martes 7, febrero 2023
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Universidad de Nicaragua tomada en protestas renueva clases entre policías

Managua, 6 nov (EFE).- La Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue tomada durante dos meses por estudiantes que protestaban contra el presidente Daniel Ortega, renovó hoy sus clases en medio patrullas de policías fuertemente armados y de grupos oficialistas que rodearon el campus.

La Upoli, una universidad subvencionada por el Estado, fue un bastión de las protestas contra Ortega entre abril y junio pasado, cuando decenas de jóvenes se atrincheraron en su interior, para evitar ser capturados por la Policía Nacional, en uno de los momentos más crudos de la crisis de Nicaragua, que ha dejado cientos de muertos.

La universidad fue escenario de batallas casi diarias entre estudiantes y policías, los primeros utilizando morteros artesanales y los segundos con fusiles de guerra, como AK-47, M16 o Dragunov, según organismos defensores de los derechos humanos.

Los combates dejaron al menos 10 muertos, en su mayoría estudiantes, según el Movimiento Estudiantil 19 de Abril.

Los estudiantes abandonaron la Upoli el 9 de junio, luego de conflictos internos por la presencia de supuestos infiltrados del Gobierno.

El abandono de la universidad dio paso a una ola de saqueos que el Movimiento Estudiantil 19 de Abril atribuyó a las «turbas sandinistas», mientras que el Gobierno señaló a los universitarios.

El estado de la universidad impidió el retorno a clases de inmediato, según las autoridades de la Upoli, por lo que el reinicio tardó cinco meses.

La presencia policial en los alrededores del campus este martes fue notoria, y hubo un ambiente tenso cuando grupos que apoyan al Gobierno se plantaron frente a la universidad para «manifestarse a favor de la paz».

La crisis sociopolítica que vive Nicaragua ha cobrado la vida de entre 325 y 528 personas desde el estallido social del 18 de abril pasado, según organismos humanitarios, de los que el Gobierno reconoce 199.

Los organismos también cuentan entre 552 y 558 «presos políticos», que el Gobierno afirma son 273, a los que llama «terroristas» y «golpistas».

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega no reconoce ser responsable y sostiene que enfrenta un intento de «golpe de Estado».

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones. EFE

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