lunes 28, noviembre 2022
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Ministro de Seguridad rechaza que esté buscando desarmar a la ciudadanía

San José, 15 Ene (ElPaís.cr).- El Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas, aseguró a la Comisión de Narcotráfico y Seguridad de la Asamblea Legislativa, que el Gobierno no pretende desarmar a la población y aclaró consultas sobre el proyecto de reforma a la Ley de Armas y Explosivos.

Sin embargo, a pesar de las justificaciones del Ministro Soto Rojas de limitar a una la tenencia de armas, los diputados aprobaron una moción que permite inscribir tres durante la discusión del proyecto de ley 20.509 reforma a la ley de armas y explosivos.

“Las personas físicas no podrán inscribir más de 3 armas de fuego para ser utilizadas en su seguridad personal, la de su familia y su patrimonio”, reza la moción aprobada tras la comparecencia del ministro la noche de este lunes a dicha Comisión.

“No pretendemos en ninguna manera en desarmar a la ciudadanía y rechazamos esas aseveraciones que han hecho algunas personas”, declaró Soto Rojas al refutar algunas versiones que han circulado en ese sentido.

“Todos los que tienen registradas dos o más armas de fuego se les va a respetar”, añadió Soto al indicar que, la medida de reducir de tres a un arma es algo que se aplicaría a quiénes registren armas en el futuro, es decir luego de que se apruebe la reforma jurídica.

Según hizo ver a la citada Comisión legislativa, el principal objetivo de este proyecto es solamente «regular un tema de interés nacional como es la tenencia de armas de fuego».

Argumentó que ello obedece a una razón fundamentalmente técnica, cual es que, a mayor disponibilidad de armas en la sociedad costarricense, mayor cantidad de armas podrían terminar en el mercado ilícito y, por lo tanto, ser usadas para cometer actos delictivos.

El jerarca fundamentó su aseveración al indicar que se analizó una muestra, la cual demostró que un 37% de las armas utilizadas para cometer actos delictivos provenía del mercado lícito.

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1 COMENTARIO

  1. La idea es dar seguridad NO AL CIUDADANO, sino al maleante de actuar a la libre, sin miedo al atacar a sus víctimas. Que solo jueces y fiscales, además de autoridades tengan ese pleno derecho es un acomodado argumento, por cuanto a ellos mismos les sustraen sus armas. Teniendo a nuestros alrededores cientos de miles de posibilidades de adquirirlas ilícitamente del norte, sur, etc., donde las mafias tradicionales tienen sus trillos, la inseguridad generalizada es un suculento y sabroso negocio de miles de millones, el cual es un cuchillo de doble filo. Dar en forma lícita, responsable y controlada ese derecho, garantiza estabilidad social en cualquier parte del país. ¿O acaso el sistema tiene miedo a ser removidos a la fuerza? Quien la debe, la teme.

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