domingo 27, noviembre 2022
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Exigen al Congreso de Costa Rica corregir proyecto de extinción de dominio

San José, 8 nov (ElPaís.cr/EFE).- El Ministerio Público, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) exigieron hoy al Congreso de Costa Rica corregir el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, luego de que el texto fuera debilitado en una comisión legislativa.

Las tres instituciones, que serán los operadores de la ley, enviaron hoy un escrito de oposición al texto dictaminado el pasado martes, por mayoría, en la Comisión Legislativa Especial de Extinción de Dominio y que pasó a manos del Plenario para su futura discusión y votación.

El proyecto original pretendía un ágil decomiso de bienes obtenidos en diversas actividades delictivas, pero los diputados de la comisión cambiaron el texto y excluyeron delitos como corrupción en la función pública, enriquecimiento ilícito y fraudes, entre otros.

«No se acepta que se omitan o excluyan los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública, el contrabando y en general, todas aquellas conductas delictivas de las cuales derivan los patrimonios ilícitos», afirmó hoy en una conferencia de prensa la fiscal general, Emilia Navas.

El director del OIJ, Walter Espinoza, manifestó en la rueda de prensa que el texto dictaminado «delimita la aplicación de la ley» a básicamente narcotráfico, legitimación de capitales, tráfico de armas, terrorismo, trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes y tráfico de órganos.

«Esto atenta contra el fin que busca la Ley», manifestó Espinoza.

El documento de oposición de las tres instituciones señala que el texto dictaminado también limita el tipo de bienes que pueden ser objeto de un proceso de extinción de dominio y además excluye formas modernas como los activos virtuales, entre estos las criptomonedas.

También rechazan que el proyecto atenta contra la simplificación del proceso al establecer procedimientos escritos y «audiencias abundantes e innecesarias».

El director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, criticó otro punto del texto dictaminado que permite utilizar los bienes confiscados para amortizar deuda pública.

«La extinción de dominio no es un instrumento que se deba utilizar para amortizar la deuda pública. La distribución de los dineros declarados en extinción de dominio, otorgando un porcentaje al Ministerio de Hacienda para la amortización de la deuda, traería efectos negativos a nivel social y fundamentalmente atenta contra los principios de objetividad y separación de poderes del Estado», aseveró Araya. 

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