jueves 26, enero 2023
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La Asamblea legislativa, una vez más

 ¿Quosque tandem abutere? 

Para llenar la vacante producida por el retiro del Magistrado Gilberth Armijo Sancho, de la Sala Constitucional, a partir del 1 de noviembre de 2015, la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa de aquel tiempo realizó los trámites respectivos, constituyó la terna y puso el Acta correspondiente en manos del Plenario Legislativo unos tres meses después: el día 8 de febrero de 2016.

Recordemos que (según el 163 de la Constitución) la Asamblea Legislativa tenía el deber de llenar esa vacante en los treinta días naturales siguientes, es decir, a más tardar, el día primero de diciembre de 2015; pero no lo hizo entonces ¡ni durante los siguientes tres años!  Una muestra de la actitud que las cúpulas políticas y las mayorías parlamentarias dominadas por ellas han asumido respecto de la Corte Suprema (¡mientras no la necesiten!). De manera que probablemente las vacantes hubieran continuado sine die, si la crisis fiscal, la discusión alrededor del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas, la huelga y finalmente la negativa de la Corte Plena no hubieran conducido las miradas de los politiqueros a concentrarse en aquellas preteridas vacantes de la Sala Constitucional, que de pronto emergieron como el nuevo Nudo Gordiano a desatar, para la superación del conflicto.

Allí fue donde fue perfilándose una respuesta a la pregunta de ¿cómo asegurarse una votación favorable, en la inminente confrontación de fuerzas que tendrá lugar en la Sala Constitucional?  Allí se vio que una posibilidad asequible, dentro de la ya muy transitada vía de la cooptación utilizada por los políticos en su tratamiento de la Corte Suprema, resultaba ser la manipulación de los puestos vacantes de la Sala Constitucional. Y entonces surge una hipótesis  plausible del por qué el 30 de octubre último, apresurada e intempestivamente, se aprueba en el Plenario de la Asamblea una moción para sesionar a partir de la mañana del día siguiente, a fin de llenar la vacante ocasionada con el retiro del Magistrado Gilberth Armijo (repito: ¡un retiro ocurrido exactamente tres años antes!); y también se explica el silencio del Directorio y del Plenario, en silencio, sin aducir un solo argumento, rechazaron sistemáticamente todas las instancias, razones y mociones presentadas durante el día para que dicha votación fuera pospuesta.

Hasta aquí se va tornando cristalino, al menos para mí, que en el caso de la vacante en la Sala Constitucional por causa del retiro del doctor Gilberth Armijo, los diputados aplicaron de nuevo su desacreditada estratagema de las decisiones silenciosas y masivas de los últimos años (a pesar de que en un reciente libro de gran difusión del doctor Manuel Solís Avendaño: Costa Rica, la democracia de las razones débiles y los pasajes ocultos; UCR, 2018;quedan al desnudo en toda su miseria), e insistieron en precipitar un nombramiento ad-hoc, producto de la componenda, deliberadamente dirigido a sumar fuerzas para apurar una solución favorable a la aprobación del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Se los advirtió clara y reiteradamente el diputado José María Villalta durante las Sesiones Plenarias que tuvieron lugar en la mañana y en la tarde del 31 de octubre pasado, en las que, hablando con intervalos, prácticamente en solitario, durante casi tres horas; y exponiendo argumentos y aduciendo pruebas (no objetados por ningún otro diputado), demostró dos cosas: i) la mucha conveniencia de que la Asamblea: por su prestigio institucional, por autoestima de sus diputados, por prurito de elemental racionalidad, etc.,  desechara el impresentable Dictamen de Mayoría elaborado el 8 de febrero de 2016, el cual era la más plena consagración de la opacidad que se decía combatir; así como demostró igualmente, ii) la conveniencia de un gesto de delicadeza (e incluso de elegancia): abstenerse de designar un nuevo magistrado constitucional precisamente durante la pendencia de las consultas formuladas a la Sala. Pero en el más completo mutismo, una masa de cuarenta y ocho diputados, con disciplina digna de mejor causa, votó por rechazar primero la moción de posposición, y seguidamente la moción de revisión.

Después de lo anterior, calladamente, sin solución de continuidad, mediante una verdadera ‘operación relámpago’ que habrá durado tal vez unos diez minutos en total, el Plenario de la Asamblea se avocó al nombramiento para el cargo del magistrado; lo cual se produjo en la tercera, luego de dos votaciones inconcluyentes.  Porque, en efecto, en la tercera votación el Licenciado Jorge Arturo Araya García obtuvo treinta y ocho votos, resultando entonces nombrado en el cargo de Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora bien, ante este resultado, era difícil dejar de preguntarse ¿cómo pudo ser que dicho señor alcanzara de zopetón, en la tercera, los necesarios y precisos treinta y ocho votos, cuando en la primera tuvo uno solo y en la segunda ninguno, lo cual  parecería indicar poca estima hacia su persona de parte de los diputados? ¿por qué de pronto, sin transición, estalla en la tercera votación esa muestra avasalladora de reconocimiento? La cosa se vería normal si la candidatura se hubiera ido perfilando progresivamente hasta imponerse al final; es decir, si por ejemplo el señor Araya hubiera sacado 25 votos en la primera ronda; 34 en la segunda y, al fin, 38 en la tercera, obedeciendo a un fenómeno de adhesión progresiva a una candidatura relevante. ¿Como explicar entonces que al final, treinta y ocho diputados súbitamente inspirados coincidieron en su nombre, el cual, en la segunda votación (realizada apenas unos minutos antes) no había merecido un solo sufragio? ¿Nos hallamos ante un misterio, relacionado tal vez con el don de lenguas (que parece ser contagioso)?

Pero, milagros aparte, plausiblemente lo ocurrido fue algo más simple y trivial:  las inefables fracciones legislativas que impulsan el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ya habían conseguido con antelación, no se sabe a cambio de qué cosas, los votos requeridos para llevar a la Sala Cuarta la persona correcta que aportaría la decisión correcta en el proyecto correcto y en el momento correcto; y precisamente por eso no convenía para nada que el nombramiento fuera pospuesto; y también por eso, en aquellos momentos la Asamblea Legislativa era una tumba para todo lo que no fuera el necesitado nombramiento, de antemano decidido. En todo caso, tanta regularidad y precisión al momento de los votos, revelan la presencia oculta de una batuta, dirigiendo desde bambalinas.

A un malpensado podría rondarle en la cabeza que el propósito de los que  votaron no fue el de hacer un nombramiento con el sano objetivo institucional de integrar la Sala con un nuevo juez, abierto a la aplicación independiente e imparcial de la Constitución a una masa indeterminada de conflictos ya existentes en dicho tribunal, más los que se presentaren a futuro; podría pensar el malpensado que curiosamente tales sanos propósitos no merecieron atención durante tres años; y que el nombramiento del 31 de octubre fue decidido en vista de un conflicto político concreto, y con el objetivo de influir en la decisión de ese conflicto.  Entonces, según el malpensado, se trataría de un nombramiento con un objetivo ilícito: un detournement du pouvoir; y la ilicitud del objetivo contamina el acto jurídico.

Los últimos dos siglos, plenos de calamidades en el terreno político, han sido sin embargo afortunados para el desarrollo de la doctrina constitucional, simiente de un cambio paradigmático en los estudios teóricos del Derecho y la Política. Y así fue que, como todo el mundo sabe, para declarar la supremacía de la Constitución sobre la Ley ordinaria, el juez John Marshall no invocó una específica regla vigente que eso mandara; sino que, por decirlo así, puso a hablar a la Constitución misma en su contexto, apelando a su sentido y a su valor global.

Como todo el mundo sabe, los siglos que sucedieron a Marshall han vivido en dos etapas la revolución conceptual y deontológica provocada por su doctrina: la primera, derivada de la supremacía meramente formal de las constituciones rígidas; la segunda, muy reciente, a consecuencia del reconocimiento del carácter jurídicamente vinculante de los valores que conforman el contenido de las normas constitucionales, lo cual, entre otras cosas, permitió el injerto de una dimensión sustancial “en las condiciones de validez de las leyes…”(Luigi  Ferrajoli: La Democracia a través de los Derechos; Trotta, Madrid, 2014; especialmente págs. 56, 74 y sigtes.).

El inciso 3) del artículo 121 de la Constitución nos dice escuetamente que nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es una potestad que corresponde exclusivamente a la Asamblea. Pero una meditación serena de la doctrina constitucional nos dice que el resto de la Carta, a través numerosas manifestaciones (desde su mera partición en Títulos separados, hasta las disposiciones de sus artículos 9, 10, 105, 154 y concordantes), nos está diciendo a gritos:

a).- Que la Jurisdicción (el oficio del juez) es la operación más delicada que se realiza desde los aparatos del Estado; y por ello requiere de sus operadores suma pericia, acrisolada honradez, una conciencia clara de su rol de garantía y la más absoluta independencia;

b).- Que por esa razón, la escogencia de las personas que deben realizarla constituye una operación crucial para mantener una institucionalidad democrática y garantista, conforme al Derecho y la Justicia;

c).- Que la decisión de cada litigio debe estar a cargo de su ‘juez natural’, y no de alguien nombrado para la ocasión.

Esto dice la doctrina constitucional, precisamente a partir de la observación de que la Constitución no es un mero conjunto de mecanismos a aplicar, sino fundamentalmente un sistema de valores preeminentes dotados de validez, vinculantes para el  resto del sistema normativo, y que deben ser celosa y estrictamente observados.

Pero de un tiempo para acá hemos visto que nuestros diputados, a quienes Costa Rica quiso conferir desde hace más de un siglo la referida, augusta misión,  y que por ello han tenido y tienen la responsabilidad de realizarla con la más escrupulosa conciencia del deber, han sido arrastrados cada vez con más frecuencia a poner los intereses muchas veces deleznables de las cúpulas partidarias por encima de aquel deber.

Y es así que, con pocas honrosas excepciones, los ciudadanos nos hemos enterado de cómo la Asamblea, acudiendo a trucos que a nadie engañan, incluso se ha apartado con frecuencia de la selección aparatosamente realizada por su propia Comisión de Nombramientos (como lo muestra el profesor Solís Avendaño en la obra citada), para sacarse de la manga una colección de mediocres previamente ungidos en la oscura componenda: personas carentes de moral cívica, políticamente comprometidas, que han sembrado de descrédito la Casa de la Justicia; pero que funcionan a la maravilla cuando se trata de satisfacer los intereses de la politiquería, o de la oligarquía.

En vista de lo anterior, para acabar con este teatro alguien propuso: ¿por qué los costarricenses no votamos directamente por las cúpulas de poder, en vez de hacerlo por los diputados?

Termino con algunas conclusiones:

El acto de nombrar los magistrados de la Corte Suprema por parte de la Asamblea Legislativa no puede ser el libre ejercicio de un poder arbitrario para conseguir objetivos políticos de turno, sino que debe ser el fervoroso cumplimiento de un altísimo deber que la Constitución confía en sus manos: colaborar al funcionamiento de una Jurisdicción independiente, honesta y docta, que garantice los Derechos Humanos y la Justicia Social.

El acto de nombrar un juez con vista a la solución de un caso concreto, es violatorio del principio del ‘juez natural’ consagrado en el artículo 35 de la Constitución, en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La Asamblea Legislativa ha trastrocado su papel: los diputados deben defender leal y fieramente las ideas y principios de su agrupación política, pero no los intereses politiqueros de sus cúpulas.

Solapadamente se ha venido gestando en la Suiza Centroamericana, desde hace ya bastantes años, un artero golpe de Estado: las decisiones que debe tomar soberanamente nuestra Asamblea de Representantes, como resultado racional de un debate público, amplio y leal de los argumentos aducidos por las distintas fuerzas políticas en el Recinto Legislativo, han sido suplantadas por secretos cambalaches de las cúpulas partidarias (subordinadas, ellas también, a los intereses de la oligarquía nacional y transnacional), donde el aparente ejercicio de la función pública encubre el intercambio de toda laya de favores y beneficios.

Así están las cosas.

(*) Walter Antillón Montealegre es Abogado y Catedrático Emérito de la Universidad de Costa Rica.

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1 COMENTARIO

  1. Las fichas de los poderes facticos que controlan a nuestra Patria se colocan en silencio y tenemos a 48 vendepatrias dispuestos a colocarlas. Ningun medio de prensa se digno a investigar un poco lo ocurrido con esta elección sorpresa. Gracias don Walter por informar y denunciar lo que callan en silencio todos los demás.

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