según el constituyente Vargas Fernández “no es un buen sistema restarle a ese organismo atribuciones, así sea a favor del Poder Judicial”. Esto es presencia del Ejecutivo en la gestión de los fondos presupuestados por el Judicial.

Hubo largos quinquenios en que la Corte proveyó amparo a aquellos principios fundamentales de austeridad, prudencia, equilibrio, parsimonia, que alimentaron  tiempos de holgura y alivio en el Poder Judicial, una vez lograda la reforma al artículo constitucional 177 que le proveyó independencia económica  al asegurarle para sus presupuestos “una suma no menor del 6% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico”. Como si hubiese habido un huracán que puso estos principios en un letargo de nefastos efectos, vinieron otras políticas, otros políticos, otros criterios que no se detuvieron en estimas a la austeridad ni a la parsimonia. Y como si los presupuestos del Poder Judicial no vinieran de un mismo origen de dimensiones finitas, se multiplicaron con irresponsable ligereza las cargas que contribuyeron –con las desviaciones y abusos de otros grupos de presión, de otras estructuras burocráticas y de otros chupópteros sangrones (la “albinocracia en su mejor expresión) adheridos al torrente sanguíneo del Estado- a lo que hoy es una virtual  quiebra de los presupuestos nacionales.

Hoy el Poder Judicial y su órgano rector administrativo, la Corte Plena, tienen el deber de coadyuvar a la corrección del déficit fiscal que en parte pequeña o grande legaron al país con el concurso de otros núcleos de poder fáctico.

Evidentemente al Poder Judicial le han faltado la elegancia y la parsimonia que adornaron la gestión de otros tiempos. Los tiempos en que se cosechó la semilla que sembraron aquellos magistrados “padres” de la independencia económica: Fernando Baudrit, Evelio Ramírez, Ulises Odio y Fernando Coto.

Actos de grandeza, como aquella corajuda decisión del Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno de renunciar a la presidencia de la Corte Suprema cuando el Presidente José Joaquín Rodríguez cometió el atropello de cerrar el Congreso. “Una imperecedera lección cívica”, así la registra la historia.

Eran otros tiempos, otros hombres, otra tabla de valores.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista

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2 COMENTARIOS

  1. Hay una frase clave en este artículo, que es notoria sobre las muchas otras afirmaciones interesantes, en relación al «legado de este endeudamiento del Estado». Ese matorral tiene raíces muy profundas y extensas, que van desde la época de la fundación de la Segunda República y pasando por el gusto que tuvo históricamente Liberación Nacional por los fondos púbicos (CODESA, la inflada planilla de empleados públicos y los otorgamientos de beneficios laborales exorbitantes con fines electoreros). Se crearon instituciones públicas a diestra y siniestra, al punto que la planilla de los empleados públicos, el alquiler de edificios, los gastos en suntuosos salarios y los gastos conexos, sobrepasaron el 25% de la obligación presupuestaria del gobierno central. Súmese a eso, los gastos suntuosos del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Renovación Nacional arremete contra las universidades públicas, porque las califica como la base ideológica del PAC. Pero el PAC no inventó este déficit fiscal, lo heredó. De hecho, lo hemos heredado todos, para que un puñado muy reducido de una argolla, se hicieran adinerados en medida extraordinaria.

  2. La avaricia, la corrupción, la falta de honestidad y la protección de intereses egoístas de ciertos grupitos de poder; están llevando este país a la ruina. Muchas cosas no marchan bien en Costa Rica, la mayoría de los que tienen el poder para rectificar lo torcido en este país, no les interesa y tampoco les importa.

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