miércoles 8, febrero 2023
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Activistas y académicos repudian «difamación» a líder indígena guatemalteco

Guatemala, 10 nov (EFE).- Un grupo de académicos, activistas y defensores de derechos humanos repudió hoy en Guatemala el «ataque» y «difamación» al coordinador del Gobierno Ancestral Plurinacional Maya Q’anjob’al, Rigoberto Juárez, quien fue señalado por un medio de haber dirigido supuestamente un ataque contra maquinaria de una hidroeléctrica.

Los firmantes de la carta, entre los que se destaca Marta Elena Casaus Arzú, investigadora guatemalteca de la Universidad Autónoma de Madrid, denuncian las «irresponsables acusaciones» contra el líder indígena por el medio local elPeriódico.

El rotativo, que tiene una versión impresa y otra digital, señaló el pasado 21 de octubre a Juárez de «organizar y dirigir un ataque armado contra maquinaria» y de «acciones radicales de intimidación, violencia y sabotaje», tras aparecer en un acto público con la fiscal general.

«El secretario de Pueblos Indígenas del Ministerio Público, Pedro Barán Tzay, nombrado por la exfiscal Thelma Aldana y vinculado estrechamente al diputado Amílcar Pop, sorprendió en su buena fe a la actual fiscal general, Consuelo Porras, y al propio embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, al invitar e incluso sentar en la mesa principal, de un reciente evento solemne del Ministerio Público, a Rigoberto Juárez Mateo», dice elPeriódico.

Añade que Juárez «días atrás acababa de organizar y dirigir un ataque armado contra maquinaria de construcción e instalaciones de un proyecto hidroeléctrico en Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango», entre otros epítetos.

Esta «acusación», se denuncia en la carta abierta, fue difundida en «una conocida sección que publica notas sin confirmar fuentes» llamada «el Peladero», aunque eso «no disminuye la responsabilidad del diario ni la gravedad de las acusaciones vertidas contra una persona que hace un trabajo abierto y visible en la política nacional desde hace ya bastante tiempo».

Recuerda que en agosto pasado a Juárez la organización Front Line Defenders le otorgó un reconocimiento «por su labor no violenta», por lo que calificó al medio de participar en la campaña de «desinformación emprendida por éste y otros medios en contra de la resistencia pacífica de Ixquisis, que se opone a los proyectos hidroeléctricos de la empresa Energía y Renovación en el área».

Juárez fue capturado en 2015 junto a otras seis autoridades indígenas del departamento de Huehuetenango (oeste) y fue enjuiciado con ellos al año siguiente en un proceso en el que resultaron absueltos de la acusación de haber quemado maquinaria y retenido a personal de la empresa y a fiscales en ese sitio.

En la sentencia, la jueza que preside el Tribunal de Mayor Riesgo A, Yassmin Barrios, sostuvo que los medios de comunicación tenían una responsabilidad al haber señalado a los líderes de delitos que no cometieron, como parte de una agenda que respondía a los intereses de las empresas.

En la carta se solicitó al medio que rectifique la información, a la empresa a que «atienda el clamor de la población» y dejar de «inventar procesos de diálogo parciales» y parar de «criminalizar y matar a quienes se oponen a sus proyectos»; y pidieron a las comunidades y organizaciones a no permitir acusaciones de este tipo.

«Detrás de las difamaciones a Rigoberto Juárez está un modelo de política y de desarrollo que nos lleva hacia la muerte, en vez de hacia el proclamado progreso que en nada ha beneficiado a las mayorías», concluyó el texto.

Otros firmantes de la publicación, que fue difundida en medios locales como campos pagados y en otros sitios alternativos de información, son el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México Arturo Taracena Arriola; el jesuita Ricardo Falla; además de Ricardo Sáenz de Tejada, de la Universidad de San Carlos (pública) o el coordinador de las ONG y Cooperativas de Guatemala, Helmer Velásquez. EFE

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