domingo 5, febrero 2023
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Fiscal imputa a la titular de Anticorrupción por supuesta protección a Macri

Buenos Aires, 13 nov (EFE).- Una fiscal argentina imputó hoy a Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), por un dictamen de ese organismo gubernamental en el que se consideraba que el presidente Mauricio Macri no incurrió en conflicto de intereses en torno a un caso que enfrenta a su familia con el Estado.

La procuradora Paloma Ochoa pidió medidas de prueba a la jueza del caso, María Servini, para dilucidar si Alonso cometió «violación de deberes» y «retardo de justicia» al emitir esa resolución en un expediente que afecta a una empresa que pertenece a la familia Macri y que está implicada en un proceso por una deuda con el Estado.

«De todas las imputaciones que me han hecho desde 2016, más tarde o más temprano, he sido sobreseída. Estoy a disposición de la justicia como siempre para explicar lo que sea necesario», escribió la propia Alonso -perteneciente al oficialista Propuesta Republicana, partido de Macri- en su cuenta de la red social Twitter.

Según detalló la agencia estatal de noticias Télam, la fiscal Ochoa remarcó en su dictamen que «con el devenir de la investigación», esta podría ampliarse a otros funcionarios.

La denuncia por la que se impulsó la investigación fue presentada por los diputados del peronista Frente Renovador Cecilia Moreau, Graciela Camaño y Alejandro Grandinetti, a raíz de la resolución de la Oficina Anticorrupción que concluyó que no hubo faltas éticas en el accionar del Presidente, entre otros funcionarios.

En septiembre de 1997, durante la Presidencia de Carlos Menem (1989-1999) y a través de un proceso de concesión de los servicios por un período inicialmente estipulado en 30 años, se realizó la privatización de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, conocida como Correo Argentino, y quedó en manos de una de las empresas de Franco Macri, padre del ahora jefe de Estado.

En 2001, en medio de la dura crisis económica, social y política que se levantó en el país, el Correo entró en concurso de acreedores.

Ya en 2003, con la llegada de Néstor Kirchner (2003-2007) al poder, y ante la millonaria deuda de la familia Macri con el Estado, se firmó un decreto que rescindía el contrato de concesión de servicios postales.

En todo este tiempo, en el que también transcurrió la Presidencia de Cristina Fernández (2007-2015), no hubo acuerdo entre las partes para cobrar esa deuda, por las divergencias entre el kirchnerismo y la empresa cuyos principales accionistas son los hermanos, sobrinos e hijos de Macri, luego de que Franco, su padre, se desligara hace años de la misma.

En 2016, la empresa y el actual Gobierno llegaron a un acuerdo de pago, que en 2017 la fiscal Gabriela Boquín indicó que «equivale a una condonación» de la deuda «y debe considerarse abusiva», por lo que hasta el momento la deuda no fue pagada.

Esta situación se dio en medio de una gran polémica por el presunto conflicto de intereses en que podía incurrir Macri al tratarse de un asunto entre el Estado y la empresa familiar.

A principios de octubre pasado, el mandatario decidió firmar un decreto por el que se excusaba de «intervenir en toda cuestión relacionada con la firma Correo Argentino».

«El presidente de la Nación Argentina decreta excusarse de intervenir en toda cuestión relacionada con la firma Correo Argentino S.A., en tanto sus familiares (…) mantengan sus participaciones societarias en las empresas controlantes de dicha firma», señalaba el texto.

Esta decisión llegó después de que la OA descartara que Macri se hubiera inmiscuido en el caso pero recomendara su abstención de intervenir «en toda actuación administrativa relacionada con la empresa». EFE

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