domingo 5, febrero 2023
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Informe del Estado de la Nación señala falta de prioridad política en temas ambientales

San José, 13 Nov. (ElPaís.cr).- La falta de prioridad política en temas ambientales es uno de los principales elementos que figura en el Informe del Estado de la Nación 2018, ya que, aunque Costa Rica sigue autodenominándose como un ‘país ecológico’, aún tiene grandes retos para convertirse en un territorio sostenible a nivel global.

El informe hace referencia a grandes logros en materia de conservación que se han alcanzado, sin embargo, también menciona que durante el 2017 aumentaron las tensiones entre los esfuerzos que impulsan el crecimiento económico, y “el débil papel que tiene la sostenibilidad ambiental como criterio de base en el proceso”.

De acuerdo al análisis realizado, el desempeño nacional mostró avances en herramientas normativas, de política y de información, pero también evidenció que las tareas de control o reducción de impactos ambientales no acompañan, de manera efectiva las actividades productivas y el comportamiento de la población; principalmente en lo referente al uso del territorio y sus recursos.

“La búsqueda de la sostenibilidad, tomada seriamente, se hace cada vez más complicada y demanda mayores esfuerzos. Entre las acciones necesarias destacan el rediseño de la institucionalidad, la aceptación de la idea del ordenamiento territorial por parte de los actores económicos, y la asignación de una mayor prioridad financiera y política a este tema”, señala el informe.

En cuanto al tema de ambiente el informe incluye varias novedades, como, por ejemplo; se actualizaron los indicadores de crecimiento urbano con datos a nivel de distrito en la Gran Área Metropolitana (GAM).

También se analizó la naturaleza, presupuesto y enfoque principal de 37 entidades públicas relacionadas al uso, gestión y cuido de los recursos naturales. Se incorporaron además estimaciones sobre el costo fiscal de la atención de los desastres naturales y por primera vez se recopiló información amplia sobre el estado, uso y gestión de los recursos marinos/costeros.

Manejo insostenible del recurso marino. El capítulo 4 del Informe del Estado de la Nación, el cual lleva por nombre “Armonía con la Naturaleza”, señala en su primer apartado que el área marina/costera aumentó en los últimos años, pero las limitaciones del marco normativo, la sobrepoblación y el mal manejo de recursos pone en riesgo su sostenibilidad.

Pesca de arrastre. Redes

Los esfuerzos gubernamentales han logrado que en la última década la superficie marina protegida aumentó a 2,7%, no obstante, sigue estando lejos del objetivo que es conservar un 10%.

Algunos indicadores a largo plazo sugieren que el país podría estar incurriendo en sobre explotación y agotamiento de recursos específicos, lo que por defecto pone en riesgo varias especies.

Según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), señala que hay tres especies que están en peligro crítico, dos más se catalogan en peligro y otras diez están en estado vulnerable.

Las tres prácticas de pesca que están generando esta situación son: la pesca de arrastre, los trasmallos con características no permitidas y la pesca de poblaciones juveniles, la cual muestra un crecimiento constante en las últimas décadas. Del 2016 al 2014 pasó de 43% a 84%.

Crecimiento Urbano en la GAM. Otro aspecto analizado en el tema ambiental fueron los patrones acelerados de crecimiento urbano en la GAM, los cuales en las últimas tres décadas dieron paso a una tendencia de agotamiento de los terrenos aptos para urbanizar.

Según estimaciones para el 2018, el área urbana ronda las 34.639 hectáreas, equivalentes a una expansión de 1.551 con respecto al 2010. En 1986, el área urbana de la GAM era de aproximadamente 20.986 hectáreas, en 1997 alcanzó 27.044 y en 2010 llegó a 33.088.

Crecimiento urbano en el GAM. Imagen ilustrativa

Este fenómeno está poniendo al país en una encrucijada, ya que por una parte se quiere aumentar la cantidad de territorio protegido y por otra, se está acabando el espacio para construcción urbana.

La reciente variación refleja una notable concentración en algunos distritos del centro, de hecho 30% de los distritos ya urbanizó gran parte de su espacio. Algunos de los que tienen más del 90% del territorio cubierto son San José, Goicochea, Santo Domingo, Heredia, Tibás y Desamparados.

Se estima que las viviendas ocupan el 41,5% de estas obras, los condominios y apartamentos el 23,5% y los locales comerciales un 12%.

“Costa Rica como muchos otros países en vías de desarrollo, carece de una ley de ordenamiento territorial y los instrumentos efectivos en ese ámbito son sumamente escasos”, indica el informe.

Cabe mencionar que, a mediados de este año, solo 20 de las 81 municipalidades del país, tenían un plan regulador cantonal (PRC), es decir solo un 52%.

Vulnerabilidad ante desastres naturales.  En la misma línea de los problemas que enfrenta el país por el desorden del diseño territorial, el informe señala que Costa Rica se ha visto expuesto como país durante los últimos años ante las consecuencias de esta situación.

La razón principal de esta evidencia son los desastres naturales que han llegado con mayor frecuencia y magnitud. Durante el 2017 se registraron 842 eventos, cifra superior a la medida de los últimos doce años.

Carretera destruida por la tormenta Nate. Cortesía

El desastre natural más dañino del año anterior fue la Tormenta Tropical Nate (ocurrida solo once meses después del Huracán Otto) y resultó ser responsable del 90% del total de desastres.

Entre los daños causados por Nate se cuentan 14 personas fallecidas, más de 11mil personas afectadas que tuvieron que protegerse en albergues. En términos territoriales, hubo una afectación en 76 cantones; Puntarenas fue la provincia más afectada, representando un 42,9% del total de pérdidas económicas.

“En resumen, las acciones que se han tomado en materia de ordenamiento territorial y el combate de los rezagos sociales y regionales han sido insuficientes para atenuar los riesgos en la población más vulnerable”, señala la investigación.

Insostenibilidad ambiental por uso de suelo. Uno de los apartados ambientales que más se ha estado siguiendo por las fuerzas políticas y sociales durante los últimos años, también es parte del informe del Estado de la Nación 2018; se trata del uso de suelo.

Por primera vez, se consolidaron hallazgos de diversos estudios sobre el uso de suelo en el país, para examinar los avances, retrocesos, riesgos y vulnerabilidades territoriales.

Aunque el informe hace mención sobre el crecimiento de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), a su vez menciona que esto no es suficiente para garantizar la estabilidad de los distintos ecosistemas.

En este sentido, hace énfasis en la necesidad urgente de intervenir la forma en que se realiza la producción agrícola y el impacto que esta tiene sobre el medio ambiente. Los principales cultivos que afectan el suelo por la utilización de herbicidas y otros productos químicos; son la siembra de Piña, de Plátano, de Café, de Palma Aceitera, de Caña de Azúcar y de Naranja.

Carencia de control de impactos por uso de recursos naturales. Para este informe 2018 se llevó a cabo una investigación a profundidad sobre esta temática, que incluye no solo una valoración general que permite afirmar que el desarrollo de la institutcionalidad ambiental es dispar desde el punto de vista de sus objetivos.

Imagen ilustrativa. (Represa de Cachí en Cartago).

Este informe identificó 37 órganos que están relacionados o tienen competencias en la materia. Entre los organismos vinculados de alguna forma con el ambiente, los más fuertes no tienen un enfoque exclusivo en esta área, sino que se encargan del uso de los recursos naturales para lograr otras metas de desarrollo.

Se concluyó que más de la mitad de los entes (21 de 37) son órganos desconcentrados, lo cual implica limitaciones presupuestarias y la autonomía para organizar sus propias contrataciones administrativas y de personal.

Las entidades de control y protección como el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), son algunas de las que cuentan con pocos recursos, pero las entidades encargadas de la promoción de las actividades productivas si cuentan con un amplio presupuesto para ejecutar, como es el caso del Instituto Nacional de Electricidad (ICE), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); entre otros.

Cabe resaltar que hay algunos aspectos que crecieron como lo es la cobertura de alcantarillado sanitario con tratamiento, que pasó de 4,2% en el 2014 a 14,4% en el 2017, no obstante sigue siendo muy bajo en relación con la media mundial, que es del 60%.

En esta misma línea se tiene que descatar que la cobertura eléctrica a partir de fuentes renovables también creció, pero la matriz energética sigue dependiendo de los hidrocarburos en un 72% y su uso incrementó en un 25% entre el 2008 y el 2017.

 

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