domingo 2, octubre 2022
spot_img

CGR: Estado requiere reformas estructurales junto a Plan Fiscal

San José, 17 Dic (ElPaís.cr).- La Contraloría General de la República, como parte de los insumos para la discusión nacional y toma de decisiones en materia fiscal elaborados este año, ha generados tres nuevos aportes: informe de fiscalización sobre la evasión del impuesto sobre las ventas, informe sobre los destinos específicos del presupuesto nacional, y un sistema de información detallada de los pluses salariales de 189 instituciones públicas.

Se trata de productos de fiscalización oportunos para la discusión del año 2019 en el seno de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, con análisis y datos que permitan la toma de decisiones acordes la realidad nacional documentada.

En el siguiente video del canal de Youtube de la CGR-CR, la Contralora General, Marta Acosta Zúñiga, resume la importancia de estos tres nuevos insumos para la discusión nacional sobre la reforma a la estructura del Estado en materia salarial, composición del gasto público y la evasión fiscal:

A continuación, un resumen de los hallazgos de los tres estudios:

  • DESTINOS ESPECÍFICOS: CAMISA DE FUERZA DEL GASTO PÚBLICO

En el contexto de la coyuntura fiscal apremiante que enfrenta el país, la CGR realizó un estudio sobre los destinos específicos del presupuesto del Gobierno Central, contrastándolos con principios fundamentales que deben orientar la asignación de este tipo de gastos predefinidos.

Como resultado de tal estudio, la CGR elaboró el presente documento de «Opiniones y Sugestiones», que pretende proporcionar un insumo técnico que sirva al análisis, discusión y toma de decisiones en torno a este tema por parte del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

RESULTADOS DEL ESTUDIO

Los destinos específicos deberían establecerse de modo que no atenten contra la consecución de macro-principios del gasto público como la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad fiscal, ni tampoco pongan en riesgo la capacidad del Estado para proporcionar a la sociedad, en forma oportuna y sostenida, los servicios públicos que esta requiere. Para tal efecto, tales destinos deben sujetarse a los siguientes cuatro principios fundamentales:

  1. Principio de flexibilidad presupuestaria: El presupuesto público debe estar libre de rigideces que le impidan constituirse en un instrumento eficaz de administración y planificación de los recursos públicos.
  2. Principio de equilibrio o igualdad presupuestaria: En virtud de este principio, cada destino específico debe contar con una fuente de financiamiento propia y definida.
  3. Principio de gasto óptimo necesario: El gasto preasignado debe corresponder a una demanda y necesidad potencial, por lo que el gobierno debe gastar lo óptimo necesario, sin poner en riesgo servicios básicos de una sociedad, según las posibilidades económicas, presupuestarias y fiscales lo permitan.
  4. Principio de temporalidad o término: Los destinos específicos no deben perpetuarse indefinidamente en el tiempo.

Sin embargo, en el caso costarricense, las asignaciones presupuestarias predefinidas se apartan de estos principios, como se verá a continuación.

Sobre el principio de flexibilidad presupuestaria

La forma en que se establecen los destinos específicos en Costa Rica imprime un alto grado de inflexibilidad al presupuesto. En 2018, el gasto asignado a destinos específicos representa un 95,8% del total de los ingresos tributarios del Gobierno Central. Estos destinos representan, a su vez, un 46,1% del presupuesto total de egresos del Gobierno y un 12,5% de la actividad económica nacional.

Sobre el principio de equilibrio o igualdad presupuestaria:

En el caso costarricense, el establecimiento de una fuente de financiamiento para los destinos específicos (tanto para los constitucionales como para los que tienen asidero legal) es más la excepción que la regla.

Sobre el principio de gasto óptimo necesario.

En Costa Rica, los destinos específicos se han fijado como asignaciones fijas referidas al comportamiento de variables económicas y tributarias en lugar de asociarse a variables que se relacionen con sus objetivos, lo que ha favorecido su crecimiento inercial en el tiempo.

Sobre el principio de temporalidad o término

Ninguno de los 153 destinos específicos que existen en el país está sujeto a término ni a criterios de evaluación que justifiquen su permanencia en el tiempo.

La situación actual sobre la determinación y evolución de los destinos específicos en Costa Rica permite concluir que su tendencia en términos de gasto no garantiza la sostenibilidad fiscal. Del análisis global de tres escenarios con prospección al 2030 se concluye que la tendencia del gasto en destinos específicos no garantiza su sostenibilidad.

DESAFÍOS DE LOS DESTINOS ESPECÍFICOS

  • Revisión exhaustiva de los destinos específicos a la luz de los principios fundamentales de gasto público expuestos en este documento.
  • Condicionar la aprobación de nuevos destinos específicos a la existencia de una fuente de financiamiento identificable, de modo que permita su sostenibilidad y la de las finanzas públicas del Gobierno Central.
  • Rendición de cuentas activa de instituciones receptoras de destinos específicos del presupuesto con enfoque evaluativo, incluyendo información sobre saldos no utilizados, logros alcanzados y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

En el siguiente enlace puede acceder el documento completo: https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/mas-publicaciones-cgr.html .

  • EVASIÓN EN IMPUESTO DE VENTAS RONDA LOS 650 MIL MILLONES DE COLONES  

El área de fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República (SAF) emitió un informe de auditoría sobre la eficacia de las acciones implementadas por el Ministerio de Hacienda contra la evasión en el Impuesto General sobre las Ventas en el período 2010-2017, a raíz de un informe realizado en el 2010 en el que se habían identificado altos niveles de evasión en ese impuesto.

Se determinó que dichas acciones no han sido eficaces y son susceptibles de mejora, en un contexto en el que la evasión se incrementó en 2 puntos porcentuales en el periodo 2012-2016, al pasar de 29,1% en el 2012 a un 31,1% en el 2016, mientras que la carga tributaria atribuible a este impuesto evolucionó de un 4,8% a 4,4%, respectivamente. Se resumen de seguido los hallazgos del estudio:

Insuficientes acciones de control tributario general (control extensivo), permitieron que en el periodo comprendido entre el 2010 y 2017 uno de cada tres contribuyentes inscritos declaró impuesto neto igual o menor a cero. Así como que a diciembre de 2017, 7 de cada 10 contribuyentes poseen alguna deuda morosa en el IGV.

Alcance limitado y baja cobertura de las acciones de fiscalización (control intensivo), se evidenció reducción de las fiscalizaciones realizadas a sujetos particulares, durante el periodo 2011-2017, tanto a nivel de grandes contribuyentes como de la masividad. El número de fiscalizaciones realizadas pasó de 101 a 26 en el curso de esos seis años. Estas fiscalizaciones redituaron en promedio ¢118 millones en 2011 y ¢25 millones en 2017.

Baja capacidad resolutiva impacta los niveles de morosidad: el monto de la deuda en mora paso de ¢23.172 millones en 2014 a ¢71.220 millones en 2017, es decir aumentó más de un 200%.

Debilidades estratégicas y operativas restan eficacia a las acciones implementadas para controlar la evasión en el Impuesto, al respecto, no se obtuvo información para 10 indicadores tributarios, además, un 75% de dichas acciones no dispone de indicadores e información pertinente y suficiente que permita evaluar su eficacia, y no existen estudios sobre el efecto de las acciones dirigidas a controlar la evasión.

Por estar relacionados con aspectos relativos a la administración tributaria, los anteriores hallazgos generan alertas sobre la eficacia de las acciones que en el futuro se ejecuten para el control de la evasión del nuevo impuesto sobre el valor agregado. En consecuencia, se giraron disposiciones a la Ministra de Hacienda para que se mejoren dichas acciones, en términos de la elaboración y aplicación de un plan de atención, la implementación de indicadores y medidas de contingencia para solventar las debilidades en la extracción y análisis de información tributaria y el seguimiento oportuno a la determinación y cobro de las deudas tributarias.

El monto estimado de la evasión fiscal en ventas ronda los 650 mil millones de colones, conforme se expone en el siguiente gráfico:

En el siguiente enlace puede acceder el informe completo:  https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2018/SIGYD_D_2018021119.pdf  y se adjunta un audio de Arnoldo Sanabria, Gerente de área de fiscalización de la Administración Financiera.

  • PLUSES SALARIALES AHOGAN PLANILLA ESTATAL 

En el marco de determinar si los esquemas remunerativos vigentes son congruentes con el modelo planteado en la Constitución Política de un  salario igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia, y un Estatuto de Servicio Civil que regule las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, el Área de Servicios Públicos Generales de la CGR emitió el informe de seguimiento de la gestión N.° DFOE-PG-SGP-0000-2018, “Informe acerca de los esquemas remunerativos aplicados en el Sector Público”; con base en información suministrada por las instituciones públicas, con el objetivo de analizar los diferentes esquemas remunerativos aplicados en el sector público a fin de determinar si responden a una gestión de las remuneraciones públicas ordenada, simple, sostenible y transparente.

Esto es relevante pues el empleo público constituye un tema trascendental en el ámbito de la Administración Pública, tanto por su participación del gasto estatal como por el rol fundamental de los recursos humanos en la prestación de los servicios públicos.  Además, la modernización del esquema remunerativo en el Sector Público plantea retos que deben abordarse desde una perspectiva integral y gradual.

A partir del análisis de los esquemas remunerativos de 189 instituciones del Sector Público, la CGR emite este informe con el fin de dar aportes que sirvan de apoyo a los tomadores de decisiones a efecto de impulsar los principios de salario igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia; sostenibilidad;  y transparencia, para garantizar un ordenamiento de la materia de remuneraciones y el uso racional de los recursos públicos.

PRINCIPALES RESULTADOS

Disparidades en los esquemas remunerativos del Sector Público

  • La CGR identificó, según reportes institucionales, que el marco regulatorio para la gestión de los esquemas remunerativos en el país abarca gran cantidad de instrumentos jurídicos que dieron origen a alrededor de 260 incentivos diferentes, provenientes de leyes, reglamentos, acuerdos de junta directiva, decretos, convenciones colectivas, laudos arbitrales, resoluciones de la Dirección General del Servicio Civil (DGSC), acuerdos de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda (STAP), entre otros.
  • Se determinó una amplia variabilidad en montos y porcentajes en incentivos que buscan retribuir conceptos similares, entre ellos: anualidad, quinquenio, riesgo laboral, carrera profesional, entre otros. Por ejemplo las anualidades; incentivo de mayor costo en las instituciones analizadas; los porcentajes oscilan entre 1% y 9,99%, aplicados en su mayoría al salario base.
  • En 24 instituciones de las 189 analizadas, los montos pagados en incentivos salariales son superiores a las remuneraciones básicas. Existiendo instituciones cuyo monto en incentivos casi representa más de dos veces las remuneraciones básicas.

Simplicidad y sostenibilidad en los esquemas remunerativos

  • En las instituciones objeto de estudio en promedio el pago del recurso humano público representó en el 2017 un 32% de su gasto total y un 18,5% del Producto Interno Bruto del país.
  • En el Sector Público, en promedio, se pagan 6 incentivos salariales diferentes por institución, en un rango que oscila entre 88 incentivos salariales (Ministerio de Educación) y 1 incentivo (Municipalidad de Alvarado).
  • En 83 instituciones de las 189 analizadas, los gastos en remuneraciones promedio por funcionario, son superiores a los promedios de sus sectores institucionales.

Transparencia y rendición de cuenta

  • Del total de 260 incentivos salariales, 7 de estos están ligados a la evaluación del desempeño, los cuales se otorgan prácticamente a la totalidad de funcionarios.
  • En 11 instituciones no se realiza evaluación del desempeño de los funcionarios.
  • En 166 instituciones de las 189 analizadas, no  se contaba con la información sobre los esquemas remunerativos ya sea de forma oportuna, desagregada o congruente con la información presupuestaria reportada en sistemas de información nacionales.  

RETOS DEL ESQUEMA REMUNERATIVO

  • Las instituciones del Sector Público deben realizar un análisis exhaustivo de sus esquemas remunerativos, para la toma de decisiones y acciones con criterios de eficacia, eficiencia, sostenibilidad y transparencia según la naturaleza particular de la institución y las necesidades de recurso humano para el desarrollo de su actividad.
  • El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica deberá activar de inmediato la rectoría que establece Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, elaborando las políticas generales, y definiendo  lineamientos y normativas administrativas que tiendan a la unificación, simplificación y coherencia del empleo en el sector público, con miras al logro de mayor eficacia y eficiencia de la gestión pública y sostenibilidad fiscal. Además, deberá impulsar la reglamentación dispuesta en la Ley de cita, estableciendo los planes de acción necesarios para operativizar las nuevas medidas y otras que requieran los fines previstos en materia de empleo público.
  • A la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y a la Dirección General de Servicio Civil les corresponde revisar los diferentes instrumentos normativos que regulan la materia, de acuerdo con su ámbito, para asegurarse de que los esquemas remunerativos sean más eficaces, simples, sostenibles y transparentes. Asimismo, es de vital importancia la creación inmediata de la base de datos de empleo para el Sector Público que permita contar con datos oportunos y exactos, según lo establecido en el Decreto n.° 40736-MP-H-MIDEPLAN, para optimizar la toma de decisiones en materia de recursos humanos y gestión del talento humano, y favorecer el control ciudadano y político en relación con el empleo público del país.

Al respecto, la CGR elaboró un sitio con la información sobre la composición salarial de 189 instituciones públicas, lo que permitió analizar la cantidad y montos de pluses salariales, tanto en general, por sector institucional como por entidad (fichas individualizadas están disponibles en el sitio.

Este sitio permite el acceso a información pública relevante, revelando que los pluses salariales muchas veces son casi el 50% del salario de muchos empleados públicos, lo que requiere una profunda revisión por parte de las autoridades pertinentes.

El sitio promueve además la rendición de cuentas y la transparencia, deseable desde el Estado hacia toda la ciudadanía, pasando por los tomadores de decisiones en una discusión pendiente que el país debe abordar con prontitud.

El sitio se puede acceder en el siguiente enlace: https://sites.google.com/cgr.go.cr/incentivos-salariales-del-sp/inicio.

En el siguiente enlace se puede realizar una visita guiada en el sitio, para un mejor aprovechamiento del mismo:

 

Más noticias

1 COMENTARIO

  1. Fantástico, pero Sra. Acosta: ¿Qué pasó con la información solicitada por Sala IV, la cual solo 131 empresas publicó Hacienda y ustedes, le dieron el dato de 232 empresas al Sr. Carlos Campos? O alguien esconde la información, convirtiendo en cómplice, donde además se desea saber las otras decenas de empresas, cuánto pagaron, nombre pormenores pendientes de publicar, donde la ley no ha actuado por evasión o elusión, al no encausar esos entes corporativos. Resulta hasta sorprendente como los medios televisivos han hecho su acusador encubridor silencio. Algo podrido huele en Constantinopla, ¿O será en la Sabana o diagonal al teatro Nacional? Y a propósito, ¿Cuándo entablarán la gestión de cobro a Carlos Alvarado Q., por los cientos de millones de dólares que perdió Costa Rica y su pueblo, por su negligencia, impericia, tozudez, arrogancia y cálculo de no oír a nuestros conciudadanos, mientras cubrían la estafa que nos produjo el empresariado? ¿Estamos o no en un arremedo de democracia, donde solo pagan los débiles, mientras sus jerarcas se cubren en una dictadura de impunidad e inmunidad absoluta?

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias