sábado 4, febrero 2023
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El país transparente

El término transparencia se acostumbra a emplear para indicar la conducta positiva de los individuos. Se dice que una persona u organización es transparente cuando es sincera, responsable, asume las consecuencias de sus actos, no miente ni tiene secretos. Es decir, las personas u organizaciones transparentes se muestran tal cual son.

Para muchas personas la transparencia es un valor social que genera confianza, seguridad y muestra el lado positivo de los individuos. Entre las palabras que se pueden emplear como sinónimo de transparencia están claridad, lucidez, luminosidad, nitidez o limpidez.

Pero la transparencia a que se refiere este artículo nada tiene que ver con la forma positiva del término, todo lo contrario, sino que se refiere al hecho de que personas, grupos u organizaciones dejan ver, como en una lámina translucida, las verdaderas intenciones de sus posturas y acciones con relación al Plan Fiscal.

Así pues, para los que, como yo, vemos desde una prudente distancia los acontecimientos que se han suscitado en las últimas semanas en nuestro país, se nos confirma que éste es absolutamente transparente, en el sentido de que los móviles y las intencionalidades de los actores de los fenómenos sociales envueltos en ellos son tan evidentes, que lindan en lo ridículo. Es decir, la candidez casi enfermiza de líderes y representantes de grupos, gremios, sindicatos o grandes organizaciones públicas o privadas, les deja en evidencia a todos por igual.

En primer lugar ha quedado absolutamente claro que los distintos gremios que adversan o se oponen al plan fiscal no lo hacen basándose en un análisis profundo y equilibrado de las circunstancias fiscales del Estado, que los llevara a cuestionar las medidas allí consignadas. Todo lo contrario, ha quedado palmariamente expuesta la intencionalidad egoísta de los gremios que se oponen, por la sencilla razón de que el orden que busca dicho plan en las finanzas públicas, corroídas por el clientelismo político de decenios de mala administración, atenta contra los beneficios, prebendas y concesiones, absurdas, desequilibradas y que evidentemente están en contra de la justicia social, de las que gozan en la actualidad dichos gremios.

Queda absolutamente claro que, por ejemplo, el Poder Judicial, ya desprestigiado por los escándalos de corrupción interna, en esta oportunidad busca solamente defender un régimen de compensación de los recursos humanos absolutamente desproporcionado, si lo comparamos con toda la administración de las organizaciones del Estado. Igualmente sucede con el Poder legislativo.

Las Universidades Públicas, islas artificialmente creadas sobre postulados falsos de autonomía mal entendida, han quedado al descubierto frente a los ciudadanos, como otra instancia de mala administración y de beneficios exorbitantes en beneficio de sus recursos humanos, todo debidamente justificado en Convenciones Colectivas, en donde las partes que las negocian son los mismos que se benefician de las desproporcionadas diferencias de que gozan, sin hacemos una comparación frente a las otras organizaciones del Estado.

Y así podríamos seguir mencionando muchas Instituciones Autónomas, Pero especial caso de corrupción lo tiene el Ministerio de Educación, que viene arrastrando un desmadre contable en lo relacionado a la compensación salarial de maestros y profesores, que han recibido pagos injustificados por encima de sus remuneraciones, y que no se pueden cobrar por más esfuerzos que se han hecho, y que ahora, inexplicablemente, mantienen una huelga que murió por sí sola hace ya bastante tiempo. Pésimo ejemplo dan quienes tienen como responsabilidad la orientación de las futuras generaciones de costarricenses, cuando demuestran palmariamente el grado de egoísmo y perversidad de los que hacen gala.

Pero allí está la ecuación social que explica todo este descalabro montado por los más oscuros poderes en contra del nuevo gobierno comandado por Carlos Alvarado, y que se refiere al egoísmo innato en quienes a toda costa defienden prebendas egoístas, obligándonos a todos los ciudadanos a pagarles sus caprichos y las desproporciones que conocemos.

Jaime Gutiérrez Alfaro señaló en un artículo de su autoría lo siguiente, que trata de explicar la actual situación:

Con el mes de mayo se puede decir que cerramos un “año político” que ha estado cargado de discusiones ideológicas sin fondo y con un consenso generalizado en torno a la urgencia de realizar cambios a un modelo de desarrollo que no satisface a la mayoría de costarricenses. Queda en el aire una añoranza de la época de las mayores conquistas en términos de bienestar social, que se gestó durante mediados del siglo pasado, cuando la política era inspirada por un modelo de desarrollo socialista en democracia. Ahí se consagraron las garantías sociales, la seguridad social y se establecieron políticas para el acceso al agua, electricidad, telefonía, vivienda y educación (primaria, secundaria y superior); los fondos públicos estaban en función de la sociedad para generar un colectivo bienestar y las universidades públicas asumieron su rol de cambio social, dedicando sus esfuerzos en formar profesionales para satisfacer las necesidades del país, ofreciendo una mejor calidad de vida para los graduados y para la sociedad en general.

Pero los cambios generacionales y el contexto internacional nos llevaron solapadamente, y quizás mal intencionadamente, a un cambio del modelo de desarrollo con el que el proceso de consolidación de una mejor calidad de vida se llenó de corrosión. La sociedad se encontró, por una mezcla de ingenuidad y falta de criticidad (entre otras muchas razones), con decisiones políticas que lesionaron la estabilidad financiera y operativa de las instituciones públicas, y los funcionarios de éstas maquillaron con endeudamiento la falta de visión país para garantizar el financiamiento de las políticas públicas de bienestar. Quebrado el “chanchito” y endeudados, el bienestar social murió y comenzó el “sálvese quien pueda”, la época del egoísmo salvaje.

Estamos, pues, como puede concluirse, totalmente desnudos ante las realidades presentes. Cada quien defiende de manera egoísta los beneficios conseguidos, a costa de los demás ciudadanos, sin importarle si el país se encuentra al borde de una crisis financiera pública que traería gravísimas consecuencias para todos. Es decir, la ingenuidad con que gremios y personas defienden sus puntos de vista, alejados del bien común y aferrados a sus prebendas desproporcionadas, ha sido tan transparente que resulta vulgar.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría

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1 COMENTARIO

  1. Pues sicada uno jalando para su saco, defendiendo su botin de pluses y ventajas. Sin duda a cereza en el pastel la puso la corte , con la posicion absolutamente egoista e irresponsable de estos magistrados. Lo malo es que si el pais cae en una debacle fiscal.( a la que ya practicamente esta llegando) todos .vamos a salir perjudicados , sobre todo los mas pobres , los que tienen deudas ect.Pero igual a todos nos va a afectar mucho. Ahora viendo al Sr Fernando Cruz decir » si a mi me quitan mi salario caeria en po breza.». aqui nos damos cuenta como hasta se puede manipular y victimizarse para defender privilegios . Al sr Fernando Cruz ni a ningun empleado publico le estan rebajando ni mucho menos quitando su salario con la reforma fiscal.

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